“Pensamos que este sí era el gobierno del cambio”: manifestantes del Mintrabajo
Las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo mantienen la huelga que ya va para 40 días. Hablamos con una de sus representantes, quien nos detalló las exigencias que le hacen a la cartera.
Diego Ojeda
Poco más de tres días duró el levantamiento de la huelga que, durante semanas, han protagonizado las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo. Originalmente, estas habían ejercido este derecho por los más de 100 acuerdos incumplidos por la cartera desde el año 2023.
Parte de estos incluyen bonificaciones, pagos adicionales para las inspecciones municipales, entrega de kits escolares, ampliación de rutas, cambio de sedes, condiciones dignas de trabajo, teletrabajo y el debido proceso, entre otros.
A mediados de la semana pasada desde el Ministerio del Trabajo se comunicó que la huelga se había levantado. Esto gracias a una serie de compromisos alcanzados con el comité del paro, entre los que se incluía el pago de los salarios correspondientes a los días no laborados por el ejercicio de la protesta, así como el establecimiento de unas mesas de diálogo para ir avanzando en los puntos más críticos.
Lea también: Se levanta la huelga en el Ministerio del Trabajo
El Espectador conoció que nunca hubo un acuerdo para levantar la huelga, sino un preacuerdo que estaba supeditado. Según esta versión, la cartera laboral se adelantó a informar “la noticia” a los medios de comunicación.
El caso es que esta supuesta concertación duró hasta el domingo, cuando el comité del paro anunció la reanudación de la huelga. En entrevista con El Espectador, la presidenta de Sinprotecol y miembro del comité de huelga, Maritza Manrique, resaltó que la protesta se mantendrá hasta que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reúna con ellos.
“Confiamos en que el ministerio iba a cumplir con una serie de compromisos que adquirió el 2 de julio. Pese a que no estamos en huelga por el pago del salario, ellos de una forma abrupta retuvieron el salario a más de 1.100 personas, que somos los que nos encontramos ejerciendo nuestro derecho a la huelga”, manifiesta Manrique.
Para esta representante también resulta irónico que una huelga de tal proporción se esté adelantando en el ministerio que vela por la protección de los trabajadores en el país, y aún más, bajo el liderazgo de una ministra que en su momento hizo carrera sindical.
“Estamos muy impresionados, porque pensamos que el gobierno del cambio era un gobierno donde de verdad sí se iba a ver el cambio; donde se iba a velar por los derechos de las y los trabajadores, pero desafortunadamente no hemos tenido una buena ministra. Ella tiene el conocimiento de lo que está pasando, pero no ha querido sentarse con las organizaciones sindicales; anda en otros eventos que para ella son más importantes, pero no se dedica a mirar las problemáticas internas que tiene el ministerio. No solo en la parte económica, sino también en lo laboral, seguridad, salud en el trabajo, clima laboral, acoso laboral… ella delega estas funciones a personas que pueden tener el conocimiento, pero no tienen cómo llegar a nosotros, porque son impositivos y así no se puede lograr una negociación”, asegura.
Dice, al referirse a la cartera, que “en casa de herrero hay azadón de palo”, pues este es el ministerio que sanciona a las empresas por no cumplir con la normatividad, pero en su interior la situación está igual o peor que otras empresas.
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Parte de lo que motivó esta reanudación de la huelga (que el 9 de julio completa 40 días) es que el ministerio se comprometió a adelantar los pagos de los salarios (incluyendo la falsa bonificación que se anunció, pero que nunca se efectuó), así como la instalación de unas mesas de diálogo para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, especialmente en 13 que se destacan por ser los prioritarios. Todo esto no se logró.
Sobre los pagos, Manrique explicó que, según lo consagrado en el preacuerdo con la cartera laboral, el pago se tuvo que haber hecho el miércoles de la semana pasada a las diez de la mañana, para que se viera reflejado a más tardar el viernes al medio día.
“Tuvieron el tiempo suficiente para pagar. En lugar de eso lo que hicieron fue constreñir a los funcionarios para firmar unas actas de compromiso, donde decían que se comprometían a cumplir con una serie de cosas para mantener un cese de actividades. Eso no es real, porque lo que había era una huelga, tal y como lo contempla la constitución y por lo mismo se deben pagar esos salarios”, agrega.
Por su parte, el viceministro de empleo y pensiones, Iván Jaramillo, manifestó que la cartera tiene el compromiso de cumplir con los acuerdos alcanzados el dos de julio, de cara al levantamiento del cese de actividades. La expectativa que tenían era que se entregaran las sedes de la cartera para retomar los servicios de atención a la ciudadanía el martes 9 de julio.
