Superservicios multa a EPM con $1.817 millones por retraso en Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una sanción de $1.817 millones por no iniciar operación del proyecto Hidroituango el 1 de diciembre de 2018, fecha presupuestada antes de la emergencia que presentó ese año la presa. EPM también anunció que interpondrá los recursos pertinentes frente a la sanción.

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Natasha Avendaño la superintendente de servicios públicos, explicó que es una sanción que obedece al incumplimiento de la “entrada de obligaciones de energía fruto de la contingencia del 2018. Es un proceso que inició en 2019 y que dejó un proceso sancionatorio por más de $1.800 millones. Es un fallo en primera instancia, es decir, la empresa tiene derecho a interponer el recurso”.

Avendaño agregó que el único cargo que tiene la empresa es la “no capacidad de EPM de haber desvirtuado o haber demostrado que no tuvieron responsabilidad frente a la no entrada de las obligaciones de energía en firme de la anterior subasta. A pesar de la contingencia se les abrió el espacio para poder participar en la siguiente subasta y en la que tiene obligaciones de energía en firme para 2022″.

Además, mencionó que la empresa puede interponer recursos, pues hace parte del debido proceso, “el derecho a la defensa, las empresas tienen esa segunda instancia. Ellos tendrán la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para desvirtuar o disminuir el monto”.

El pasado 4 de noviembre la Superservicios emitió un informe en el que alertaba sobre una serie de hallazgos sobre la calidad de la prestación de servicios públicos de EPM y la imagen confiable de la organización, especialmente tras los constantes cambios en su gobierno corporativo. Además, expresó su preocupación sobre Hidroituango.

“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, frente al informe revelado a inicios de noviembre.

Asimismo, la Superservicios ha sido una de las entidades que ha seguido de cerca la evolución del pleito entre EPM y CCC Ituango, el consorcio constructor de la presa. En octubre le pidió a Empresas Públicas de Medellín un informe detallado del plan de contingencia en caso de que se retire el contratista.

EPM ha mantenido una serie de reuniones con el consorcio para buscar un acuerdo de prórroga del contrato constructor que vence el próximo 31 de diciembre. Las negociaciones enfrentan gran incertidumbre por el fallo de segunda instancia de la Contraloría: si se confirma la responsabilidad fiscal, CCC Ituango quedaría inhabilitado para seguir con las obras.

Por esto, EPM indica que está analizando con cuidado cuál puede ser el periodo de la prórroga. Además, ha mencionado en varias oportunidades que uno de sus planes de contingencia considera traer nuevos contratistas para terminar las obras de Hidroituango.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo esta semana que se extendería a los contratistas actuales por hasta ocho meses. Es decir, CCC Ituango seguiría hasta el 31 de agosto de 2022. Un plazo que para el mandatario daría tiempo para realizar un empalme con otro constructor.

Sin embargo,no se ha oficializado la prórroga. EPM y CCC Ituango todavía no anuncian de manera conjunta que se selló un acuerdo.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una sanción de $1.817 millones por no iniciar operación del proyecto Hidroituango el 1 de diciembre de 2018, fecha presupuestada antes de la emergencia que presentó ese año la presa. EPM también anunció que interpondrá los recursos pertinentes frente a la sanción.

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Natasha Avendaño la superintendente de servicios públicos, explicó que es una sanción que obedece al incumplimiento de la “entrada de obligaciones de energía fruto de la contingencia del 2018. Es un proceso que inició en 2019 y que dejó un proceso sancionatorio por más de $1.800 millones. Es un fallo en primera instancia, es decir, la empresa tiene derecho a interponer el recurso”.

Avendaño agregó que el único cargo que tiene la empresa es la “no capacidad de EPM de haber desvirtuado o haber demostrado que no tuvieron responsabilidad frente a la no entrada de las obligaciones de energía en firme de la anterior subasta. A pesar de la contingencia se les abrió el espacio para poder participar en la siguiente subasta y en la que tiene obligaciones de energía en firme para 2022″.

Además, mencionó que la empresa puede interponer recursos, pues hace parte del debido proceso, “el derecho a la defensa, las empresas tienen esa segunda instancia. Ellos tendrán la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para desvirtuar o disminuir el monto”.

El pasado 4 de noviembre la Superservicios emitió un informe en el que alertaba sobre una serie de hallazgos sobre la calidad de la prestación de servicios públicos de EPM y la imagen confiable de la organización, especialmente tras los constantes cambios en su gobierno corporativo. Además, expresó su preocupación sobre Hidroituango.

“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, frente al informe revelado a inicios de noviembre.

Asimismo, la Superservicios ha sido una de las entidades que ha seguido de cerca la evolución del pleito entre EPM y CCC Ituango, el consorcio constructor de la presa. En octubre le pidió a Empresas Públicas de Medellín un informe detallado del plan de contingencia en caso de que se retire el contratista.

EPM ha mantenido una serie de reuniones con el consorcio para buscar un acuerdo de prórroga del contrato constructor que vence el próximo 31 de diciembre. Las negociaciones enfrentan gran incertidumbre por el fallo de segunda instancia de la Contraloría: si se confirma la responsabilidad fiscal, CCC Ituango quedaría inhabilitado para seguir con las obras.

Por esto, EPM indica que está analizando con cuidado cuál puede ser el periodo de la prórroga. Además, ha mencionado en varias oportunidades que uno de sus planes de contingencia considera traer nuevos contratistas para terminar las obras de Hidroituango.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo esta semana que se extendería a los contratistas actuales por hasta ocho meses. Es decir, CCC Ituango seguiría hasta el 31 de agosto de 2022. Un plazo que para el mandatario daría tiempo para realizar un empalme con otro constructor.

Sin embargo,no se ha oficializado la prórroga. EPM y CCC Ituango todavía no anuncian de manera conjunta que se selló un acuerdo.