Este martes terminó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del Grupo Sura en donde 3.989 inversionistas, que equivalen al 25,42 % de las acciones en circulación, aceptaron vender al precio ofrecido de US$8,01.
La de Sura es una de las dos OPA presentadas por los Gilinski que apuntan a empresas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). La otra es la de Nutresa, cuyo resultado final reveló que 3.364 inversionistas aceptaron vender, lo que equivale al 27,69% de las acciones en circulación. (Lea: Cierra la OPA de Nutresa: los Gilinski logran el 27,69% de las acciones)
Si bien son dos operaciones diferentes, ambas OPA están conectadas debido al enroque accionario del GEA (todas tienen acciones de todas).
Sin embargo, aunque ya terminaron las ofertas, parece que no todo esta dicho. De acuerdo con las revelaciones del periodista Daniel Coronell, a la Bolsa de Valores de Colombia llegó una comunicación en la que Sura solicita que se tengan en cuenta los dos recursos jurídicos pendientes, uno ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y otro ante la Superintendencia Financiera, antes de adjudicar las acciones que los Gilinski lograron en las OPA.
En el documento Sura reclamó ante la SIC el hecho de que dicha entidad le haya concedido a los Gilinski reserva sobre la información de la existencia de la OPA desde diciembre de 2020. Además, cuestiona la aprobación de la propuesta presentada por Jgdb Holdings, del Grupo Gilinski.
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Sura interpuso el recurso de reposición ante la SIC pues afirma que, al ser afectado directo, tenía derecho a saber. Y sustenta que al haber ocultado la oferta se desconocieron sus derechos y también se impidió que otros actores del mercado participaran en una oferta amistosa, lo que a su vez significa que los vendedores podrían haber recibido más dinero por las acciones.
Por otro lado, en el recurso de reposición ante la Superfinanciera, Sura asegura que se violó el Estatuto Financiero, pues antes de formular la oferta se requería el permiso del superintendente, teniendo en cuenta que está en juego el traslado de más de 10 % de la propiedad de entidades financieras vigiladas.
A este reclamo se suma el hecho de que con la compra de acciones cambia el control de un buen porcentaje de EPS Suramericana, por lo que (argumenta Sura) era necesario el permiso de la Superintendencia de Salud. Ahora, está pendiente la respuesta de la Superfinanciera, quien tendría la potestad para frenar el proceso.
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También vale la pena recordar que no es la primera vez que estos dos grupos empresariales se enfrentan. De hecho, se podría decir que es un nuevo capítulo en una disputa que comenzó en 1997, cuando se dio la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano que dio vida a Bancolombia. Para los Gilinski esta operación desvalorizó fuertemente sus acciones y pidieron una compensación de US$100 millones. Tan solo hasta 2010 las partes (el GEA y los Gilinski) llegaron a un acuerdo. Pero las dos OPA de estas tres últimas semanas demostrarían que la rivalidad nunca terminó.