“Hemos dado la orden de pago a los más de 400 servidores públicos que han suscrito los compromisos de compensación por tiempos no laborados. Animamos a todos los servidores a reintegrarse el próximo martes 9 de julio, a desarrollar actividades para responder a los requerimientos de la ciudadanía que espera mucho de nosotros”. Cabe aclarar que la entidad ya pagó los salarios a quienes nunca suspendieron labores”, informó en su momento.
Otro de los aspectos que motivó la reactivación de esta huelga tiene a la Procuraduría como protagonista.
“El comité de huelga y las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo rechazamos de manera contundente el proceder cómplice de la Procuraduría General de la Nación, quien con sus comunicados en contra de las organizaciones sindicales y trabajadores del ente ministerial que venimos desarrollando el proceso de huelga legalmente declarado por la mayoría de los servidores, se ha puesto del lado de la administración, desconociéndose las funciones esenciales que tiene como ministerio público y vulnerando los derechos fundamentales al derecho de asociación sindical y a la huelga. Debemos recordarle a la Procuraduría General que de acuerdo a los preceptos constitucionales su función principal es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales, así como proteger los derechos humanos. Es decir, su esencia debe estar enfocada a vigilar el respeto de los derechos de los colombianos convirtiéndose en representante de la comunicada y la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.
Sobre esto Manrique asegura que en un principio tocaron las puertas de la Procuraduría en busca de una mediación en el asunto. Sin embargo, ante lo ocurrido, la confianza en esta entidad se ha erosionado y, sus apuestas se esperan en las indagaciones que adelante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La OIT ya está comunicada desde hace más de 15 días. El 4 de julio nos dijeron que fue aceptada nuestra denuncia y que está requiriendo al Gobierno Nacional para que dé explicaciones sobre la problemática”, dijo al añadir que esperan de esta instancia internacional que les reivindique sus derechos laborales.
¿Qué se viene?
El comité del paro espera que esta semana pueda reanudarse el diálogo con el Ministerio de Trabajo. Su demanda es que sea la ministra, y no sus subalternos, quien siente en la mesa en busca del cumplimiento de los acuerdos, empezando por el pago del salario de todos los funcionarios, pues es su derecho.
“Estamos abiertos al diálogo, pero sin intermediarios”; concluyó.
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Poco más de tres días duró el levantamiento de la huelga que, durante semanas, han protagonizado las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo. Originalmente, estas habían ejercido este derecho por los más de 100 acuerdos incumplidos por la cartera desde el año 2023.
Parte de estos incluyen bonificaciones, pagos adicionales para las inspecciones municipales, entrega de kits escolares, ampliación de rutas, cambio de sedes, condiciones dignas de trabajo, teletrabajo y el debido proceso, entre otros.
A mediados de la semana pasada desde el Ministerio del Trabajo se comunicó que la huelga se había levantado. Esto gracias a una serie de compromisos alcanzados con el comité del paro, entre los que se incluía el pago de los salarios correspondientes a los días no laborados por el ejercicio de la protesta, así como el establecimiento de unas mesas de diálogo para ir avanzando en los puntos más críticos.
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El Espectador conoció que nunca hubo un acuerdo para levantar la huelga, sino un preacuerdo que estaba supeditado. Según esta versión, la cartera laboral se adelantó a informar “la noticia” a los medios de comunicación.
El caso es que esta supuesta concertación duró hasta el domingo, cuando el comité del paro anunció la reanudación de la huelga. En entrevista con El Espectador, la presidenta de Sinprotecol y miembro del comité de huelga, Maritza Manrique, resaltó que la protesta se mantendrá hasta que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reúna con ellos.
“Confiamos en que el ministerio iba a cumplir con una serie de compromisos que adquirió el 2 de julio. Pese a que no estamos en huelga por el pago del salario, ellos de una forma abrupta retuvieron el salario a más de 1.100 personas, que somos los que nos encontramos ejerciendo nuestro derecho a la huelga”, manifiesta Manrique.
Para esta representante también resulta irónico que una huelga de tal proporción se esté adelantando en el ministerio que vela por la protección de los trabajadores en el país, y aún más, bajo el liderazgo de una ministra que en su momento hizo carrera sindical.
