¿En qué va la integración de Tigo y Movistar?
En diciembre del año pasado, las empresas de telecomunicaciones le solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio su aval para fusionarse.
Movistar y Tigo emprendieron una jugada con la que esperan marcar una seria competencia a Claro, quien hoy tiene el liderazgo en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia.
Su apuesta es integrarse, sumando así su capital humano, infraestructura y, por supuesto, cantidad de abonados.
Según las cifras manejadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con corte a septiembre del año pasado, Claro tenía 40,59 millones de abonados en telefonía móvil, lo que se traduce en una participación de mercado del 44,91 %. Le sigue Movistar, con 20,79 millones de abonados (una participación del 23 %), así como Tigo, con 15,98 millones de abonados (una participación del 17,68 %).
De aprobarse la integración, estos dos últimos quedarían con una participación del 40,68 %, muy cerca de quitarle el liderazgo a Claro. No obstante, hay que tener en cuenta que un análisis de mercado más profundo debe incluir otras verticales de negocio como accesos a internet fijo, accesos a internet móvil y televisión.
Lea también: Mintrabajo garantizará el debido proceso en solicitud de despido colectivo de UNE
Hasta la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no ha emitido una aprobación o rechazo ante esta solicitud, que se radicó el 19 de diciembre del año pasado.
Según lo explicado recientemente por la superintendencia, no ha podido tomar una decisión por una demora en el trámite en el que han incurrido Tigo y Movistar.
“La superintendencia, al hacer el estudio formal del escrito de pre-evaluación y de sus anexos, identificó que la información presentada no se encontraba completa. Por esta razón, el 24 de diciembre de 2024, la entidad formuló requerimiento de información a las empresas intervinientes, en los términos del artículo 2.3. de la Resolución 2351 de 2021″, comunicó.
La información que se le ha solicitado a estas empresas incluyen aspectos relacionados al detalle de la operación planteada, los mercados relevantes y otros que se necesitan para hacer un análisis adecuado a la solicitud.
Le puede interesar: Los operadores y ciudades con mejor servicio de internet fijo, según la CRC
La normativa establece que las empresas tienen un plazo de hasta dos meses para radicar la información que se les ha requerido (es decir, vence el 24 de febrero del presente año). En el eventual caso en que no cumplan, la superintendencia entenderá que las compañías desistieron de su intención de integración.
“Actualmente, la superintendencia se encuentra a la espera de que las empresas radiquen la información solicitada, pudiendo así verificar que esté completa. Con esto se dará inicio formal al trámite solicitado”, informó.
Posteriormente, la entidad publicará el inicio del procedimiento de la autorización, con la intención de que terceros puedan aportar las pruebas o elementos de juicio que consideren relevantes a ser analizados.
Los retos del negocio
Esta propuesta se presenta en un panorama que pareciera no ser el mejor, porque la industria ha demandado considerables inversiones a los operadores (tanto en ampliación de red como en la participación para la subasta del 5G), al mismo tiempo en que los ingresos se han ido a pique.
Ejemplo de esto es que el promedio de los ingresos por usuario (ARPU) en el segmento de telefonía móvil, para todo el mercado, pasó de $5.841 durante el segundo trimestre de 2017 a $2.424 para el mismo periodo de 2023. La cifra más reciente se ubica en $1.972.
Este panorama, de hecho, demandó que Tigo recibiera el año pasado una capitalización por $600.000 millones, para evitar entrar en reorganización empresarial. Algo parecido a lo que hoy pasa con WOM, que necesitaría una inyección de $400.000 millones, con la diferencia de que esta última todavía no ha logrado recibir ese capital.
Aún así, fuentes consultadas por El Espectador recuerdan que este es un sector que se caracteriza por ser intensivo en capital, con constantes actualizaciones tecnológicas y retornos a largo plazo. La clave está en el escalamiento y en las economías de volumen.
Le puede interesar: Lo que vendría con la enajenación de Tigo-Une
También están las barreras legales que se deben superar para obtener la autorización de la venta de esas acciones, en el caso en que haya un interés por parte de EPM y el Estado (representado en este caso por el Ministerio de Hacienda).
En el caso de EPM, es el Concejo de Medellín quien debe autorizar la venta. De hecho, el alcalde Federico Gutiérrez ya radicó (previo a que se conociera la oferta de Millicom) un proyecto de acuerdo para esto, propuesta que tampoco es novedosa, pues también se ha hecho en anteriores administraciones.
Para el caso de la Nación, el aval viene del Congreso, mismo que ya estaría por medio de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que el mismo aborda estas posibles enajenaciones.
