La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones que superan los $7.000 millones a varias empresas y entidades públicas, tras confirmar que violaron las reglas de libre competencia en Colombia. Estas multas se originaron en tres casos específicos, que involucran desde el uso indebido de posición dominante hasta la manipulación de licitaciones y la restricción de la competencia en servicios públicos.
El primer caso tiene como protagonistas a Avianca y Price Res, sancionadas por un total de $4.985 millones. En 2018, la SIC autorizó que ambas compañías se integraran para ofrecer servicios de viajes a través de Avianca Tours, pero bajo una condición clara: no debían usar su influencia en la venta de tiquetes aéreos para perjudicar a otras agencias de viajes.
Sin embargo, la SIC descubrió que Avianca ofrecía un bono de $150.000 a sus clientes por comprar tiquetes aéreos, pero este solo se podía usar para adquirir paquetes turísticos de Avianca Tours. Esto puso en desventaja a otras agencias, ya que los clientes estaban siendo incentivados a usar un servicio específico de Avianca, lo que violaba las reglas que protegían la competencia. Las multas se desglosaron así: $4.102 millones para Avianca y $882 millones para Price Res.
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El segundo caso involucra a las empresas Savad Ingeniería, Civil33, JJAB S.A.S., C I A F Ltda. Ingeniería, que participaron en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Estas empresas, lideradas por Alex Joaquín Osorio Araque, simularon competir en al menos tres licitaciones públicas realizadas en 2019, pero en realidad estaban coordinando sus ofertas para asegurarse de que uno de sus aliados ganara el contrato.
Este tipo de práctica, conocida como colusión, ocurre cuando varias empresas que deberían competir de forma independiente se ponen de acuerdo para manipular el resultado de una licitación. En este caso, compartían oficinas, personal e incluso la información necesaria para preparar las propuestas, lo que les permitió crear la falsa apariencia de competencia. La SIC impuso multas de $577 millones a las empresas involucradas y de $945 millones a las personas naturales responsables.
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Finalmente, el tercer caso tiene como protagonistas a la Alcaldía de Yumbo y a la empresa Yumbo Limpio S.A.S. E.S.P., que fueron sancionadas con $1.237 millones por obstaculizar la entrada de nuevos competidores en el servicio de aseo del municipio. En 2019, la Alcaldía implementó un nuevo esquema de aseo que favoreció a Yumbo Limpio de forma irregular, dificultando que otras empresas ofrecieran el servicio a los habitantes de la ciudad.
La investigación de la SIC reveló que esta conducta no solo afectó la competencia, sino que también limitó el derecho de los ciudadanos a elegir el proveedor de aseo de su preferencia. Por este motivo, además de las sanciones a las empresas, el alcalde de la época y el representante legal de Yumbo Limpio fueron multados con $61 millones cada uno por facilitar y ejecutar estas prácticas anticompetitivas.
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