[En vivo] Control político a Mintic: Abudinen dice que fiducia debe responder
En la cita con la Comisión Sexta de Senado, Karen Abudinen anunció que, tras la caducidad, ETB asumirá la conexión de las escuelas rurales.
Este martes en la Comisión Sexta de Senado se lleva a cabo el debate de control político a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el que el tema central es el escándalo del contratista Centros Poblados, unión temporal que está siendo investigada por la presentación de garantías bancarias presuntamente falsas para un contrato con el Estado cuyo objetivo era la conexión a internet y la operación de más de 7.000 sitios rurales por 11,5 años.
En el desarrollo del debate, la ministra TIC, que calificó a los integrantes de la unión temporal como “delincuentes” que le hicieron trampa al Estado, anunció que la conexión de las escuelas rurales que estaba a cargo de Centros Poblados quedará en manos de ETB, el proponente que resultó en segundo lugar, después de Centros Poblados, en el proceso de licitación.
Vale la pena recordar que las más de 14.000 escuelas rurales fueron adjudicadas al operador Claro, que, por medio de un contrato, está a cargo de una de las regiones por conectar, y a Centros Poblados, que, a través de un contrato diferente, quedó a cargo de la otra región. Lea más sobre esto en: Tras licitación del Mintic buscarán conectar a internet más de 14.000 sitios rurales
Tras haber dejado en firme la caducidad del contrato con Centros Poblados (la mayor sanción en materia contractual), dijo la ministra TIC, lo que procede es entregar la responsabilidad al siguiente proponente en la lista.
Lea más sobre esto: En firme caducidad de contrato de $1 billón que tiene contra las cuerdas a Mintic
Se espera que Abudinen se enfrente el próximo 3 de septiembre en el Congreso a un debate de moción de censura en su contra.
El asunto del anticipo
En el debate, la funcionaria expresó que pese al “maltrato” que ha sufrido en los últimos días por cuenta de este escándalo, se presentó para “dar la cara” al país, y aseguró que es necesario precisar que los $70.000 millones (6,2 % del valor del contrato) dados en anticipo para la ejecución no fueron entregados por ella o el Ministerio al contratista, sino desembolsados a la fiducia del contrato, en el BBVA.
En ese sentido, dijo que le pedirá respuestas a la fiducia, pues, según lo expuesto por la funcionaria, el desembolso, que terminó en una cuenta en Estados Unidos, fue aprobado por el comité fiduciario (en el que participan el contratista, la interventoría, el banco, el garante y el supervisor del contrato) con un certificado bancario de 2017, es decir, más que desactualizado, y sin tres cotizaciones requeridas.
“Buena fe”
Sobre cómo están intentando recuperar el dinero, la ministra explicó que se han encontrado $5.000 millones en cuentas y $25.000 millones en embargos. Dijo que, además, acudirán a las pólizas de responsabilidad de la fiducia, el interventor y la firma SES Colombia, que en su momento fue la que, contratada por el Mintic para analizar la matriz de riesgos, le aseguró a la cartera que las garantías bancarias de Centros Poblados cumplían con las condiciones.
Una vez requerida por el Mintic, luego de que se supiera el asunto de las presuntas garantías falsas, SES Colombia le respondió al Ministerio que la autenticidad de un documento se presume como tal mientras que nadie lo haya tachado de falso. “Nadie nos alertó (durante la licitación)”, dijo Abudinen en referencia al proceso en el que participaron, en total, 10 proponentes. “Estamos yendo hasta las últimas consecuencias con ellos (SES Colombia)”, señaló la funcionaria.
Tras su intervención, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, le agradeció a la ministra por haber atendido la citación de la Comisión VI sin dilaciones. Dijo que reconoce su “actuar” ante esta situación “crítica y desconcertante”, pues, señaló Castañeda, fue ella la primera en dar a conocer los hechos ilícitos que se denuncian, que finalmente llevaron a declarar la caducidad del contrato.
Sin embargo, le cuestionó si las pólizas del interventor, la fiducia o SES Colombia no serán “chimbas” también. Asimismo, si de todas formas lo dicho por SES Colombia no fue revisado por el Ministerio.
