Lo que implicaría la eventual fusión entre Tigo y Movistar

Lo que sería el negocio del año tiene como protagonistas a dos de los grandes operadores de telefonía e internet en Colombia: Tigo y Movistar. Por su conquista va un viejo conocido en el negocio, Millicom, uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones en América Latina.

Lo que sería el negocio del año tiene como protagonistas a dos de los grandes operadores de telefonía e internet en Colombia: Tigo y Movistar. Por su conquista va un viejo conocido en el negocio, Millicom, uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones en América Latina.

Si se quiere entender mejor esta novela, hay que recordar que Millicom también es el dueño de casi la mitad de las acciones de Tigo UNE, pues la otra mitad más uno de los títulos los tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Para entender este especie de triángulo amoroso empresarial hay que tener en cuenta que entre Tigo y Movistar ya existe una relación. En octubre del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó que ambas integraran sus redes de acceso móvil (lo que le permite a los teléfonos, tablets y otros dispositivos conectarse a internet) y en noviembre se presentaron en conjunto para participar de la subasta del espectro de la red 5G.

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Al parecer, estas alianzas le demostraron a Millicom el potencial que tiene la eventual fusión de ambas compañías, razón por la que recientemente anunció la firma de un memorando de entendimiento no vinculante para este propósito, es decir, un acercamiento sin compromiso para definir las bases que tendría ese negocio.

En suma, la propuesta de Millicom es adquirir la mitad que le falta de Tigo, así como la participación que tiene Telefónica en Coltel (Movistar), que equivale al 67,5 % de las acciones, por las que pagaría US$400 millones. Pero aquí no se detiene su apetito, ya que la oferta también se extendió al Estado, quien tiene el 32 % de las acciones de esta última compañía, participación que le costaría otros US$200 millones. En otras palabras, va por todo.

Cambios en el negocio

La materialización de esta propuesta tiene el potencial de traer grandes cambios en el negocio, pues hasta el momento no ha habido quien se iguale a Claro, el peso pesado de esta industria en Colombia.

Tal es el protagonismo que tiene esta empresa, que en reiteradas ocasiones los demás operadores le han pedido a las autoridades que se reconozca su posición dominante, para así efectuar las garantías de libre competencia en este mercado.

Cifras manejadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que, con corte a marzo, Claro tiene 39,7 millones de abonados en el segmento de telefonía móvil, le siguen Movistar (20,7 millones) y Tigo (15 millones). Es decir, el líder en el mercado casi que duplica la participación del segundo, y por sí solo cuenta con un pedazo de la torta del 45,3 %.

Aun si se sumara Tigo y Movistar, seguirían estando por debajo de Claro, ya que este les llevaría una ventaja de 4 millones de líneas, así como 4 % más de participación en el mercado. Sin embargo, con esta eventual unión, el líder de las telecomunicaciones tendría un competidor más fuerte con posibilidades de destronarlo.

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Otra forma de medir las fuerzas en este mercado (porque la sola revisión de las líneas de telefonía móvil no brindan un panorama tan amplio) es mediante los ingresos que representan las verticales de negocio de estas empresas (telefonía móvil y fija e internet fijo y móvil). Con corte a marzo, Claro registró ingresos por más de $1 billón, los de Tigo sumaron $560.000 millones y los de Movistar $468.000 millones. Una vez más, Claro duplica las cifras que registran sus principales competidores.

De cara a la industria, esto podría traducirse en una competencia más reñida, con mejores ofertas en calidad de servicio y precios, lo que evidentemente beneficiaría a los usuarios. Desde una mirada más crítica, también podría ser contraproducente, especialmente para los competidores más pequeños, quienes verían un aumento en esas brechas de participación. Sin embargo, hay que recordar que en Colombia los usuarios pueden migrar de un operador a otro a discreción, debido a que en gran parte de estas líneas de negocio no hay cláusulas de permanencia; pero no deja de ser cierto que, por lo general, quien tiene mayor músculo financiero es el que puede lanzar las mejores ofertas, una lógica que intentó combatir hace unos años WOM tras su llegada y que la ha llevado a tener más de 6,6 millones de abonados.

Los retos del negocio

La propuesta de Millicom se presenta en un panorama que pareciera no ser el mejor, porque la industria ha demandado considerables inversiones a los operadores (tanto en ampliación de red como en la participación para la subasta del 5G), al mismo tiempo en que los ingresos se han ido a pique.

Ejemplo de esto es que el promedio de los ingresos por usuario (ARPU) en el segmento de telefonía móvil, para todo el mercado, pasó de $5.841 durante el segundo trimestre de 2017 a $2.424 para el mismo periodo de 2023. La cifra más reciente se ubica en $1.972.

Este panorama, de hecho, demandó que Tigo recibiera el año pasado una capitalización por $600.000 millones, para evitar entrar en reorganización empresarial. Algo parecido a lo que hoy pasa con WOM, que necesitaría una inyección de $400.000 millones, con la diferencia de que esta última todavía no ha logrado recibir ese capital.

Aún así, fuentes consultadas por El Espectador recuerdan que este es un sector que se caracteriza por ser intensivo en capital, con constantes actualizaciones tecnológicas y retornos a largo plazo. La clave está en el escalamiento y en las economías de volumen.

También están las barreras legales que se deben superar para obtener la autorización de la venta de esas acciones, en el caso en que haya un interés por parte de EPM y el Estado (representado en este caso por el Ministerio de Hacienda).

En el caso de EPM, es el Concejo de Medellín quien debe autorizar la venta. De hecho, el alcalde Federico Gutiérrez ya radicó (previo a que se conociera la oferta de Millicom) un proyecto de acuerdo para esto, propuesta que tampoco es novedosa, pues también se ha hecho en anteriores administraciones.

Para el caso de la Nación, el aval viene del Congreso, mismo que ya estaría por medio de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que el mismo aborda estas posibles enajenaciones.

Esta decisión no es fácil, se debe analizar si resulta mejor vender un activo que hoy está demandando inversiones, o preservarlo y seguir devengando sus utilidades. En otras palabras, a corto plazo puede ser un alivio fiscal, pero a largo plazo harían falta sus aportes.

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