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El 25 de mayo de 2021, Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A.) anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir el negocio de internet de Directv en el país, que opera desde 2014 y atiende a unos 195.000 usuarios.
Esta compra promete ser una de las operaciones más importantes en el sector de telecomunicaciones en el país, pues permitiría que la infraestructura de red y el espectro radioeléctrico que hoy explota Directv pase a manos de Movistar, que tiene más de 16,7 millones de usuarios móviles.
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Antes de seguir, es bueno explicar que el espectro es un bien público que actúa como una autopista invisible en la que transitan las ondas de telecomunicaciones. Tiene distintas frecuencias que se clasifican en bandas, que a su vez son una especie de carriles a los que acceden los operadores por medio de subastas. Con la compra que está propuesta, Movistar podría usar los 70 MHz que obtuvo Directv en la banda de 2.500 MHz tras la subasta del espectro para servicios 4G, en 2013.
El negocio está a un paso de aprobarse, pues la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya le dio su aval al no encontrar posibles efectos anticompetitivos en el mercado. Sin embargo, aún falta el visto bueno del Ministerio de las TIC (Mintic), administrador del espectro radioeléctrico.
Y es por aquí que esta historia comienza a encontrar algunas potenciales complicaciones. En esencia, hay dudas sobre las responsabilidades que tendría que asumir Movistar en caso de que la transacción llegue a buen puerto.
Todo se remonta a la subasta de 2013, cuando Directv se hizo con un bloque abierto de 30 MHz y uno reservado de 40 MHz en la banda de 2.500 MHz. Estas asignaciones le costaron a la empresa $71.000 millones y $77.000 millones, respectivamente.
Las asignaciones de espectro vienen, entre otros asuntos, con obligaciones de conectividad (que quedaron consignadas en las resoluciones 2626 y 3664 de 2013). En concreto, Directv se comprometió a demostrar que tenía red de acceso instalada en 58 cabeceras municipales del país y a poner en operación el servicio antes del quinto año (2018). También debía priorizar y garantizar la prestación del servicio en San Andrés y Providencia, entre otras obligaciones.
El problema aquí es que, ad portas de ceder este negocio a Movistar, no es claro si Directv cumplió con lo prometido en 2013. En 2019, el Mintic ordenó abrir una investigación y elevó pliego de cargos contra Directv por, presuntamente, no garantizar la prestación de los servicios en los municipios que le corresponden y con las tecnologías exigidas luego del quinto año.
La decisión derivó en una multa por más de $8.000 millones y el Ministerio le ordenó a Directv garantizar la cobertura de red 4G que le correspondía. La empresa interpuso un recurso de reposición y otro de apelación, pero ambos fueron rechazados, por lo que decidió interponer una queja el pasado 5 de agosto, que está en trámite ante el Viceministerio de Conectividad.
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El Espectador intentó conocer el estado de las obligaciones de Directv en el país. Tras consultarle al Ministerio en qué porcentaje ha cumplido con la cobertura asignada, la cartera aseguró que se encuentra “adelantando las verificaciones correspondientes”, pues dichos compromisos siguen vigentes aun cuando existe una investigación en curso.
Por su parte, Mariano Díaz de Vivar, presidente de Directv Colombia, dijo que la compañía ha cumplido “a cabalidad” las obligaciones que le han impuesto diferentes instancias estatales. En sus palabras: “Pueden existir diferentes interpretaciones que, vía procesos administrativos y garantizando el debido proceso, se discuten en las instancias correspondientes. Actualmente, tenemos una actuación administrativa en la cual tenemos una interpretación diferente a Mintic en este tema puntual”, respondió el ejecutivo.
Si bien todavía no es claro hasta dónde cumplió Directv o cuántos municipios están desconectados, el precedente que se enmarca en la investigación del Mintic levanta inquietudes sobre qué ocurrirá con estos compromisos de conectividad cuando pasen a manos de Movistar. O, incluso, si la venta del negocio de internet podrá llevarse a cabo en primer lugar.
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En este caso es preciso tener en cuenta que la Ley 1341 de 2009 señala que la cesión de los permisos de uso del espectro solo se puede realizar cuando el asignatario, a la fecha de la cesión, esté cumpliendo con todas las obligaciones dispuestas en el acto de asignación y dentro de los plazos definidos en el mismo, “incluyendo la ejecución de obligaciones de hacer cuando estas hayan sido establecidas”, según se lee en el artículo 11 de esta ley. La norma da a entender que una empresa, en este caso Directv, no podría ceder su permiso de uso del espectro si no ha cumplido con acuerdos pendientes.
A estas inquietudes se suman otras relacionadas con las nuevas reglas de juego para ceder espectro en Colombia. Justo en agosto de este año, el Mintic publicó el Decreto 934, que establece los requisitos que deben acreditar los solicitantes de la cesión del permiso de uso del espectro.
El documento, expedido el 18 de agosto, señala que para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios “el cesionario deberá asumir el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que se encuentren en el permiso a ceder”, desde planes mínimos de expansión hasta la ejecución de obligaciones de hacer o “las derivadas de procedimientos de investigaciones respecto a obligaciones del permiso”.
Otro artículo señala que la cesión del permiso no implica que se terminen o modifiquen los procedimientos administrativos en curso. Pero, así mismo, estos procedimientos “no afectarán el proceso de cesión”.
El decreto da pie a varias interpretaciones, pues parecería que las empresas que no han cumplido y tengan investigaciones o procesos abiertos podrían ceder su permiso y con él las responsabilidades de conectividad. También puede indicar que la empresa saliente esté obligada a cumplir, pero que igualmente pueda llevar a cabo la cesión.
Abogados consultados por El Espectador interpretan que el negocio no podría realizarse, pues prevalece la Ley 1341 sobre la figura del decreto, es decir, que el incumplimiento de obligaciones sería suficiente para impedir una cesión del espectro.
Este diario le pidió al Mintic claridad sobre la nueva norma, pero hasta el cierre de esta edición no había recibido respuesta.
Cuando se le consultó al presidente de Directv si Movistar tendría que asumir una posible obligación faltante, el ejecutivo aseguró que “una vez se dé la aprobación por parte del Mintic, esta entidad definirá el alcance de las obligaciones de conformidad con la legislación vigente”.
La empresa aseguró que la venta de su negocio de internet en Colombia obedecía a su decisión de concentrarse en generación y distribución de contenido. También garantizó que sus clientes no experimentarían cambios en los servicios contratados ni en los procesos de facturación o los canales de atención.
En cuanto a Movistar, este negocio le permitiría tener una mayor capacidad de espectro y lo llevaría a sobrepasar transitoriamente el tope de espectro en bandas altas en 40 MHz; es decir, la máxima cantidad de espectro que pueden explotar. No obstante, la SIC aclaró que los MHz que excedan dicho tope quedarán disponibles para que el Mintic los asigne por medio de una subasta o los ceda.
“Estamos haciendo todos los trámites regulatorios bajo un marco que hace prevalecer la garantía de continuidad del servicio, de uso eficiente del espectro, que busca maximizar el bienestar general y promover la inversión”, dijeron voceros de Movistar.
En estos momentos, Mintic tiene todas las respuestas. Y ya que la SIC le dio su aval a la compra, depende de esta cartera resolver la solicitud de autorización de cesión del espectro, como también velar por las 58 cabeceras municipales, cuyo estado en materia de conectividad se desconoce.
Y todo esto en momentos en los que conocemos, gracias al Índice de Pobreza Multidimensional del DANE, que la desconexión digital es uno de los factores que más impulsó la entrada de más de 489.000 personas a esta categoría en 2020.