Publicidad

Los privados tienen luz verde para vacunar: así es como lo harán

Con la confirmación de la llegada de dosis para que los privados comiencen a vacunar comienza un proceso con sus propios retos logísticos y que, a la larga, abre preguntas y debates sobre el regreso a las oficinas y el retorno a una cierta normalidad.

Sergio Silva Numa y Santiago La Rotta
20 de junio de 2021 - 02:00 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - sorbetto
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“La mejor política económica en este momento se llama vacunación”.

Aunque la frase no tiene un autor del todo claro, no por eso deja de ser menos cierta. En la medida en la que las economías globales salen del letargo del COVID-19, o al menos tratan de hacerlo, la vacunación se ha convertido en la única medida certera hacia un regreso a la normalidad de antes de la pandemia (así 2019 pueda no parecer tan normal para muchos).

En este escenario las empresas juegan un papel fundamental, no solo por su rol en la recuperación económica, sino por la posibilidad de sumarle más motores a la inmunización a escala nacional. Se trata de un proceso que, como anunció el pasado jueves Fernando Ruiz, ministro de Salud, ya tiene fecha de inicio: del 26 al 28 de junio, los privados recibirán las primeras 1,5 millones de dosis provenientes de China, con las cuales podrán empezar a vacunar a sus empleados.

Como cuenta Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), que ha liderado esa negociación, hay 5.500 empresas colombianas interesadas en participar. Su población, dice, suma cerca de 1,7 millones de trabajadores, que están a la espera de recibir un biológico de este primer lote de Sinovac. Han recibido peticiones de empresas de prácticamente todos los sectores, pero hay especial interés de compañías grandes, como bancos y petroleras.

“Ha sido un gran esfuerzo”, señala Vesga. “Hemos tenido que trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo. Con la confirmación de esta semana, solo hace falta ajustar unos detalles y firmar un convenio entre las tres entidades. Ya adelantamos el trabajo para modificar el marco legal y la otra semana habilitaremos la cuenta fiduciaria para recibir las consignaciones de las compañías que quieran participar”.

“Claro que hay temas logísticos por afinar e incluso hablamos de desafíos, pues no somos empresas del sector salud. Pero es más fácil coordinar a los empleados de una empresa, por más grande que sea, que agendar citas para la población general. A todos nos conviene vacunar lo más rápido que se pueda y nosotros podemos hacerlo más pronto que las instituciones de salud”, dijo un alto ejecutivo de uno de los principales bancos del país, quien prefiere no ser citado al no ser el vocero oficial.

En total, la ANDI tiene un cupo de 2,5 millones de dosis para vacunar a 1’250.000 trabajadores. El precio de cada vacuna (dos dosis), explica Vesga, es cercano a US$60, un valor que incluye desde los costos logísticos hasta la administración. El monto necesario para cubrir todo el proceso podría ascender, entonces, a US$75 millones. Por el momento, asegura, no han negociado con ninguna otra farmacéutica, pues el mejor camino para hacerlo es a través del Gobierno y, hasta ahora, solo se ha presentado la oportunidad de compra con Sinovac.

Lea también: Aplazar segunda dosis de Pfizer no tiene suficiente evidencia científica: Asociación de Inmunología

Siguiendo la línea de la frase con la que abrió este texto, una encuesta de abril de este año, hecha por la propia ANDI, daba cuenta de que el 93 % de las empresas en el país tiene interés por vacunar a sus empleados.

Sin embargo, en este caso, no todas las compañías podrán acceder a las dosis de Sinovac. La fórmula para definir quiénes entran en la lista es sencilla: las empresas que primero consignen a la cuenta fiduciaria que habilitará la ANDI la próxima semana serán las que accedan a este primer lote de vacunas. “Eso se llama primero en hecho, primero en el derecho”, apunta Vesga.

Como dice Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, los privados que hagan parte de ese grupo deberán cumplir con un par de requisitos. El primero es que no pueden cobrar por ningún biológico. Deben asumir todos los costos y aplicarlos de manera gratuita.

“El segundo es que tienen que vacunar a todos los que tengan algún vínculo contractual. No pueden excluir a nadie. Será un paso muy importante que complementa el Plan de Vacunación. Como ya estamos cumpliendo los objetivos de priorización y estamos terminando la etapa 3, ahora la idea es proteger a más población y empezar a interrumpir la transmisión comunitaria”, añade.

En el proceso, la ANDI tampoco podrá hacer uso de los vacunadores que estén administrando las “dosis oficiales”, pero tiene absoluta libertad para establecer el orden y las personas priorizadas. También serán responsables de todo el manejo logístico luego de que reciban el lote en la zona franca de Bogotá.

