La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 34516 de 2024, formuló pliego de cargos contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos) y dos personas naturales vinculadas a ella.
El motivo de la entidad es que, presuntamente, habría implementado una práctica a través de la cual se restringe la libre competencia económica.
“Corabastos habría desarrollado una estrategia para prohibir la entrada en operaciones de nuevos agentes de mercado a la central mayorista de alimentos más grande del país. Para ello, habría implementado medidas prohibitivas con el propósito de impedir la participación de establecimientos comercializadores con ciertas características específicas dentro de la central mayorista”, dice el documento.
La estrategia presuntamente desplegada por la central de abastos estaría encaminada a excluir de manera injustificada a otros agentes con la posibilidad de generar presiones competitivas a los comercializadores que allí operan.
Para ello, “en el mes de noviembre de 2022, Corabastos habría impulsado y concretado una modificación a su Reglamento Interno de Funcionamiento (RIF) con el propósito de prohibir que locales ubicados en la central de alimentos sean utilizados por determinados agentes, particularmente por ‘grandes almacenes’ dedicados a la venta de bienes de consumo masivo al detal y con un determinado monto de ingresos”, establece la SIC.
Para ello, en el RIF de Corabastos se habría establecido la prohibición para ceder, adjudicar, arrendar o subarrendar cualquier local comercial ubicado en la central mayorista a cualquier establecimiento catalogado como “gran almacén”.
La entidad encontró que la decisión de Corabastos habría estado motivada por solicitud o posibilidad de ingreso de JERÓNIMO MARTINS S.A.S. (propietario de los establecimientos de comercio “ARA” y “El Canasto”) como subarrendatario de varios locales al interior de la central.
“En esa medida, se observa un posible trato discriminatorio que no estaría alineado con los propósitos que persiguen las normas en materia de libre competencia económica. Al respecto, se advierte que la modificación al RIF tuvo como objetivo –no solo restringir el acceso de competidores al mercado– sino impedir” la competencia en los locales ubicados en las instalaciones de la central mayorista más grande del país.
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