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El presidente Gustavo Petro lideró un Consejo Económico en el que participaron varios ministros y funcionarios, junto con representantes del sector financiero, incluyendo a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y otros miembros del sector bancario.
Durante la reunión, se revisó una propuesta de los $50 billones que busca destinar el Gobierno a sectores priorizados.
El presidente Petro ya había explicado que se trata de “sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se hace desde hace décadas en la agricultura”.
Tras la reunión entre el Gobierno y la banca, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, expresó que se trató de “una conversación constructiva, franca y propositiva”, pues se sentaron “a evaluar los mecanismos de financiamiento para el plan de recuperación económica, la conversación aún no concluye porque es una discusión profunda”, detalló.
La próxima semana habrá otra reunión para evaluar algunas alternativas que quedaron sobre la mesa y se definirán los detalles de la propuesta para informarle al país el acuerdo final al que lleguen ambas partes.
¿Qué son las inversiones forzosas?
Como explicó José Ignacio López, presidente de la ANIF, los bancos usan parte de los depósitos (los recursos que guardan de sus clientes) para entregar créditos considerando criterios de rentabilidad y riesgo, pero con las inversiones forzosas se verían obligados a destinar cierta cantidad de recursos para una inversión en particular.
Dependiendo de cómo lo plantee el Gobierno, esos recursos se podrían entregar directamente a los beneficiarios a través de créditos o por medio de entidades de fomento que se financien con esas inversiones para poder entregar los préstamos.
El problema con la propuesta de Petro es que el mecanismo no les suena a expertos y gremios. Durante la Convención Bancaria, Malagón aseguró que es una “mala idea” y que el modelo de inversiones forzosas ya fracasó en Colombia en la década de los setenta.
“Fueron un elemento de represión financiera, hubo consenso entre todos los analistas de que lo que hacían era limitar el crédito porque parte del ahorro nacional se iba necesariamente a unos sectores, entonces había una distorsión”, agregó.
Por ahora, las únicas inversiones forzosas que sobreviven están en el agro. Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, dijo a este diario que los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) han permitido que los productores accedan al sistema financiero. Por medio de la Ley 16 de 1990 se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro y los TDA, que son la principal fuente de financiamiento del sector.
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