Los proyectos que estarían en riesgo por problemas con el presupuesto

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, el gremio que representa a los empresarios del sector, advirtió que los proyectos de infraestructura están en riesgo por la falta de desagregación del presupuesto general y por las declaraciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las vigencias futuras.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, el gremio que representa a los empresarios del sector, advirtió que los proyectos de infraestructura están en riesgo por la falta de desagregación del presupuesto general y por las declaraciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las vigencias futuras.

Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado al respecto, tampoco la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tiene a su cargo los corredores concesionados, ni el Instituto Nacional de Vías (Invías), encargado de las vías nacionales no concesionadas. Incertidumbre es la palabra que, por ahora, mejor describe la situación.

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De los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación 2024, $16,7 billones corresponden al sector transporte, de ese monto, $13,6 se asignaron para inversión en proyectos de infraestructura. El llamado de atención del gremio tiene que ver con que el Gobierno no desagregó en el decreto de liquidación $12,5 billones (que hacen parte de los $13,6 billones). Es decir, no está claro cuánto se asignará para cada uno de los proyectos.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que en la liquidación del presupuesto está “todo lo que aprobó el Congreso”, pero también dijo que hay una discusión respecto a cuáles son las prioridades, considerando qué tanto se están ejecutando los proyectos.

Si bien Bonilla sostuvo que los recursos para proyectos clave, como el Metro de Bogotá, están asegurados, también dijo que el Gobierno examinará “si lo que está previsto para este año debería entregarse” teniendo en cuenta los niveles de retraso de las obras. Esas declaraciones le echaron más leña al fuego.

Atar el ritmo de ejecución de las obras al pago de las vigencias futuras podría paralizar los proyectos, tanto los que tiene a su cargo la ANI, como los del Invías.

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Para Juan David Duque, exdirector de Colombia Compra Eficiente y director en Duque Botero Consultores, no es grave que el presupuesto no esté desagregado porque esa es una tarea que, a la larga, puede hacer el sector, pero la opción que propone el Gobierno sobre las vigencias futuras sí implica, según el experto, incumplir las normas.

Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, explica que estos recursos se guardan en una fiducia y sirven como garantía para que, en caso de que ocurra algo inesperado, por ejemplo una terminación anticipada, haya dinero para responderles a los actores que intervienen en el proyecto, incluyendo a los bancos e inversionistas.

En el caso de la primera línea del Metro de Bogotá, a la luz de las declaraciones del ministro, quedan dudas de si el Gobierno cumplirá o no con sus compromisos. La Alcaldía ha dicho que si bien el proyecto en su generalidad tiene avances de 29 %, hay frentes de la obra con atrasos importantes.

Castro explica que el compromiso de las vigencias futuras debe estar más allá de cualquier debate sobre los avances de las obras. “El objetivo de los recursos no es pagar al concesionario, sino servir de fuente para que el proyecto siempre cuente con financiación. Solo a medida que se va cumpliendo, se le va pagando al concesionario, pero eso no quiere decir que el Estado se pueda desprender de su obligación de poner la plata que tiene que girar anualmente por contrato y por ley”.

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Poner en duda las vigencias futuras implica poner en dudas las garantías de los proyectos. Dicho de otra forma, desfinanciarlos e incumplir los contratos. Hay que tener en cuenta que si existen atrasos por parte de los contratistas, la ley contempla mecanismos contractuales y administrativos para sancionar.

El Consejo Gremial Nacional, que reúne gremios de diversos sectores, incluyendo industria, comercio, agricultura, banca y construcción, dijo este martes por medio de un comunicado que generar la idea de que eventualmente el Gobierno no cumplirá con las vigencias futuras, que son un compromiso, o incluso que podrían renegociarse, “causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”.

El Consejo dijo que esta situación no solo afecta los proyectos, también la confianza que tienen los mercados en el país, poniendo en riesgo la calificación crediticia y la evaluación de potenciales aliados.

Proyectos en riesgo, según la CCI

La CCI señaló que además de la primera Línea del Metro, la situación también pone en jaque muchos otros proyectos clave, como la operación del túnel de La Línea e, incluso, la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán.

La parálisis ya se siente en programas a cargo del Invías pues, según la Cámara Colombiana de Infraestructura, desde el 31 de enero no ha sido posible adicionar contratos para el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, de ahí que cerca de 2.600 microempresarios se quedaron sin trabajo. También se suspendieron, según el gremio, los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales porque no se pueden ratificar las vigencias futuras ya aprobadas.

El riesgo que advierte la CCI para la operación del Túnel de la Línea tiene que ver con la imposibilidad del Invías para licitar el mantenimiento de las carreteras no concesionadas porque no puede acceder a los certificados de disponibilidad presupuestaria. La Cámara señala que el contrato para ese corredor, clave para el tránsito de carga entre Buenaventura y Bogotá, vence en marzo y, si no se puede hacer mantenimiento, tendría que suspenderse la operación.

Por otro lado, la Cámara advierte que los proyectos en ejecución de los programas Vías para la Legalidad y la Reactivación, “al no poder el Invı́as expedir los registros presupuestales del año 2024, $2 billones, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año”.

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Así las cosas, 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional, como la variante San Francisco Mocoa, que reemplaza la vía actual por una más corta y con mejores especificaciones técnicas; el corredor del Paletará, entre Popayán (Cauca) e Isnos (Huila) y la Transversal del Catatumbo, se verían afectados, de acuerdo con las declaraciones del gremio que reúne a los empresarios de infraestructura.

El gremio también afirmó que incluso Caminos Comunitarios para la Paz Total, el programa para las vías terciarias que el Gobierno ha promovido, quedaría paralizado. Dentro de la lista de advertencias de la CCI está el riesgo para el empleo, considerando que cerca de 1.000 contratistas no han podido ser contratados desde diciembre por la no liquidación del presupuesto.

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Por ahora, lo cierto es que las consecuencias, por lo menos las de las declaraciones del Gobierno sobre vigencias futuras, todavía no se pueden cuantificar: básicamente, porque hasta el momento son solo eso, declaraciones, no hay nada en firme. Sobre toda la situación se ciernen nubarrones de incertidumbre.

En las declaraciones del gremio no se mencionan proyectos en concesión, aunque para las Asociaciones Público Privadas (APP) también están comprometidas vigencias futuras. Para empezar a despejar algunas dudas, faltan las aclaraciones del Gobierno.

El Consejo Gremial Nacional asegura que la pérdida de confianza tendrá efectos negativos en el desarrollo de nuevos proyectos y que a la larga se verá afectada la seguridad jurídica, la economía, las inversiones y la generación de empleo.

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