Hidroituango: aseguradoras pagarían $4,3 billones del fallo de la Contraloría
Según dio a conocer Blu Radio, las aseguradoras habrían ofrecido pagar el 90 % de las pólizas suscritas con el proyecto, lo que permitiría cubrir el valor del fallo de responsabilidad fiscal ratificado hace unas semanas por la Contraloría General. En la práctica esto implicaría que la central sí entraría en operación para 2022, como está previsto.
Este martes se conoció que las negociaciones entre aseguradoras, representantes de la Contraloría general de la República, EPM y constructores permitirían sacar adelante el proyecto Hidroituango.
Según dio a conocer Blu Radio, las aseguradoras, especialmente Mapfre, habrían ofrecido pagar el 90 % de la póliza, lo que permitiría cubrir el valor del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República que responsabilizó a 26 personas naturales y jurídicas por los retrasos en la entrada en operación de la central energética. El fallo de la entidad se dio por $4,3 billones.
En la ratificación del fallo de la Contraloría, que se dio el pasado 26 de noviembre, el ente de control decidió vincular de nuevo al proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia. Esto implica que, en efecto, declaró a la compañía como tercero civilmente responsable, lo que en la práctica implica la activación de la póliza todo riesgo de construcción.
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La Contraloría también vinculó al fallo nuevamente a Seguros Generales Suramericana S.A., con lo que se hizo efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores, según explicó la entidad en la sentencia.
“Aunque falta la firma del acuerdo de pago, que se daría antes de finalizar esta semana, se conoció que en la noche de este lunes se alcanzó un acuerdo para que la totalidad de los recursos de la póliza serán entregados a EPM”, aseguró el medio.
Si el desembolso en efecto se realiza, esto solucionaría el futuro más inmediato del proyecto hidroeléctrico, pues significaría que, cuando menos, los constructores actuales (el consorcio CCC Ituango) podrían seguir adelante con la entrega de las primeras dos unidades de generación de energía de la central.
Hay que recordar que el proyecto tiene que empezar a generar electricidad en 2022 y, según el presidente Iván Duque, las dos primeras unidades deberían estar listas en junio y noviembre. En total, la central tiene proyectadas la construcción de ocho unidades de generación. Actualmente, el proyecto registra más de 84 % de avance en su terminación.
Un día antes de que se conociera la ratificación del fallo de la Contraloría, EPM aseguró que había llegado a un preacuerdo con el consorcio CCC para una prórroga de ocho meses en el contrato (que se vence este 31 de diciembre), con un plazo extra de tres meses para empalmar con otros eventuales constructores.
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De fondo, el preacuerdo buscaba garantizar la culminación más inmediata del proyecto y el comienzo de la generación de electricidad en 2022.
Con el acuerdo que se habría logrado con las aseguradoras no resulta claro en este momento si CCC permanecerá para la finalización total de la central energética (las ocho unidades de generación) o sí se reactiva el preacuerdo, por el término de ocho meses más de obras, además de unos tres de empalme. EPM, responsable máximo del proyecto, aún no se ha pronunciado al respecto.
El panorama energético
Ante la ratificación del fallo, varias voces del energético desestimaron las posibilidades de no cumplir con la demanda de electricidad en caso de que Hidroituango no entre en operación en 2022.
“El país ha venido preparándose para cualquier contingencia en el proyecto Hidroituango. Desde 2019 se hizo una subasta de cargo por confiabilidad buscando nuevos proyectos, o ampliaciones, que dieran la energía firme que el sistema necesita si Ituango llegaba a retrasarse más allá del año 2021, 2022 e incluso 2023″, dijo en su momento Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
A lo que agregó: “Ahora, en 2024, uno ve que, así esté Ituango o no, ya comienzan a verse déficits entre la demanda, que viene creciendo considerablemente, y la oferta. Se necesita una nueva subasta de cargo por confiabilidad para expandir nuevamente el sistema y tener la energía firme”.
Esta suerte de parte de tranquilidad fue ratificado por Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, al decir que “si hay retrasos, obviamente hay preocupaciones respecto a cuándo va a entrar en funcionamiento Ituango, pero no porque vayamos a tener una situación de desabastecimiento este año, en 2022 o 2023. Esa no es la preocupación. Pero, por supuesto, un proyecto de la naturaleza de Ituango garantiza tener mayor energía disponible y eso es más confiabilidad y también una oferta de competividad para el sector”.
