En América Latina el 34,5 % de los mayores de 65 años no tienen ingresos

“La crisis de la COVID-19 ha exacerbado los problemas prepandemia y otros han emergido con fuerza, manifestándose nuevamente la necesidad de avanzar, por ejemplo, en la consolidación de sistemas integrales de protección social, incluyendo la protección social frente a la desocupación, mediante la conjunción de prestaciones por desempleo y el acceso a políticas activas del mercado de trabajo para agilizar la inserción laboral y facilitar la transición de la informalidad a la formalidad”. Esa es una de las conclusiones del informe presentado por la OIT que plantea el panorama de la protección social de adultos mayores en América Latina y el Caribe, y que deja ver los retos urgentes que persisten de cara a mejorar la cobertura, suficiencia y sostenibilidad de la seguridad social y económica de este grupo poblacional que fue especialmente afectado en la pandemia.

De acuerdo con el documento, la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9 % en 2019 a 34,6 % en 2020 y 34,5 % en 2021, una brecha de cobertura que se constituye como la más alta desde 2012.

A nivel regional se observa que un 46,8 % de los mayores de 65 años recibe solamente pensión, un 5,1 % recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6 % reporta solo ingreso laboral, en total, solamente el 51,9 % reciben una pensión.

La OIT advirtió que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez. “La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”, recoge el análisis.

La organización afirmó en el informe "Panorama de la protección social" que la protección social es "fundamental" para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales.

Recordó que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una "triada de objetivos": cobertura, en relación a la cantidad de población alcanzada por la protección de riesgos sociales y acceso efectivo a prestaciones suficiencia, el nivel o cuantía de las prestaciones monetarias o en especie, y sostenibilidad, es decir, la capacidad relativa de una economía para afrontar los costos presentes y futuros de un sistema de protección social.

El nuevo documento de la Oficina Regional incluye, además, los 10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe:

1. Recuperar el crecimiento económico.

2. Aumentar el empleo formal.

3. Aumentar y consolidar el espacio fiscal.

4. Consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles.

5. Afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales.

6. Establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país.

7. Incorporar mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial de los regímenes semicontributivos.

8. Lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo.

9. Asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos.

10. Explicitar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los períodos de transición entre políticas.

“La crisis de la COVID-19 ha exacerbado los problemas prepandemia y otros han emergido con fuerza, manifestándose nuevamente la necesidad de avanzar, por ejemplo, en la consolidación de sistemas integrales de protección social, incluyendo la protección social frente a la desocupación, mediante la conjunción de prestaciones por desempleo y el acceso a políticas activas del mercado de trabajo para agilizar la inserción laboral y facilitar la transición de la informalidad a la formalidad”. Esa es una de las conclusiones del informe presentado por la OIT que plantea el panorama de la protección social de adultos mayores en América Latina y el Caribe, y que deja ver los retos urgentes que persisten de cara a mejorar la cobertura, suficiencia y sostenibilidad de la seguridad social y económica de este grupo poblacional que fue especialmente afectado en la pandemia.

De acuerdo con el documento, la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9 % en 2019 a 34,6 % en 2020 y 34,5 % en 2021, una brecha de cobertura que se constituye como la más alta desde 2012.

A nivel regional se observa que un 46,8 % de los mayores de 65 años recibe solamente pensión, un 5,1 % recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6 % reporta solo ingreso laboral, en total, solamente el 51,9 % reciben una pensión.

La OIT advirtió que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez. “La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”, recoge el análisis.

La organización afirmó en el informe "Panorama de la protección social" que la protección social es "fundamental" para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales.

Recordó que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una "triada de objetivos": cobertura, en relación a la cantidad de población alcanzada por la protección de riesgos sociales y acceso efectivo a prestaciones suficiencia, el nivel o cuantía de las prestaciones monetarias o en especie, y sostenibilidad, es decir, la capacidad relativa de una economía para afrontar los costos presentes y futuros de un sistema de protección social.

El nuevo documento de la Oficina Regional incluye, además, los 10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe:

1. Recuperar el crecimiento económico.

2. Aumentar el empleo formal.

3. Aumentar y consolidar el espacio fiscal.

4. Consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles.

5. Afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales.

6. Establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país.

7. Incorporar mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial de los regímenes semicontributivos.

8. Lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo.

9. Asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos.

10. Explicitar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los períodos de transición entre políticas.