Esta decisión no es fácil, se debe analizar si resulta mejor vender un activo que hoy está demandando inversiones, o preservarlo y seguir devengando sus utilidades. En otras palabras, a corto plazo puede ser un alivio fiscal, pero a largo plazo harían falta sus aportes.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Movistar y Tigo emprendieron una jugada con la que esperan marcar una seria competencia a Claro, quien hoy tiene el liderazgo en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia.
Su apuesta es integrarse, sumando así su capital humano, infraestructura y, por supuesto, cantidad de abonados.
Según las cifras manejadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con corte a septiembre del año pasado, Claro tenía 40,59 millones de abonados en telefonía móvil, lo que se traduce en una participación de mercado del 44,91 %. Le sigue Movistar, con 20,79 millones de abonados (una participación del 23 %), así como Tigo, con 15,98 millones de abonados (una participación del 17,68 %).
De aprobarse la integración, estos dos últimos quedarían con una participación del 40,68 %, muy cerca de quitarle el liderazgo a Claro. No obstante, hay que tener en cuenta que un análisis de mercado más profundo debe incluir otras verticales de negocio como accesos a internet fijo, accesos a internet móvil y televisión.
Lea también: Mintrabajo garantizará el debido proceso en solicitud de despido colectivo de UNE
Hasta la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no ha emitido una aprobación o rechazo ante esta solicitud, que se radicó el 19 de diciembre del año pasado.
Según lo explicado recientemente por la superintendencia, no ha podido tomar una decisión por una demora en el trámite en el que han incurrido Tigo y Movistar.
“La superintendencia, al hacer el estudio formal del escrito de pre-evaluación y de sus anexos, identificó que la información presentada no se encontraba completa. Por esta razón, el 24 de diciembre de 2024, la entidad formuló requerimiento de información a las empresas intervinientes, en los términos del artículo 2.3. de la Resolución 2351 de 2021″, comunicó.
La información que se le ha solicitado a estas empresas incluyen aspectos relacionados al detalle de la operación planteada, los mercados relevantes y otros que se necesitan para hacer un análisis adecuado a la solicitud.
Le puede interesar: Los operadores y ciudades con mejor servicio de internet fijo, según la CRC
La normativa establece que las empresas tienen un plazo de hasta dos meses para radicar la información que se les ha requerido (es decir, vence el 24 de febrero del presente año). En el eventual caso en que no cumplan, la superintendencia entenderá que las compañías desistieron de su intención de integración.
“Actualmente, la superintendencia se encuentra a la espera de que las empresas radiquen la información solicitada, pudiendo así verificar que esté completa. Con esto se dará inicio formal al trámite solicitado”, informó.
Posteriormente, la entidad publicará el inicio del procedimiento de la autorización, con la intención de que terceros puedan aportar las pruebas o elementos de juicio que consideren relevantes a ser analizados.
Los retos del negocio
Esta propuesta se presenta en un panorama que pareciera no ser el mejor, porque la industria ha demandado considerables inversiones a los operadores (tanto en ampliación de red como en la participación para la subasta del 5G), al mismo tiempo en que los ingresos se han ido a pique.
Ejemplo de esto es que el promedio de los ingresos por usuario (ARPU) en el segmento de telefonía móvil, para todo el mercado, pasó de $5.841 durante el segundo trimestre de 2017 a $2.424 para el mismo periodo de 2023. La cifra más reciente se ubica en $1.972.
Este panorama, de hecho, demandó que Tigo recibiera el año pasado una capitalización por $600.000 millones, para evitar entrar en reorganización empresarial. Algo parecido a lo que hoy pasa con WOM, que necesitaría una inyección de $400.000 millones, con la diferencia de que esta última todavía no ha logrado recibir ese capital.
Aún así, fuentes consultadas por El Espectador recuerdan que este es un sector que se caracteriza por ser intensivo en capital, con constantes actualizaciones tecnológicas y retornos a largo plazo. La clave está en el escalamiento y en las economías de volumen.
Le puede interesar: Lo que vendría con la enajenación de Tigo-Une
También están las barreras legales que se deben superar para obtener la autorización de la venta de esas acciones, en el caso en que haya un interés por parte de EPM y el Estado (representado en este caso por el Ministerio de Hacienda).
En el caso de EPM, es el Concejo de Medellín quien debe autorizar la venta. De hecho, el alcalde Federico Gutiérrez ya radicó (previo a que se conociera la oferta de Millicom) un proyecto de acuerdo para esto, propuesta que tampoco es novedosa, pues también se ha hecho en anteriores administraciones.
Para el caso de la Nación, el aval viene del Congreso, mismo que ya estaría por medio de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que el mismo aborda estas posibles enajenaciones.
Esta decisión no es fácil, se debe analizar si resulta mejor vender un activo que hoy está demandando inversiones, o preservarlo y seguir devengando sus utilidades. En otras palabras, a corto plazo puede ser un alivio fiscal, pero a largo plazo harían falta sus aportes.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.