Factura electrónica: ¿Por qué es obligatoria y qué gana una persona si la exige?
Si bien la facturación electrónica es obligatoria, también brinda unos alivios para las empresas y los consumidores. Le contamos los beneficios y por qué pueden sancionar a una empresa.
La facturación electrónica es un sistema que permite emitir, recibir y almacenar facturas en formato digital. Desde su implementación obligatoria, las empresas han tenido que adaptarse a esta modalidad para cumplir con las regulaciones fiscales y mejorar la eficiencia en sus operaciones comerciales.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advierte que si la empresa es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente. Esta obligación está establecida en el artículo 615 del Estatuto Tributario.
¿Quiénes están obligados?
La DIAN señala que ciertos grupos están obligados a utilizar la facturación electrónica: personas jurídicas, responsables de IVA, responsables del Impuesto Nacional al Consumo (INC), personas naturales con ingresos superiores a 3.500 Unidades de Valor Tributario ($148,4 millones) y contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen de simple tributación.
¿Cuáles son los beneficios?
Según la entidad fiscal, para efectos legales, tiene la misma validez que la física; sin embargo, se genera, valida, expide, recibe y conserva con mayores ventajas. Entre los beneficios para las empresas se incluyen:
- Facilita el registro y soporte de ventas y servicios.
- Permite declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas.
- Empresas acceden a datos actualizados de sus operaciones.
- Menos papel, menos mensajería y mayor eficiencia.
- Agilidad en los trámites con la DIAN.
Lea también: ¿Cómo hacer la facturación electrónica con la DIAN en mi negocio gratis?
En cambio, para las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general, puede solicitar una deducción de 1 % del valor de sus compras en el impuesto sobre la renta, en el respectivo año gravable, siempre y cuando la compra esté soportada electrónicamente.
Es decir, que, puede disminuir 1 % de impuestos, con un tope máximo de 240 UVT ($11,2 millones).
Los cierres de establecimientos
En 2023, se realizaron más de 50.000 inspecciones. Solo en 3.300 casos se presentaron cargos, lo que podría resultar en el cierre del establecimiento después de seguir el proceso legal y garantizar el derecho de defensa.
En lo corrido de 2024, la DIAN ha cerrado 119 establecimientos de comercio, debido al incumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente. Este es el proceso que sigue la entidad fiscal para decidir si debe cerrar un comercio:
- Si los funcionarios de la DIAN encuentran irregularidades o incumplimientos en una visita, emiten un pliego de cargos. El responsable del comercio tendrá 10 días para responder y explicar el incumplimiento.
- Luego, la DIAN revisa las justificaciones y pruebas presentadas. Pueden descartarlo o confirmarlo. Este proceso dura seis meses.
- Si confirman los cargos iniciales, emiten una resolución con sanción de tres días de cierre. El comercio tendrá 10 días para interponer un recurso de reposición para reconsiderar la sanción.
- En el análisis del recurso del responsable, la DIAN tendrá 10 días hábiles. Si confirman la sanción, el cierre ocurre en los 10 días hábiles siguientes.
- En cualquier momento, el establecimiento puede pagar una multa para evitar el cierre, que puede ser de 5 %, 10 % o 15 % de los ingresos brutos del mes anterior a la visita.
“La DIAN ratifica que estos cierres son el resultado de un proceso que agota cada una de las instancias en los tiempos establecidos por la norma, los cuales están sujetos a un riguroso sustento jurídico y probatorio”, apunta la entidad fiscal.
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La facturación electrónica es un sistema que permite emitir, recibir y almacenar facturas en formato digital. Desde su implementación obligatoria, las empresas han tenido que adaptarse a esta modalidad para cumplir con las regulaciones fiscales y mejorar la eficiencia en sus operaciones comerciales.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advierte que si la empresa es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente. Esta obligación está establecida en el artículo 615 del Estatuto Tributario.
¿Quiénes están obligados?
La DIAN señala que ciertos grupos están obligados a utilizar la facturación electrónica: personas jurídicas, responsables de IVA, responsables del Impuesto Nacional al Consumo (INC), personas naturales con ingresos superiores a 3.500 Unidades de Valor Tributario ($148,4 millones) y contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen de simple tributación.
¿Cuáles son los beneficios?
Según la entidad fiscal, para efectos legales, tiene la misma validez que la física; sin embargo, se genera, valida, expide, recibe y conserva con mayores ventajas. Entre los beneficios para las empresas se incluyen:
- Facilita el registro y soporte de ventas y servicios.
- Permite declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas.
- Empresas acceden a datos actualizados de sus operaciones.
- Menos papel, menos mensajería y mayor eficiencia.
- Agilidad en los trámites con la DIAN.
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En cambio, para las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general, puede solicitar una deducción de 1 % del valor de sus compras en el impuesto sobre la renta, en el respectivo año gravable, siempre y cuando la compra esté soportada electrónicamente.
Es decir, que, puede disminuir 1 % de impuestos, con un tope máximo de 240 UVT ($11,2 millones).
Los cierres de establecimientos
En 2023, se realizaron más de 50.000 inspecciones. Solo en 3.300 casos se presentaron cargos, lo que podría resultar en el cierre del establecimiento después de seguir el proceso legal y garantizar el derecho de defensa.
En lo corrido de 2024, la DIAN ha cerrado 119 establecimientos de comercio, debido al incumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente. Este es el proceso que sigue la entidad fiscal para decidir si debe cerrar un comercio:
- Si los funcionarios de la DIAN encuentran irregularidades o incumplimientos en una visita, emiten un pliego de cargos. El responsable del comercio tendrá 10 días para responder y explicar el incumplimiento.
- Luego, la DIAN revisa las justificaciones y pruebas presentadas. Pueden descartarlo o confirmarlo. Este proceso dura seis meses.
- Si confirman los cargos iniciales, emiten una resolución con sanción de tres días de cierre. El comercio tendrá 10 días para interponer un recurso de reposición para reconsiderar la sanción.
- En el análisis del recurso del responsable, la DIAN tendrá 10 días hábiles. Si confirman la sanción, el cierre ocurre en los 10 días hábiles siguientes.
- En cualquier momento, el establecimiento puede pagar una multa para evitar el cierre, que puede ser de 5 %, 10 % o 15 % de los ingresos brutos del mes anterior a la visita.
“La DIAN ratifica que estos cierres son el resultado de un proceso que agota cada una de las instancias en los tiempos establecidos por la norma, los cuales están sujetos a un riguroso sustento jurídico y probatorio”, apunta la entidad fiscal.
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