La Procuraduría citó a las directivas de Viva Air a dar explicaciones sobre la crisis que enfrentan actualmente, en pro de “velar por los derechos de los pasajeros, por las condiciones laborales de 1.200 empleados y por el servicio aéreo”.
Por eso el presidente de la aerolínea, Francisco Lalinde, junto con sus abogados, argumentó las razones que llevaron a la suspensión de operaciones a la empresa la semana anterior y que perjudico a cientos de usuarios.
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Entre las explicaciones dadas por el directivo a los procuradores delegados, están la pandemia, la guerra de Ucrania y el desproporcionado aumento de los precios de los combustibles que, según Lalinde, fueron variables que agudizaron la crisis de Viva Air.
Otro de los puntos analizados en la reunión fue el del proceso de integración entre Viva Air y Avianca del que aún persisten muchas dudas, especialmente por parte de la Superintendenca de Industria y Comercio (SIC). Lalinde afirmó que esa movida es la alternativa de salvación. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Aeronáutica Civil, que es quien autoriza o no ese proceso.
En otra mesa de trabajo y haciendo uso de sus acciones preventivas, el ente de control escuchó a la Superintendencia de Transportes, a la Aerocivil y a la SIC sobre las tareas que han adelantado, hasta el momento, para mitigar la crisis causada por el cese de actividades de la aerolínea.
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Allí se informó sobre la reubicación de más de 27.000 pasajeros y la debida orientación de los afectados para entablar sus reclamaciones y demandas ante la SIC, así como los trámites para obtener el reintegro del valor de los tiquetes.
“Las medidas de control adoptadas por la Supertransporte, los tiempos de decisión de la Aeronáutica sobre la integración y la afectación a los trabajadores, además de las medidas adoptadas por la SIC en protección de los derechos de los usuarios y la libre competencia en el sector del transporte aéreo, la Procuraduría ha iniciado sendas averiguaciones con los respectivos procuradores judiciales y delegados para garantizar la legalidad, el debido proceso y la tranquilidad del sector”, aseguró Luis Ramiro Escandón, procurador delegado para la Conciliación Administrativa.
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