Este martes se conoció que las negociaciones entre aseguradoras, representantes de la Contraloría general de la República, EPM y constructores permitirían sacar adelante el proyecto Hidroituango.
Según dio a conocer Blu Radio, las aseguradoras, especialmente Mapfre, habrían ofrecido pagar el 90 % de la póliza, lo que permitiría cubrir el valor del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República que responsabilizó a 26 personas naturales y jurídicas por los retrasos en la entrada en operación de la central energética. El fallo de la entidad se dio por $4,3 billones.
En la ratificación del fallo de la Contraloría, que se dio el pasado 26 de noviembre, el ente de control decidió vincular de nuevo al proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia. Esto implica que, en efecto, declaró a la compañía como tercero civilmente responsable, lo que en la práctica implica la activación de la póliza todo riesgo de construcción.
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La Contraloría también vinculó al fallo nuevamente a Seguros Generales Suramericana S.A., con lo que se hizo efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores, según explicó la entidad en la sentencia.
“Aunque falta la firma del acuerdo de pago, que se daría antes de finalizar esta semana, se conoció que en la noche de este lunes se alcanzó un acuerdo para que la totalidad de los recursos de la póliza serán entregados a EPM”, aseguró el medio.
Si el desembolso en efecto se realiza, esto solucionaría el futuro más inmediato del proyecto hidroeléctrico, pues significaría que, cuando menos, los constructores actuales (el consorcio CCC Ituango) podrían seguir adelante con la entrega de las primeras dos unidades de generación de energía de la central.
Hay que recordar que el proyecto tiene que empezar a generar electricidad en 2022 y, según el presidente Iván Duque, las dos primeras unidades deberían estar listas en junio y noviembre. En total, la central tiene proyectadas la construcción de ocho unidades de generación. Actualmente, el proyecto registra más de 84 % de avance en su terminación.
Un día antes de que se conociera la ratificación del fallo de la Contraloría, EPM aseguró que había llegado a un preacuerdo con el consorcio CCC para una prórroga de ocho meses en el contrato (que se vence este 31 de diciembre), con un plazo extra de tres meses para empalmar con otros eventuales constructores.
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De fondo, el preacuerdo buscaba garantizar la culminación más inmediata del proyecto y el comienzo de la generación de electricidad en 2022.
Con el acuerdo que se habría logrado con las aseguradoras no resulta claro en este momento si CCC permanecerá para la finalización total de la central energética (las ocho unidades de generación) o sí se reactiva el preacuerdo, por el término de ocho meses más de obras, además de unos tres de empalme. EPM, responsable máximo del proyecto, aún no se ha pronunciado al respecto.
El panorama energético
Ante la ratificación del fallo, varias voces del energético desestimaron las posibilidades de no cumplir con la demanda de electricidad en caso de que Hidroituango no entre en operación en 2022.
“El país ha venido preparándose para cualquier contingencia en el proyecto Hidroituango. Desde 2019 se hizo una subasta de cargo por confiabilidad buscando nuevos proyectos, o ampliaciones, que dieran la energía firme que el sistema necesita si Ituango llegaba a retrasarse más allá del año 2021, 2022 e incluso 2023″, dijo en su momento Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
A lo que agregó: “Ahora, en 2024, uno ve que, así esté Ituango o no, ya comienzan a verse déficits entre la demanda, que viene creciendo considerablemente, y la oferta. Se necesita una nueva subasta de cargo por confiabilidad para expandir nuevamente el sistema y tener la energía firme”.
Esta suerte de parte de tranquilidad fue ratificado por Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, al decir que “si hay retrasos, obviamente hay preocupaciones respecto a cuándo va a entrar en funcionamiento Ituango, pero no porque vayamos a tener una situación de desabastecimiento este año, en 2022 o 2023. Esa no es la preocupación. Pero, por supuesto, un proyecto de la naturaleza de Ituango garantiza tener mayor energía disponible y eso es más confiabilidad y también una oferta de competividad para el sector”.