Como se trata de trabajadores formales, la ANDI optó por establecer convenios con las cajas de compensación y la red de clínicas y hospitales con que cuenten. Vesga prefiere no dar nombres de las empresas que ya están “haciendo fila”, pero dice que tienen claro que en la capital hay una población de 500.000 personas esperando a ser inmunizada.

Lea también: En Latinoamérica y el Caribe la población vacunada contra el COVID-19 está por debajo del 10 %

“Aquí, por fortuna, no contamos con los problemas de otros países, en donde toca convencer masivamente a la población para que se vacune. La gente quiere vacunarse, en su mayoría. Los empleados preguntan que cuándo vamos a empezar. Y la verdad es que nuestro plan es vacunar también a las personas que vivan con nuestros empleados. Esa es una medida que vemos como protección extra para nuestra operación, por lo que termina siendo una inversión, no un gasto”, cuenta un ejecutivo de una empresa del sector petrolero, quien también pidió no ser citado por no ser un portavoz oficial sobre este tema.

Esto último que dice es interesante, pues lo que se sabe hasta el momento es que las dosis adquiridas a través de la ANDI son para inmunizar a empleados, no a familiares. Pero la línea argumentativa de esta petrolera tiene sentido: inmunizar a las personas que viven con los empleados puede ofrecer una capa de protección extra para el trabajador y, por ende, para la empresa. “Si metemos a familiares en el cuento eso también impulsa la llegada la inmunidad de rebaño en el país”, asegura el ejecutivo.

¿Regreso a las oficinas?

La intención de vacunar a los empleados, especialmente para las empresas más grandes, va de la mano con un regreso a las oficinas. “Nosotros ya tenemos claro cuánto nos cuesta operar con la gente en las oficinas, pues era lo que hacíamos antes. El modelo híbrido (casa y presencial) y el trabajo totalmente en casa terminan representando más gastos. Lo que buscaremos es el regreso de la mayor cantidad de gente que se requiera. Pero esto lo combinamos con optimización de nuestras operaciones: consolidamos sedes, cerramos otras. La idea es ser más presenciales que remotos, pero pues habrá partes de la compañía que serán híbridas. Y la vacunación es transversal a todo esto, sin duda”, cuenta el ejecutivo bancario.

La necesidad de volver a la oficina varía enormemente dependiendo del tipo de empresa y el tamaño de sus operaciones. Es distinto tener un negocio que precisa de la atención al público o la presencialidad para operar maquinaria, por ejemplo, que una compañía que puede operar de forma remota enteramente.

Esta necesidad abre debates interesantes sobre la pertinencia de requerir el regreso a las oficinas de quienes no hayan sido vacunados. “Trabajo en una empresa muy pequeña, entonces no va a haber vacunación con ellos. Y nos van a pedir que vayamos a algunas reuniones con clientes, en principio, pero después puede que sea como antes, incluso si todos no estamos vacunados. Y no sabemos en las casas de cada uno quién está vacunado y quién no. Y esto se puede evitar totalmente si nos mantenemos en remoto, pero no sé si sea posible”, cuenta Alejandro González *, un animador y programador, quien trabaja para un estudio de animación y creación de contenido digital para sitios web.

Lea también: El 97 % de las pymes colombianas se encuentran en peligro financiero

González expone las tensiones que hay en empresas pequeñas, que no han podido reducir sus operaciones (salir de oficinas o encontrar espacios mejor adecuados) y para justificar esos gastos se inclinan hacia un regreso a la presencialidad, a pesar de no haber alcanzado inmunidad de rebaño.

A escala global, hay un poco de todo en el pulso entre el trabajo remoto y presencial, incluso en el sector de tecnología, que por su propia naturaleza inclina la balanza del lado de la virtualidad. Twitter, por ejemplo, anunció en octubre de 2020 que sus empleados podrán continuar de forma remota para siempre. Mientras que la semana pasada medios de Estados Unidos reportaron que IBM (presente en 175 países y más de 345.000 empleados) requerirá que sus trabajadores regresen en septiembre a las oficinas. El CEO de Goldman Sachs, el banco de inversión, se ha referido al trabajo remoto como “una aberración que debemos corregir lo más pronto posible”.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Por Sergio Silva Numa y Santiago La Rotta

Temas recomendados:

 

GERMÁN VARGAS(8621)20 de junio de 2021 - 07:43 p. m.
Los gastos de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría llegan a $7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año, la Procuraduría y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente $910.000 millones; nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de $700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. 8 billones a la basura y tributaria? Miserable congreso
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar