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La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11458 de 2024 sancionó a 20 empresas que prestan servicios de transporte especial a diferentes entidades del Estado por varias razones:
- Haber gestionado ventajas competitivas ilegales ante personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.
- Participado en el direccionamiento de procesos de selección contractual.
- Coludido en procesos de contratación estatal.
Igualmente, la Superintendencia sancionó a 26 personas naturales que actuaron como facilitadoras de la conducta. Las y los sancionados se vieron favorecidos en más de 33 procesos de contratación adelantados por distintas entidades del Estado.
En relación con las ventajas competitivas ilegales, la SIC encontró una serie de chats entre algunos investigados y personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.
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“En las conversaciones evidenció que se tramitaron de forma preferente distintos documentos que eran requeridos para participar en procesos de contratación estatal, lo cual permitió que algunas empresas obtuvieran una serie de ventajas competitivas ilegales frente a otros agentes del mercado que no contaban con ese tipo de privilegios”, resalta la entidad.
Frente al segundo punto, la SIC conoció una serie de pruebas que vinculan al direccionamiento de procesos de contratación a algunas empresas que prestan el servicio de transporte especial y personas vinculadas a:
- IGAC
- Alcaldía de Barranquilla
- Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- Agencia Nacional del Espectro
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Así, algunas de las empresas sancionadas habrían sido favorecidas por las personas vinculadas con estas entidades estatales en ocho procesos de selección.
Finalmente, sobre el coludido, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró pruebas que vinculan a 20 empresas prestadoras del servicio de transporte especial en un acuerdo colusorio que se presentó en aproximadamente 18 entidades del Estado, entre las que se destacan el Ministerio de Transporte, la URT, el Bienestar Familiar, Fonade (hoy ENTERRITORIO), las alcaldías de Bogotá, D. C., Envigado y Armenia, entre otras.
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Las investigaciones y multas
En la fase preliminar de la investigación, la Superintendencia, en ejercicio de las facultades de policía administrativa de inspección, vigilancia y control, recaudó elementos probatorios de equipos de cómputo, celulares y correos electrónicos que permitieron a la autoridad de competencia comprobar la existencia de la conducta anticompetitiva, la forma en que las empresas investigadas ejecutaron su actuar ilegal y los mecanismos de seguimiento que adoptaron para vigilar el cumplimiento de su comportamiento anticompetitivo.
“La investigación administrativa pudo determinar que varios de los investigados se comunicaban a través de los equipos celulares y de cómputo, con el fin de determinar su actuar coordinado en los procesos de selección y establecer de forma más precisa la estrategia que iban a emprender para materializar la conducta anticompetitiva”, establece la SIC.
Las multas impuestas por la Superintendencia ascienden a $28.264.467.484. Es decir, para las 20 empresas sancionadas, las multas que ascienden a un total de $21.449.361.879, oscilaron entre $62.372.516 y $5.748.357.744.
Para las 26 personas naturales que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron las conductas anticompetitivas, las multas ascienden a un total de $6.815.105.605 y oscilaron entre $304.876 y $3.317.874.845.
Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la superintendente de Industria y Comercio.
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