Le puede interesar: Refuerzan medidas para evitar fraude de garantías en procesos de contratación
¿Cómo seguirá el contrato?
La licitación de los llamados 10.000 centros digitales (que resultaron ser más de 14.000) fue adjudicada en diciembre pasado. Esto, a pesar del escándalo que causó el hecho de que el asesor de uno de los proponentes fuera, al mismo tiempo, asesor de la ministra. La funcionaria fue recusada por este hecho, recusación que fue desestimada por el consejo de ministros. En el debate de control político de este martes, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, no dejó de recordar ese episodio y cuestionar la incidencia que tuvo en la transparencia del proceso.
Lea más sobre esto: Rechazan recusación contra ministra TIC por presunto conflicto de interés en licitación
En la adjudicación, se lograron compromisos para cubrir 14.745 en los 32 departamentos, es decir, más de 4.000 puntos adicionales a los esperados por el Gobierno.
El proceso se dividió en dos regiones. Claro, con un puntaje de 100 puntos (de 100 posibles), obtuvo la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. Ese proponente ofreció 2800 centros conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (la velocidad mínima era incialmente de 6 mbps, por lo que dicho valor quedaría en 12 mbps), para un total de 7.468 centros conectados por 11,5 años y un valor de $1,06 billones.
La región B, compuesta por Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, con un puntaje también de 100 puntos, fue adjudicada a la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, el contratista ahora investigado. La UT está conformada por cuatro integrantes (Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros, cuyo vínculo con Emilio Tapia ha sido denunciado; Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora). El proponente ofreció 2526 centros adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (es decir, 12 mbps como mínimo), para un total de 7.277 centros conectados durante 11,5 años, por un valor de $1,07 billones.
Ahora, la ministra TIC informó que la unión temporal ETB NET (ETB y Skynet) es el que tiene la opción de asumir la conectividad de las escuelas rurales. ETB, sin embargo, durante el proceso de licitación ofreció 688 puntos menos que Centros Poblados, por lo que aún no es claro cómo se cubrirían o si quedarían sin conexión.
Durante su presentación, la ministra expuso que “es decisión de ETB negociar con la UT en caso que (sic) ellos quieran adquirir los equipos que ya se encuentran en las instituciones educativas”.
Terminado el debate de control político, ETB emitió un comunicado en el que señala que, junto con Skynet, mantiene su oferta y está dispuesta a asumir el contrato. Lea más en: ETB, dispuesta a asumir contrato de internet rural tras escándalo en Mintic
Revelado el escándalo, Centros Poblados se defendió diciendo precisamente que los $70.000 millones del anticipo no estaban “embolatados” porque con ese dinero habían comprado equipos de telecomunicaciones, eléctricos, de energía solar, materiales de ferretería e infraestructura. Productos comprados a Inelsa SAS, a la que pagó $58.000 millones, y a Inelsa, desembolsando $11.000 millones.
Sin embargo, luego surgieron nuevas denuncias, como la relacionada con una supuesta falsificación de firma para que el dinero del anticipo llegara a Nuovo Security, en Estados Unidos, adonde no entró un centavo, según expuso uno de los fundadores de la empresa. Lea más sobre esto: Contrato Mintic: empresario asegura que existe otra suplantación en un anticipo
Asimismo, Centros Poblados dijo que había sido asaltada en su buena fe, pues confiaba en que la garantía que obtuvieron a través de un intermediario era real y que funcionarios del banco Itaú (supuesto emisor de la garantía) habían participado, hechos que, dijeron los voceros de la UT, fueron denunciados también ante la Fiscalía.
Este martes en la Comisión Sexta de Senado se lleva a cabo el debate de control político a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el que el tema central es el escándalo del contratista Centros Poblados, unión temporal que está siendo investigada por la presentación de garantías bancarias presuntamente falsas para un contrato con el Estado cuyo objetivo era la conexión a internet y la operación de más de 7.000 sitios rurales por 11,5 años.
