¿En qué consiste la nueva ley de innovación agropecuaria?

La ley de innovación agropecuaria fue quizá el mayor logro del Gobierno para el sector rural en el marco del fast-track, pues otros proyectos, como el de adecuación de tierras, se quedaron en la mitad de la discusión, con la esperanza de ser rescatados este año.

La norma, que se planteó en un país en donde cerca de 90 % de los campesinos jamás ha recibido asistencia técnica, ha sido criticada por motivos que parecen opuestos: mientras unos aún señalan que se privatizará el servicio público de extensión agropecuaria -pues se establecen tarifas para su prestación-, otros temían que el sector agroindustrial quedara fuera de la estrategia.

Juan Lucas Restrepo, director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), afirma que no comulga con la visión que pone a los campesinos y agroindustriales como antagonistas, y, por el contrario, se declara satisfecho con la forma como quedó planteada la norma.

En entrevista con El Espectador dio detalles de ésta, la Ley 1876 de 2017, y por qué considera que cambiará la manera en que se hacen y se llevan al campo la formación, la investigación, el desarrollo y la difusión del conocimiento en materia agropecuaria en Colombia.

Los gobernadores, por ejemplo, deberán presentar a las asambleas su estrategia para la extensión agropecuaria junto con los planes departamentales de desarrollo. Según Restrepo, los actuales mandatarios tendrán el 2018 para hacer esta previsión de cara a su último año de gobierno (2019), lo cual será una base sobre la que trabajará también el nuevo Gobierno Nacional.

¿En qué consiste la ley de innovación agropecuaria?

La ley genera un nuevo marco institucional para planificar, integrar y ejecutar tres temas que han estado desarticulados, y que, por lo tanto, han generado bajo impacto en innovación y mejoras en la productividad del sector. Lo primero es la investigación y el desarrollo tecnológico. Ahora se busca que lo que hagamos todos los actores de la capacidad de investigación agropecuaria (Corpoica, universidades, entre otros) lo hagamos atendiendo las demandas y las necesidades más reales, prioritarias y de mayor valor de los agricultores.

 Lo segundo tiene que ver con integrar los temas de formación y de capacitación para la innovación agropecuaria. El Ministerio de Educación, el SENA y en general la institucionalidad, se integra para que lo que se haga en nuevas competencias laborales, en los pensum de carreras agropecuarias, entre otros, se consulte y desarrolle dentro de la ley.

Lo otro, que es central y donde se genera todo el cambio y las mejoras en las condiciones de los productores, es la creación del Subsistema de Extensión Agropecuaria, que busca atender a los más pequeños, pobres, vulnerables, a los más necesitados. Es un servicio de extensión que se basa en las particularidades del territorio. La idea es que lo que se planifique para esos productores (los de un territorio en particular) sea pertinente para lo que hacen, sus necesidades y oportunidades. 

Todo eso se modula en los planes departamentales de extensión agropecuaria, que se formulan de forma concurrente con el plan de desarrollo departamental, los que presentan los nuevos gobernadores a las asambleas cada cuatro años. Ahí se va a planificar la extensión con metas a cuatro años para beneficiarios específicos en territorios específicos.

¿Esto se articula con el ordenamiento productivo que hace la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) sobre la propiedad rural? (Lea: Así planifican el campo y las zidres).

Ese ordenamiento productivo es un insumo estratégico para los planes departamentales de extensión, porque los planes son un consenso donde participan municipios y productores, y eso implica negociación. Lo que produce la Upra es un insumo importantísimo para lograr esos acuerdos y para empezar a planificar esta nueva unidad que es el sistema territorial de innovación, para que atiendan la vocación y unas ventajas comparativas de territorios particulares. La Agencia de Desarrollo Rural jugará un gran papel en la ley, es la que tendrá que ayudar a los entes territoriales a armar metodológicamente y fortalecer capacidades para que los entes territoriales puedan incorporar esta nueva institucionalidad y empoderarse de ella, además porque es la que va a habilitar a los prestadores del servicio de extensión. 

¿Hay reglamentación pendiente para poner en marcha la ley?

