El gobierno del presidente Petro se ha empeñado con alguna frustración en revisar dos esquemas tarifarios que han funcionado por años en el país: el que define el precio de los combustibles y el de las tarifas eléctricas. Se hizo un primer intento en el sector eléctrico, pero todo siguió igual con una variación muy mínima.
Desde esta semana comenzará a trabajar la mesa técnica encargada de estudiar las posibilidades para modificar el esquema tarifario que define el precio de la gasolina y el Acpm, y bajar el abultado déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
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La mesa técnica estará integrada por representantes de los ministerios de Minas y Energía; de Hacienda, CREG, Ecopetrol, UPME y representantes de la sociedad civil.
El manejo de los precios de los combustibles ha enfrentado a los dos gobiernos, el saliente y el entrante. El pasado gobierno dejó de elevar el precio de los combustibles por época de pandemia y, posteriormente para no impulsar más la espiral inflacionaria que comenzaba a presentarse en el mundo. La administración Petro comenzó a subir la gasolina desde octubre del año pasado hasta llevarla al actual $13.960 en promedio desde los $9.200, cotización en el último mes del gobierno Duque.
Ahora la administración actual congela el precio del Acpm y eleva el de la gasolina, buscando que la inflación no se dispare, igual como lo hizo el gobierno anterior, pero retrasando el incremento en los combustibles: gasolina y Acpm.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado en varias oportunidades que el FEPC habría acumulado un déficit histórico de $100,3 billones. El 73% de este déficit se causaría entre 2021 y 2023. El 77% del faltante provendría del Acpm. “El ajuste a la fecha ha priorizado el incremento de los precios de la gasolina. El Acpm se ha mantenido estable con el propósito de favorecer la tendencia decreciente de la inflación de alimentos observada recientemente”, dijo recientemente el funcionario en el Congreso.
Por un lado, el gobierno busca aliviar el déficit del FEPC cerrando la brecha con el precio de paridad de importación con la gasolina, a la vez que anuncia abrir una brecha ofreciendo subsidios a los taxistas. Según cifras preliminares del Ministerio de Transporte, la ayuda en el valor del consumo de la gasolina para 190.000 conductores de taxis de todo el país tendría un costo cercano a los $58.000 millones mensuales. Con este tipo de beneficios, más el subsidio que se mantiene para los camioneros, difícilmente se podrá bajar el déficit del FEPC, consideran analistas consultados.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, sostuvo en redes sociales que “las decisiones de precios buscaban siempre evitar impactos inflacionarios que afectan a los más vulnerables. Misma razón por la cual hoy el gobierno no sube el Acpm. Pero igual se hicieron aumentos en 2021 y 2022. Haber hecho algo distinto hubiese aumentado la inflación en 5 pp (puntos porcentuales)”.
Sobre la propuesta de una tarifa de gasolina diferencial para los taxistas, el economista Michel Janna sostiene que “es difícil pensar en un uso más ineficiente de nuestros impuestos que subsidiar taxistas”, además advierte que “sería un subsidio imposible de desmontar a futuro”. Como muchos otros consideran que lo mejor que puede hacer el gobierno es establecer incentivos para iniciar la transición a vehículos eléctricos.
Costos fiscales
Reducir el subsidio implícito de los combustibles fósiles libera espacio fiscal que podrá repriorizarse hacia la transición energética y el gasto social, considera el ministro Bonilla. También brindaría a Ecopetrol la posibilidad de tener una mayor liquidez para las inversiones requeridas en la transición energética.
Señala el ministro de Hacienda que reflejar el valor real de los combustibles líquidos permite generar mayor recaudo de impuesto, fortaleciendo la disponibilidad de recursos para gastos más equitativos.
Por los combustibles líquidos se generó un gasto tributario de $4,5 billones en 2022. Ello producto de tener una tarifa diferencial del 5% y no una general del 19% sobre el ingreso al producto. Explica el Ministerio que, dada la diferencia entre el precio de referencia internacional y el local, la base gravable del IVA es menor y, por tanto, su recaudo.
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El ministro de Minas y Energía señaló que la discusión sobre el marco tarifario no se puede abordar sin considerar el marco de la transición energética. La apuesta del gobierno es invertir en electromovilidad, más que en refinería, sería como “quedar amarrados a una infraestructura que tenemos que mantener y financiar por un largo periodo de tiempo”.
Por su parte el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recordó que el país presenta una demanda de gasolina de 151.000 barriles diarios, por lo que se requieren compras externas de 57.000 barriles diarios, debido a que la refinería de Barrancabermeja solo produce 57.000 barriles y a de Cartagena 37.000. “No vamos a poder ser autosuficientes si no desarrollamos otros proyectos importantes. Hoy el factor de uso de la refinería de Cartagena está sobre el 96% y en Barrancabermeja está en cerca del 80%, por eso toca acudir a la compra de combustibles”, dijo Roa. El país consume 6,3 millones de galones de gasolina por día.
Camacho anunció que el Ministerio está preparando un portafolio de proyectos nación para presentarlos a los diferentes fondos climáticos del mundo, que permitirá buscar los recursos para invertir en los planes de descarbonización.