“Las empresas no se quedan con el dinero de los subsidios”: gremios eléctricos
Quedó planteado un distanciamiento entre el ministerio de Minas y Energía y los gremios del sector. “No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente”, sostiene el fuerte pronunciamiento de gremios como Andeg, Acolgen, Andesco, SER Colombia, Asocodis y Naturgas.
Un distanciamiento quedó planteado entre el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho y los seis gremios del sector eléctrico y gas natural luego de que el titular de la cartera minero-energética acusó a las empresas de quedarse con los subsidios y haber aprobado la opción tarifaria sin consultar a los usuarios que ya vale $5 billones. “Se ha hecho regulación a espaldas de las gente”, dijo el funcionario.
El pronunciamiento en contra de la presencia de la empresa privada en el sector eléctrico por parte del ministro de Minas y Energía fue hecho en Santa Marta en la asamblea de usuarios. “Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas (las empresas), invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”, dice el comunicado de los gremios eléctricos en respuesta a las denuncias sobre el destino de los subsidios. Camacho anunció que esas ayudas que favorecen a los estratos 1, 2 y 3 deben llegar a manos de los usuarios y no a las empresas.
Para leer: El ciberataque ha sido resuelto y ya volvimos a la normalidad: ministro de la TIC
“Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental, para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro”, dicen los gremios.
Camacho recordó que el presupuesto del ministerio es de $7 billones y que de esa cantidad al menos $5 billones cuestan los subsidios y solo queda $1,5 billones para inversión.
Sobre el tema de los subsidios, los gremios del sector eléctrico le señalaron al ministro Camacho que “es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación”.
Reiteran que “las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año”.
Sobre el tema de los paneles solares que remplazarían a los subsidios, según el ministro de Minas y Energía, dicen los empresarios el sector que “estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos”.
Sobre la acusación del ministro Camacho en el sentido de que la opción tarifaria aprobada para ayudar a los usuarios durante la pandemia fue hecha a espaldas de la gente, las empresa privadas del sector eléctrico señalaron que “no es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente”.
Explican al ministro que “el país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo”.
Los gremios sostienen que han hecho propuesta al gobierno para saldar la deuda y que no se puede culpar a las empresas “por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia”.
El funcionario admitió que la privatización de las empresas del sector tiene a los usuarios pagando altas tarifas, y que los promotores de los muchos debates en el Congreso a los que ha tenido que asistir son citados por las mismas personas que aprobaron el esquema tarifario actual.
“Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica”.
Los gremios del sector eléctrico le recuerdan al ministro de Minas y Energía en su comunicado “que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio”.
Concluyen que actualmente “gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes”.
Un distanciamiento quedó planteado entre el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho y los seis gremios del sector eléctrico y gas natural luego de que el titular de la cartera minero-energética acusó a las empresas de quedarse con los subsidios y haber aprobado la opción tarifaria sin consultar a los usuarios que ya vale $5 billones. “Se ha hecho regulación a espaldas de las gente”, dijo el funcionario.
El pronunciamiento en contra de la presencia de la empresa privada en el sector eléctrico por parte del ministro de Minas y Energía fue hecho en Santa Marta en la asamblea de usuarios. “Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas (las empresas), invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”, dice el comunicado de los gremios eléctricos en respuesta a las denuncias sobre el destino de los subsidios. Camacho anunció que esas ayudas que favorecen a los estratos 1, 2 y 3 deben llegar a manos de los usuarios y no a las empresas.
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“Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental, para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro”, dicen los gremios.
Camacho recordó que el presupuesto del ministerio es de $7 billones y que de esa cantidad al menos $5 billones cuestan los subsidios y solo queda $1,5 billones para inversión.
Sobre el tema de los subsidios, los gremios del sector eléctrico le señalaron al ministro Camacho que “es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación”.
Reiteran que “las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año”.
Sobre el tema de los paneles solares que remplazarían a los subsidios, según el ministro de Minas y Energía, dicen los empresarios el sector que “estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos”.
Sobre la acusación del ministro Camacho en el sentido de que la opción tarifaria aprobada para ayudar a los usuarios durante la pandemia fue hecha a espaldas de la gente, las empresa privadas del sector eléctrico señalaron que “no es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente”.
Explican al ministro que “el país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo”.
Los gremios sostienen que han hecho propuesta al gobierno para saldar la deuda y que no se puede culpar a las empresas “por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia”.
El funcionario admitió que la privatización de las empresas del sector tiene a los usuarios pagando altas tarifas, y que los promotores de los muchos debates en el Congreso a los que ha tenido que asistir son citados por las mismas personas que aprobaron el esquema tarifario actual.
“Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica”.
Los gremios del sector eléctrico le recuerdan al ministro de Minas y Energía en su comunicado “que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio”.
Concluyen que actualmente “gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes”.