Estamos trabajando, liderados por el Ministerio, en una serie de reglamentos que dan detalle a los mandatos de la ley. Es una ley de carácter permanente, no tiene ninguna temporalidad definida y deroga la Ley 607 de 2000. Esperamos que sea la ley que rija la innovación en el sector agropecuario, una ley de primer piso para el desarrollo agropecuario, que ayude a muchas otras leyes y que facilite la financiación y planificación.

¿La ley prevé algún blindaje contra la corrupción?

La ley prevé la combinación de distintas instancias, en distintos niveles, para habilitar a los operadores, que se seleccionan territorialmente, pero se habilitan nacionalmente. Esa combinación busca evitar que haya operadores que no cumplan con los requerimientos, que no certifiquen las competencias laborales particulares para los objetivos del servicio. La definición de las metas cuatrienales de la extensión se hace en un acuerdo que coordinan los departamentos, pero participan los productores y los consejos municipales de desarrollo rural. Al haber tantas instancias participando se evita esa corrupción o los intereses individuales de un gobernador, de un director de agencia y otros. La ley genera esos contrapesos.

¿Hay alguna priorización de quiénes accederán primero a los servicios?

El servicio es de carácter voluntario. Un productor debe inscribirse o aceptar que lo inscriban para ser beneficiario del servicio. Eso genera un gran registro de beneficiarios. La ley prevé una priorización, no de quién es más importante que otros, sino cómo se priorizan los recursos públicos para esos beneficiarios. Hay reglas muy claras en términos de progresividad: entre más pequeño o vulnerable o si son beneficiarios del fondo de tierras o de las distintas políticas del acuerdo de La Habana, habrá mayor priorización en la asignación de los recursos. Inclusive para los Sisbén se plantea gratuidad, que no hay un cobro de una parte del servicio; para productores más avanzados o con buenos resultados, que quieran participar, hay una tasa y tendrán que hacer una contribución para que el sistema sea más sostenible, pero entendiendo que siempre es el Estado el que pone la carga fuerte del costo de la prestación del servicio de extensión.

La ley de innovación agropecuaria fue quizá el mayor logro del Gobierno para el sector rural en el marco del fast-track, pues otros proyectos, como el de adecuación de tierras, se quedaron en la mitad de la discusión, con la esperanza de ser rescatados este año.

La norma, que se planteó en un país en donde cerca de 90 % de los campesinos jamás ha recibido asistencia técnica, ha sido criticada por motivos que parecen opuestos: mientras unos aún señalan que se privatizará el servicio público de extensión agropecuaria -pues se establecen tarifas para su prestación-, otros temían que el sector agroindustrial quedara fuera de la estrategia.

Juan Lucas Restrepo, director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), afirma que no comulga con la visión que pone a los campesinos y agroindustriales como antagonistas, y, por el contrario, se declara satisfecho con la forma como quedó planteada la norma.

En entrevista con El Espectador dio detalles de ésta, la Ley 1876 de 2017, y por qué considera que cambiará la manera en que se hacen y se llevan al campo la formación, la investigación, el desarrollo y la difusión del conocimiento en materia agropecuaria en Colombia.

Los gobernadores, por ejemplo, deberán presentar a las asambleas su estrategia para la extensión agropecuaria junto con los planes departamentales de desarrollo. Según Restrepo, los actuales mandatarios tendrán el 2018 para hacer esta previsión de cara a su último año de gobierno (2019), lo cual será una base sobre la que trabajará también el nuevo Gobierno Nacional.

¿En qué consiste la ley de innovación agropecuaria?

La ley genera un nuevo marco institucional para planificar, integrar y ejecutar tres temas que han estado desarticulados, y que, por lo tanto, han generado bajo impacto en innovación y mejoras en la productividad del sector. Lo primero es la investigación y el desarrollo tecnológico. Ahora se busca que lo que hagamos todos los actores de la capacidad de investigación agropecuaria (Corpoica, universidades, entre otros) lo hagamos atendiendo las demandas y las necesidades más reales, prioritarias y de mayor valor de los agricultores.