“Estamos muy impresionados, porque pensamos que el gobierno del cambio era un gobierno donde de verdad sí se iba a ver el cambio; donde se iba a velar por los derechos de las y los trabajadores, pero desafortunadamente no hemos tenido una buena ministra. Ella tiene el conocimiento de lo que está pasando, pero no ha querido sentarse con las organizaciones sindicales; anda en otros eventos que para ella son más importantes, pero no se dedica a mirar las problemáticas internas que tiene el ministerio. No solo en la parte económica, sino también en lo laboral, seguridad, salud en el trabajo, clima laboral, acoso laboral… ella delega estas funciones a personas que pueden tener el conocimiento, pero no tienen cómo llegar a nosotros, porque son impositivos y así no se puede lograr una negociación”, asegura.
Dice, al referirse a la cartera, que “en casa de herrero hay azadón de palo”, pues este es el ministerio que sanciona a las empresas por no cumplir con la normatividad, pero en su interior la situación está igual o peor que otras empresas.
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Parte de lo que motivó esta reanudación de la huelga (que el 9 de julio completa 40 días) es que el ministerio se comprometió a adelantar los pagos de los salarios (incluyendo la falsa bonificación que se anunció, pero que nunca se efectuó), así como la instalación de unas mesas de diálogo para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, especialmente en 13 que se destacan por ser los prioritarios. Todo esto no se logró.
Sobre los pagos, Manrique explicó que, según lo consagrado en el preacuerdo con la cartera laboral, el pago se tuvo que haber hecho el miércoles de la semana pasada a las diez de la mañana, para que se viera reflejado a más tardar el viernes al medio día.
“Tuvieron el tiempo suficiente para pagar. En lugar de eso lo que hicieron fue constreñir a los funcionarios para firmar unas actas de compromiso, donde decían que se comprometían a cumplir con una serie de cosas para mantener un cese de actividades. Eso no es real, porque lo que había era una huelga, tal y como lo contempla la constitución y por lo mismo se deben pagar esos salarios”, agrega.
Por su parte, el viceministro de empleo y pensiones, Iván Jaramillo, manifestó que la cartera tiene el compromiso de cumplir con los acuerdos alcanzados el dos de julio, de cara al levantamiento del cese de actividades. La expectativa que tenían era que se entregaran las sedes de la cartera para retomar los servicios de atención a la ciudadanía el martes 9 de julio.
“Hemos dado la orden de pago a los más de 400 servidores públicos que han suscrito los compromisos de compensación por tiempos no laborados. Animamos a todos los servidores a reintegrarse el próximo martes 9 de julio, a desarrollar actividades para responder a los requerimientos de la ciudadanía que espera mucho de nosotros”. Cabe aclarar que la entidad ya pagó los salarios a quienes nunca suspendieron labores”, informó en su momento.
Otro de los aspectos que motivó la reactivación de esta huelga tiene a la Procuraduría como protagonista.
“El comité de huelga y las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo rechazamos de manera contundente el proceder cómplice de la Procuraduría General de la Nación, quien con sus comunicados en contra de las organizaciones sindicales y trabajadores del ente ministerial que venimos desarrollando el proceso de huelga legalmente declarado por la mayoría de los servidores, se ha puesto del lado de la administración, desconociéndose las funciones esenciales que tiene como ministerio público y vulnerando los derechos fundamentales al derecho de asociación sindical y a la huelga. Debemos recordarle a la Procuraduría General que de acuerdo a los preceptos constitucionales su función principal es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales, así como proteger los derechos humanos. Es decir, su esencia debe estar enfocada a vigilar el respeto de los derechos de los colombianos convirtiéndose en representante de la comunicada y la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.
Sobre esto Manrique asegura que en un principio tocaron las puertas de la Procuraduría en busca de una mediación en el asunto. Sin embargo, ante lo ocurrido, la confianza en esta entidad se ha erosionado y, sus apuestas se esperan en las indagaciones que adelante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La OIT ya está comunicada desde hace más de 15 días. El 4 de julio nos dijeron que fue aceptada nuestra denuncia y que está requiriendo al Gobierno Nacional para que dé explicaciones sobre la problemática”, dijo al añadir que esperan de esta instancia internacional que les reivindique sus derechos laborales.
¿Qué se viene?
El comité del paro espera que esta semana pueda reanudarse el diálogo con el Ministerio de Trabajo. Su demanda es que sea la ministra, y no sus subalternos, quien siente en la mesa en busca del cumplimiento de los acuerdos, empezando por el pago del salario de todos los funcionarios, pues es su derecho.
“Estamos abiertos al diálogo, pero sin intermediarios”; concluyó.
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