Gremios eléctricos piden al presidente Petro nombrar comisionados de la CREG

Los gremios del sector eléctrico pidieron al gobierno del presidente Petro designar los demás expertos comisionados de la CREG. “La designación en propiedad de los seis cargos de expertos comisionados que integran la CREG, con dedicación exclusiva y el conocimiento especializado requerido, según lo dispuesto en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994″, piden los representantes de los gremios eléctricos.

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Expresan preocupación, “no solo por las dificultades que trae la situación climática actual, sino por la grave situación institucional que enfrenta el sector energético del país dada la inoperancia de la comisión de regulación de energía y gas, CREG, debido a la falta de expertos comisionados nombrados en propiedad”.

Sostienen que la no designación se traduce en una “parálisis de la institución que profiere la reglas y decisiones técnicas y operativas necesarias para la prestación continua del servicio público domiciliario de energía eléctrica y del mercado de gas natural”.

Advierten que en el sector “existen dos situaciones relevantes que demandan una pronta decisión del regulador, como son la falta de liquidez de las empresas comercializadoras y las medidas necesarias para enfrentar el periodo seco por el que atravesamos”.

Esta situación de iliquidez “pone en riesgo la prestación del servicio públicos de energía eléctrica, máxime en estos momentos cuando el sector energético se enfrenta a retos de gran relevancia y trascendencia que demandan una alta producción regulatoria”.

Por lo anterior los gremios eléctricos hacen un llamado al presidente para que tome una decisión urgente y definitiva frente al nombramiento de los expertos comisionados de la CREG.

Argumentan que el hecho de no contar con los comisionados de la CREG, en propiedad, se afecta el mandato constitucional y legal de contar con un regulador sectorial con miembros designados para un periodo fijo para el ejercicio de cargo de experto comisionado de la CREG.

La independencia de los comisionados “se relaciona con la relevancia que el constituyente quiso otorgar a los servicios públicos y, en particular, a los domiciliarios, al darles un rango constitucional que permite que ellos representen un valor jurídico que se refleja en instituciones orientadas a garantizar su eficiente prestación, niveles óptimos de calidad y cobertura y que, a través de la realización de estos fines, se maximice el bienestar de los usuarios”.

Destacan que “conferirle ese grado de independencia a las entidades regulatorias de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, está dentro de las posibilidades de configuración de que es titular el legislador”.

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Los gremios señalan que “la CREG se encuentra inoperante pues no es materialmente posible integrar el quorum exigido para adoptar sus decisiones, esto es, para expedir la regulación a su cargo. Esta inoperancia va en contravía de los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, entre ellos, los de eficacia, economía y celeridad”.

En la comunicación enviada al presidente Petro, los gremios resaltan que “es evidente que el país enfrenta un alto riesgo de no contar con las medidas regulatorias necesarias y oportunas para enfrentar los retos que trae consigo el fenómeno de El Niño, en momentos en los que la situación de las empresas comercializadoras no es la adecuada para hacer frente a dicha coyuntura, todo lo cual, debido a la incertidumbre de una institucionalidad confiable, estable e independiente y autónoma, puede poner en riesgo la prestación del servicio a los usuarios”.

Los gremios del sector eléctrico pidieron al gobierno del presidente Petro designar los demás expertos comisionados de la CREG. “La designación en propiedad de los seis cargos de expertos comisionados que integran la CREG, con dedicación exclusiva y el conocimiento especializado requerido, según lo dispuesto en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994″, piden los representantes de los gremios eléctricos.

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Sostienen que la no designación se traduce en una “parálisis de la institución que profiere la reglas y decisiones técnicas y operativas necesarias para la prestación continua del servicio público domiciliario de energía eléctrica y del mercado de gas natural”.

Advierten que en el sector “existen dos situaciones relevantes que demandan una pronta decisión del regulador, como son la falta de liquidez de las empresas comercializadoras y las medidas necesarias para enfrentar el periodo seco por el que atravesamos”.

Esta situación de iliquidez “pone en riesgo la prestación del servicio públicos de energía eléctrica, máxime en estos momentos cuando el sector energético se enfrenta a retos de gran relevancia y trascendencia que demandan una alta producción regulatoria”.

Por lo anterior los gremios eléctricos hacen un llamado al presidente para que tome una decisión urgente y definitiva frente al nombramiento de los expertos comisionados de la CREG.

Argumentan que el hecho de no contar con los comisionados de la CREG, en propiedad, se afecta el mandato constitucional y legal de contar con un regulador sectorial con miembros designados para un periodo fijo para el ejercicio de cargo de experto comisionado de la CREG.

La independencia de los comisionados “se relaciona con la relevancia que el constituyente quiso otorgar a los servicios públicos y, en particular, a los domiciliarios, al darles un rango constitucional que permite que ellos representen un valor jurídico que se refleja en instituciones orientadas a garantizar su eficiente prestación, niveles óptimos de calidad y cobertura y que, a través de la realización de estos fines, se maximice el bienestar de los usuarios”.

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En la comunicación enviada al presidente Petro, los gremios resaltan que “es evidente que el país enfrenta un alto riesgo de no contar con las medidas regulatorias necesarias y oportunas para enfrentar los retos que trae consigo el fenómeno de El Niño, en momentos en los que la situación de las empresas comercializadoras no es la adecuada para hacer frente a dicha coyuntura, todo lo cual, debido a la incertidumbre de una institucionalidad confiable, estable e independiente y autónoma, puede poner en riesgo la prestación del servicio a los usuarios”.