Por crisis financiera, Air-e pidió ser intervenida por el Gobierno: ¿qué se sabe?
Según manifestó Air-e este martes, los altos precios de la energía en bolsa le impiden a la compañía continuar garantizar servicio de energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía dijo estar en conversaciones con el Gobierno y que esta semana se conocería una solución.
Air-e, la empresa que brinda el servicio de energía a unos cinco millones de habitantes en la costa Caribe, solicitó la intervención del Gobierno ante una grave crisis financiera que le impediría seguir operando en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El pedido de intervención, según comentó la comercializadora de energía este martes 10 de septiembre, tiene que ver con los altos precios de la energía en bolsa (actualmente por encima de los $720 pesos kilovatio/hora) y deudas por $1,8 billones por parte del sector público que “asfixian” sus finanzas.
“Las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras, como se ha dado a conocer en los últimos meses”, indicó Air-e a través de un comunicado.
En diálogo con Caracol Radio, el abogado de Air-e, Jaime Lombana, señaló que los inversionistas de la compañía han registrado pérdidas por encima de los $450.000 millones y que el origen de esta situación tiene que ver con los elevados precios de los generadores que venden energía a Air-e. “Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no puede más, por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”, dijo Lombana.
Air-e, creada en 2021, debe rendir informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos. El último informe fue presentado en julio de 2024 y la Superservicios le recomendó a la compañía acelerar el ritmo de inversiones.
La compañía, además, reconoció estar en conversaciones con el Gobierno y que en esta semana se conocería una solución que permita garantizar la continuidad de su servicio.
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el pedido de intervención de Air-e. En casos como estos, la Superservicios tiene dos caminos: una toma de posesión para sanear la empresa y, cuando la situación mejore, regresarla a sus dueños o, por otro lado, liquidar la empresa.
¿Qué pasa con los precios de la energía?
Una investigación del Grupo Bancolombia halló que en la primera mitad del año el costo de la energía subió un 4,3 %. El motivo principal sería el fenómeno de El Niño y sus periodos de sequía, que exigieron de más a las hidroeléctricas, llevando a que el país tuviera que echar mano de las plantas térmicas a su máxima capacidad. El peso que ha adquirido la electricidad en el bolsillo de los colombianos ha sido especialmente fuerte en la costa Caribe.
El valor que pagan los usuarios en la factura de energía depende del costo del kilovatio hora (que se calcula a partir de los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones) del consumo y del estrato social.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), de $351.471.
No solo son las altas temperaturas, que hacen que el consumo de energía en el Caribe sea mayor. Como lo explica Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, mientras en el resto del país el precio del kilovatio hora en promedio está en $800, en esa región está por encima de los $1.000.
Tanto en el Caribe como en el resto del país, los precios de la energía han crecido por cuenta del impacto que tuvo el fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico colombiano, lo que llevó a los embalses a un punto históricamente bajo, apenas por encima de 28 % de los niveles útiles de producción de electricidad.
Esta drástica disminución en los embalses llevó a que las plantas térmicas tuvieran que trabajar a capacidad, lo que significa de entrada costos más altos para los consumidores, pues generar con gas o carbón es más caro que hacerlo a través de las hidroeléctricas.
Actualmente, aunque los embalses se han recuperado desde ese punto, su llenado se detuvo antes de legar a 60 % y han bajado a 53 %, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
Desde la mirada mensual, el peso de la electricidad en la inflación ofrece un comportamiento más positivo, con una contracción de 1,45 %. Sin embargo, cuando se analizan los datos en sus variaciones anuales y para el año corrido, la electricidad muestra crecimientos, de 15,16 % y 4,23 %, respectivamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2024.
Por estos días, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios la resolución que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiéndole al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria (unos $2 billones) para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
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Air-e, la empresa que brinda el servicio de energía a unos cinco millones de habitantes en la costa Caribe, solicitó la intervención del Gobierno ante una grave crisis financiera que le impediría seguir operando en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El pedido de intervención, según comentó la comercializadora de energía este martes 10 de septiembre, tiene que ver con los altos precios de la energía en bolsa (actualmente por encima de los $720 pesos kilovatio/hora) y deudas por $1,8 billones por parte del sector público que “asfixian” sus finanzas.
“Las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras, como se ha dado a conocer en los últimos meses”, indicó Air-e a través de un comunicado.
En diálogo con Caracol Radio, el abogado de Air-e, Jaime Lombana, señaló que los inversionistas de la compañía han registrado pérdidas por encima de los $450.000 millones y que el origen de esta situación tiene que ver con los elevados precios de los generadores que venden energía a Air-e. “Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no puede más, por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”, dijo Lombana.
Air-e, creada en 2021, debe rendir informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos. El último informe fue presentado en julio de 2024 y la Superservicios le recomendó a la compañía acelerar el ritmo de inversiones.
La compañía, además, reconoció estar en conversaciones con el Gobierno y que en esta semana se conocería una solución que permita garantizar la continuidad de su servicio.
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el pedido de intervención de Air-e. En casos como estos, la Superservicios tiene dos caminos: una toma de posesión para sanear la empresa y, cuando la situación mejore, regresarla a sus dueños o, por otro lado, liquidar la empresa.
¿Qué pasa con los precios de la energía?
Una investigación del Grupo Bancolombia halló que en la primera mitad del año el costo de la energía subió un 4,3 %. El motivo principal sería el fenómeno de El Niño y sus periodos de sequía, que exigieron de más a las hidroeléctricas, llevando a que el país tuviera que echar mano de las plantas térmicas a su máxima capacidad. El peso que ha adquirido la electricidad en el bolsillo de los colombianos ha sido especialmente fuerte en la costa Caribe.
El valor que pagan los usuarios en la factura de energía depende del costo del kilovatio hora (que se calcula a partir de los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones) del consumo y del estrato social.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), de $351.471.
No solo son las altas temperaturas, que hacen que el consumo de energía en el Caribe sea mayor. Como lo explica Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, mientras en el resto del país el precio del kilovatio hora en promedio está en $800, en esa región está por encima de los $1.000.
Tanto en el Caribe como en el resto del país, los precios de la energía han crecido por cuenta del impacto que tuvo el fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico colombiano, lo que llevó a los embalses a un punto históricamente bajo, apenas por encima de 28 % de los niveles útiles de producción de electricidad.
Esta drástica disminución en los embalses llevó a que las plantas térmicas tuvieran que trabajar a capacidad, lo que significa de entrada costos más altos para los consumidores, pues generar con gas o carbón es más caro que hacerlo a través de las hidroeléctricas.
Actualmente, aunque los embalses se han recuperado desde ese punto, su llenado se detuvo antes de legar a 60 % y han bajado a 53 %, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
Desde la mirada mensual, el peso de la electricidad en la inflación ofrece un comportamiento más positivo, con una contracción de 1,45 %. Sin embargo, cuando se analizan los datos en sus variaciones anuales y para el año corrido, la electricidad muestra crecimientos, de 15,16 % y 4,23 %, respectivamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2024.
Por estos días, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios la resolución que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiéndole al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria (unos $2 billones) para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
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