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La multa de $116.000 millones que podría caerles a distribuidores de combustibles

La SIC investiga a Terpel, Chevron, Biomax, Primax y otras por presuntas prácticas anticompetitivas. “Presuntamente pretendían que ningún agente pudiera obtener el primer orden de prelación para la actividad de distribución”, indicó la SIC.

16 de noviembre de 2023 - 02:55 a. m.
la SIC tiene indicios de que los distribuidores involucrados interpusieron de manera “masiva, reiterada e injustificada” más de 45 acciones judiciales y administrativas que dilataron la llegada de nuevos distribuidores mayoristas.
la SIC tiene indicios de que los distribuidores involucrados interpusieron de manera “masiva, reiterada e injustificada” más de 45 acciones judiciales y administrativas que dilataron la llegada de nuevos distribuidores mayoristas.
Foto: Pexels

Una presunta “estrategia” para obstaculizar el ingreso de nuevas empresas mayoristas al mercado de distribución de combustible en Nariño llevó a que Terpel, Chevron, Biomax o Primax estén siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

A través de un comunicado, el órgano de control indicó este miércoles que las empresas involucradas deberán explicar si coordinaron acciones para evitar la operación de una nueva planta de abastecimiento de combustibles en el municipio de Tumaco, Nariño.

Los distribuidores involucrados

La SIC formuló pliego de cargos contra Organización Terpel S.A., Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles S.A., Primax Colombia S.A., la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (ADICONAR) y 46 distribuidores minoristas de combustible líquido.

Si se comprueban las supuestas prácticas anticompetitivas, a los distribuidores se les impondrá una multa de hasta 100.000 salarios mínimos, lo que equivale a $116.000 millones de pesos. Así mismo, a las personas naturales que hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado estas conductas, deberán pagar una multa equivalente a $2.300 millones.

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La raíz del problema tiene que ver con que un nuevo distribuidor mayorista quería llegar a la región. Este tenía planes de construir una planta de abastecimiento, lo que -según la regulación actual en zonas de frontera- le daría a esta empresa la prioridad para desarrollar actividades de distribución en el departamento de Nariño.

Sin embargo, la SIC tiene indicios de que los distribuidores involucrados interpusieron de manera “masiva, reiterada e injustificada” más de 45 acciones judiciales y administrativas que dilataron la llegada de nuevos distribuidores mayoristas. Dentro del conjunto de acciones se encuentran sucesivas tutelas, acciones populares y demandas.

“Presuntamente pretendían que ningún agente pudiera obtener el primer orden de prelación para la actividad de distribución”, indicó la SIC.

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Rishie(96750)16 de noviembre de 2023 - 10:39 a. m.
Que "artículo" tan flojo. Se les está haciendo común la mediocridad en la redacción de los artículos.
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