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La Superintendencia de Industria y Comercio multó con $28.434 millones a nueve empresas, y 16 personas naturales, por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB) del Plan de Alimentación Escolar (PAE) entre 2007 y 2017.
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También se sancionó a la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval) por haber desarrollado y ejecutado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en relación con los procesos de selección contractual del PREB.
Las empresas sancionadas idearon y ejecutaron de manera continuada una dinámica que afectó la libre competencia en 19 procesos de selección contractual.
La SIC encontró que estas empresas se coordinaron con el fin de repartirse las zonas por adjudicar. La coordinación buscaba evitar la competencia entre ellos, lo que derivó que el 75% de zonas tuvieran un único oferente.
Asimismo, “las empresas sancionadas utilizaron como vehículo de coordinación a la asociación Asoproval, con la finalidad de mantener la estructura ilícita del acuerdo frente a los cambios de la entidad contratante, y así evitar que la estructura de los procesos se modificara en perjuicio de sus intereses”, dijo la SIC.
La estrategia también comprendió la coordinación para no presentarse a los procesos que fueron adelantados a través de Colombia Compra Eficiente.