 Lo segundo tiene que ver con integrar los temas de formación y de capacitación para la innovación agropecuaria. El Ministerio de Educación, el SENA y en general la institucionalidad, se integra para que lo que se haga en nuevas competencias laborales, en los pensum de carreras agropecuarias, entre otros, se consulte y desarrolle dentro de la ley.

Lo otro, que es central y donde se genera todo el cambio y las mejoras en las condiciones de los productores, es la creación del Subsistema de Extensión Agropecuaria, que busca atender a los más pequeños, pobres, vulnerables, a los más necesitados. Es un servicio de extensión que se basa en las particularidades del territorio. La idea es que lo que se planifique para esos productores (los de un territorio en particular) sea pertinente para lo que hacen, sus necesidades y oportunidades. 

Todo eso se modula en los planes departamentales de extensión agropecuaria, que se formulan de forma concurrente con el plan de desarrollo departamental, los que presentan los nuevos gobernadores a las asambleas cada cuatro años. Ahí se va a planificar la extensión con metas a cuatro años para beneficiarios específicos en territorios específicos.

¿Esto se articula con el ordenamiento productivo que hace la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) sobre la propiedad rural? (Lea: Así planifican el campo y las zidres).

Ese ordenamiento productivo es un insumo estratégico para los planes departamentales de extensión, porque los planes son un consenso donde participan municipios y productores, y eso implica negociación. Lo que produce la Upra es un insumo importantísimo para lograr esos acuerdos y para empezar a planificar esta nueva unidad que es el sistema territorial de innovación, para que atiendan la vocación y unas ventajas comparativas de territorios particulares. La Agencia de Desarrollo Rural jugará un gran papel en la ley, es la que tendrá que ayudar a los entes territoriales a armar metodológicamente y fortalecer capacidades para que los entes territoriales puedan incorporar esta nueva institucionalidad y empoderarse de ella, además porque es la que va a habilitar a los prestadores del servicio de extensión. 

¿Hay reglamentación pendiente para poner en marcha la ley?

Estamos trabajando, liderados por el Ministerio, en una serie de reglamentos que dan detalle a los mandatos de la ley. Es una ley de carácter permanente, no tiene ninguna temporalidad definida y deroga la Ley 607 de 2000. Esperamos que sea la ley que rija la innovación en el sector agropecuario, una ley de primer piso para el desarrollo agropecuario, que ayude a muchas otras leyes y que facilite la financiación y planificación.

¿La ley prevé algún blindaje contra la corrupción?

La ley prevé la combinación de distintas instancias, en distintos niveles, para habilitar a los operadores, que se seleccionan territorialmente, pero se habilitan nacionalmente. Esa combinación busca evitar que haya operadores que no cumplan con los requerimientos, que no certifiquen las competencias laborales particulares para los objetivos del servicio. La definición de las metas cuatrienales de la extensión se hace en un acuerdo que coordinan los departamentos, pero participan los productores y los consejos municipales de desarrollo rural. Al haber tantas instancias participando se evita esa corrupción o los intereses individuales de un gobernador, de un director de agencia y otros. La ley genera esos contrapesos.

¿Hay alguna priorización de quiénes accederán primero a los servicios?

El servicio es de carácter voluntario. Un productor debe inscribirse o aceptar que lo inscriban para ser beneficiario del servicio. Eso genera un gran registro de beneficiarios. La ley prevé una priorización, no de quién es más importante que otros, sino cómo se priorizan los recursos públicos para esos beneficiarios. Hay reglas muy claras en términos de progresividad: entre más pequeño o vulnerable o si son beneficiarios del fondo de tierras o de las distintas políticas del acuerdo de La Habana, habrá mayor priorización en la asignación de los recursos. Inclusive para los Sisbén se plantea gratuidad, que no hay un cobro de una parte del servicio; para productores más avanzados o con buenos resultados, que quieran participar, hay una tasa y tendrán que hacer una contribución para que el sistema sea más sostenible, pero entendiendo que siempre es el Estado el que pone la carga fuerte del costo de la prestación del servicio de extensión.