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Una persecución implacable contra las personas naturales y jurídicas que le adeudan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha desatado el Gobierno en procura de conseguir al menos $4,2 billones que se encuentran en manos de los morosos.
En la mira de la DIAN se encuentran unas 197.000 empresas y por lo menos 177.000 personas naturales morosas, que pueden terminar en una etapa de embargo de bienes y cuentas, indicó la directora de Ingresos de la entidad estatal, Cecilia Rico Torres. Actualmente se ejecutan alrededor de 34.000 acciones, entre citaciones y visitas a morosos que deben $220.000 millones. Se han concretado unos 10.000 embargos y sólo en Bogotá se perfeccionaron 1.250 medidas de embargo.
La institución espera concretar, para finales de este mes, 20.000 embargos en las cuatro principales ciudades del país. “La DIAN procura que la mayoría de la cartera que recuperemos sea vía persuasiva, sin tener que llegar a las medidas extremas de embargar cuentas o secuestrar los bienes que pueden terminar en remate”, dijo Rico.
Con corte a diciembre de 2016, la cartera morosa con la DIAN ascendía a $4,6 billones. Las mayores deudas se han causado por las obligaciones con el pago del impuesto de renta, con $2,4 billones, y en el cobro del IVA, $1,5 billones; por patrimonio había una cartera morosa de $274.000 millones y por el CREE $94.000 millones.
La funcionaria indicó que por sanciones aduaneras le deben a la DIAN $89.000 millones. En el caso de los tributos aduaneros, para que el importador pueda levantar la mercancía debe estar al día con las obligaciones tributarias.
Por impuesto al consumo le deben a la entidad recaudadora unos $101.000 millones. La directora de ingresos de la DIAN indicó que los deudores se centralizan en el sector del comercio, con obligaciones por $1,4 billones, y en la industria manufacturera se encuentran morosos por $700.000 millones.
Los profesionales independientes y las actividades científicas le deben a la DIAN $400.000 millones y los constructores $220.000 millones.
Rico advirtió que en las siete ciudades principales se hacen acciones de control para verificar que se estén liquidando tarifas como la del 19 %. A este proceso están obligados los comerciantes con ventas anuales superiores a $104,1 millones y que deben estar inscritos en el régimen común. Denunció que la DIAN ha detectado que los responsables del impuesto al consumo lo cobran, pero no cumplen con las obligaciones de presentar la declaración y pagar este gravamen.