La producción petrolera del país que se ha resentido por los cortes de vías y las protestas sociales puede recuperarse con el acuerdo al que han llegado los manifestantes y representantes del gobierno y la petrolera Ecopetrol.
En un comunicado, la petrolera colombiana anunció que inició el restablecimiento de sus operaciones en el campo Caño Sur, luego de la firma de un acuerdo con las comunidades que mantenían bloqueados desde el 2 de febrero varios puntos de la vía que comunica al caso urbano de Puerto Gaitán con la vereda Rubiales, en el departamento del Meta.
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Ecopetrol participó en las mesas de diálogo lideradas por organizaciones sociales y comunitarias de la región, junto al viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; la Agencia Nacional de Hidrocarburos; los representantes del gobierno departamental del Meta; y de otras empresas petroleras que operan en la zona.
Los líderes de la protesta exigían el inicio de las obras de pavimentación de 43 kilómetros de la vía entre Alto Neblinas y la vereda Rubiales donde se encuentra la explotación petrolera.
Señala el comunicado que como parte de los acuerdos que se lograron este jueves, se solicitará al Invías iniciar el proceso precontractual y contractual para la pavimentación del punto 6+500, que comprende un tramo de 8 kilómetros.
Dentro de los acuerdos se estableció que la alcaldía de Puerto Gaitán aportará $40 mil millones adicionales para la pavimentación de la vía. Para este tramo, Ecopetrol aportará $42 mil millones que serán ejecutados a través de un convenio con la alcaldía de Puerto Gaitán.
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Ecopetrol explicó que los recursos aportados por la petrolera colombiana están enmarcados en lo dispuesto en el convenio marco suscrito en el año 2022, ya firmado por las partes.
Señala el informe de prensa de Ecopetrol que la compañía propuso la conformación de un equipo técnico con la alcaldía municipal, con el fin de trabajar en un nuevo acuerdo de cooperación para la pavimentación de la vía.
Ecopetrol destacó la mediación de varias entidades estatales, la Defensoría del Pueblo, la Asociación
Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y las autoridades municipales y departamentales, que hicieron posible la firma del acuerdo.