Monómeros busca acogerse a plan de salvamento

Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. informó que “ha decidido hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el Decreto 560 de 2020 para diseñar, en conjunto con los proveedores, trabajadores y acreedores de la compañía un plan de salvamento que permitirá asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los empleos que genera la sociedad en Barranquilla y Buenaventura y proteger la seguridad alimentaria en Colombia”.

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El decreto al que hace referencia establece medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica decretada por la pandemia.

La compañía añadió que decidió presentar ante la Superintendencia de Sociedades “una solicitud formal para iniciar una negociación de emergencia con sus principales acreedores, al amparo del Decreto 560 de 2020. Este procedimiento especial busca que, durante los siguientes tres meses, la compañía pueda negociar un plan de salvamento que permita su recuperación efectiva”.

Vale la pena recordar que a comienzos de este mes la Superintendencia de Sociedad sometió a control a Monómeros, el máximo nivel de supervisión al que puede estar sometida una compañía, “tras identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos”.

Lea más sobre esto en: Supersociedades somete a control a Monómeros

Sobre la decisión de la Súper, Monómeros dijo que fue tomada “a partir de supuestos de hecho y derecho que la compañía ya controvirtió ante esa entidad. Aunque el sometimiento a control de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. no está aún en firme, varios proveedores decidieron suspender sus relaciones comerciales con la compañía en los días posteriores a que se hiciera pública esa decisión”.

Y aunque asegura ser “respetuosa de las decisiones de la Superintendencia de Sociedades”, señaló que en su criterio “el sometimiento a control no es una herramienta idónea para hacerle frente a las necesidades de caja de la compañía. Precisamente para estos efectos el Gobierno Nacional ha diseñado medidas transitorias especiales, incluido el mecanismo del Decreto 560 de 2020, con el fin de que las sociedades colombianas le hagan frente a las consecuencias adversas derivadas de la pandemia desatada por el COVID-19. A diferencia de tales medidas especiales, el sometimiento a control solo puede agravar la situación financiera de Monómeros Colombo Venezolanos S. A.”.

Agregó que “durante la negociación del plan de salvamento, Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. contará con la protección de la ley colombiana para seguir operando y cumpliéndoles a sus trabajadores, proveedores y acreedores”.

Y denunció que la empresa, que espera crecer 9 % el próximo año, “ha advertido que un grupo de personas ha venido promoviendo una campaña de desorganización y desinformación para llevar a la quiebra a la compañía, con lo cual se han puesto en riesgo cientos de empleos, así como la seguridad alimenticia colombiana. La administración social pondrá la información disponible sobre estos hechos irregulares en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes”.

Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. informó que “ha decidido hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el Decreto 560 de 2020 para diseñar, en conjunto con los proveedores, trabajadores y acreedores de la compañía un plan de salvamento que permitirá asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los empleos que genera la sociedad en Barranquilla y Buenaventura y proteger la seguridad alimentaria en Colombia”.

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El decreto al que hace referencia establece medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica decretada por la pandemia.

La compañía añadió que decidió presentar ante la Superintendencia de Sociedades “una solicitud formal para iniciar una negociación de emergencia con sus principales acreedores, al amparo del Decreto 560 de 2020. Este procedimiento especial busca que, durante los siguientes tres meses, la compañía pueda negociar un plan de salvamento que permita su recuperación efectiva”.

Vale la pena recordar que a comienzos de este mes la Superintendencia de Sociedad sometió a control a Monómeros, el máximo nivel de supervisión al que puede estar sometida una compañía, “tras identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos”.

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Sobre la decisión de la Súper, Monómeros dijo que fue tomada “a partir de supuestos de hecho y derecho que la compañía ya controvirtió ante esa entidad. Aunque el sometimiento a control de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. no está aún en firme, varios proveedores decidieron suspender sus relaciones comerciales con la compañía en los días posteriores a que se hiciera pública esa decisión”.

Y aunque asegura ser “respetuosa de las decisiones de la Superintendencia de Sociedades”, señaló que en su criterio “el sometimiento a control no es una herramienta idónea para hacerle frente a las necesidades de caja de la compañía. Precisamente para estos efectos el Gobierno Nacional ha diseñado medidas transitorias especiales, incluido el mecanismo del Decreto 560 de 2020, con el fin de que las sociedades colombianas le hagan frente a las consecuencias adversas derivadas de la pandemia desatada por el COVID-19. A diferencia de tales medidas especiales, el sometimiento a control solo puede agravar la situación financiera de Monómeros Colombo Venezolanos S. A.”.

Agregó que “durante la negociación del plan de salvamento, Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. contará con la protección de la ley colombiana para seguir operando y cumpliéndoles a sus trabajadores, proveedores y acreedores”.

Y denunció que la empresa, que espera crecer 9 % el próximo año, “ha advertido que un grupo de personas ha venido promoviendo una campaña de desorganización y desinformación para llevar a la quiebra a la compañía, con lo cual se han puesto en riesgo cientos de empleos, así como la seguridad alimenticia colombiana. La administración social pondrá la información disponible sobre estos hechos irregulares en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes”.