En el desarrollo del debate, la ministra TIC, que calificó a los integrantes de la unión temporal como “delincuentes” que le hicieron trampa al Estado, anunció que la conexión de las escuelas rurales que estaba a cargo de Centros Poblados quedará en manos de ETB, el proponente que resultó en segundo lugar, después de Centros Poblados, en el proceso de licitación.
Vale la pena recordar que las más de 14.000 escuelas rurales fueron adjudicadas al operador Claro, que, por medio de un contrato, está a cargo de una de las regiones por conectar, y a Centros Poblados, que, a través de un contrato diferente, quedó a cargo de la otra región. Lea más sobre esto en: Tras licitación del Mintic buscarán conectar a internet más de 14.000 sitios rurales
Tras haber dejado en firme la caducidad del contrato con Centros Poblados (la mayor sanción en materia contractual), dijo la ministra TIC, lo que procede es entregar la responsabilidad al siguiente proponente en la lista.
Lea más sobre esto: En firme caducidad de contrato de $1 billón que tiene contra las cuerdas a Mintic
Se espera que Abudinen se enfrente el próximo 3 de septiembre en el Congreso a un debate de moción de censura en su contra.
El asunto del anticipo
En el debate, la funcionaria expresó que pese al “maltrato” que ha sufrido en los últimos días por cuenta de este escándalo, se presentó para “dar la cara” al país, y aseguró que es necesario precisar que los $70.000 millones (6,2 % del valor del contrato) dados en anticipo para la ejecución no fueron entregados por ella o el Ministerio al contratista, sino desembolsados a la fiducia del contrato, en el BBVA.
En ese sentido, dijo que le pedirá respuestas a la fiducia, pues, según lo expuesto por la funcionaria, el desembolso, que terminó en una cuenta en Estados Unidos, fue aprobado por el comité fiduciario (en el que participan el contratista, la interventoría, el banco, el garante y el supervisor del contrato) con un certificado bancario de 2017, es decir, más que desactualizado, y sin tres cotizaciones requeridas.
“Buena fe”
Sobre cómo están intentando recuperar el dinero, la ministra explicó que se han encontrado $5.000 millones en cuentas y $25.000 millones en embargos. Dijo que, además, acudirán a las pólizas de responsabilidad de la fiducia, el interventor y la firma SES Colombia, que en su momento fue la que, contratada por el Mintic para analizar la matriz de riesgos, le aseguró a la cartera que las garantías bancarias de Centros Poblados cumplían con las condiciones.
Una vez requerida por el Mintic, luego de que se supiera el asunto de las presuntas garantías falsas, SES Colombia le respondió al Ministerio que la autenticidad de un documento se presume como tal mientras que nadie lo haya tachado de falso. “Nadie nos alertó (durante la licitación)”, dijo Abudinen en referencia al proceso en el que participaron, en total, 10 proponentes. “Estamos yendo hasta las últimas consecuencias con ellos (SES Colombia)”, señaló la funcionaria.
Tras su intervención, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, le agradeció a la ministra por haber atendido la citación de la Comisión VI sin dilaciones. Dijo que reconoce su “actuar” ante esta situación “crítica y desconcertante”, pues, señaló Castañeda, fue ella la primera en dar a conocer los hechos ilícitos que se denuncian, que finalmente llevaron a declarar la caducidad del contrato.
Sin embargo, le cuestionó si las pólizas del interventor, la fiducia o SES Colombia no serán “chimbas” también. Asimismo, si de todas formas lo dicho por SES Colombia no fue revisado por el Ministerio.
Le puede interesar: Refuerzan medidas para evitar fraude de garantías en procesos de contratación
¿Cómo seguirá el contrato?
La licitación de los llamados 10.000 centros digitales (que resultaron ser más de 14.000) fue adjudicada en diciembre pasado. Esto, a pesar del escándalo que causó el hecho de que el asesor de uno de los proponentes fuera, al mismo tiempo, asesor de la ministra. La funcionaria fue recusada por este hecho, recusación que fue desestimada por el consejo de ministros. En el debate de control político de este martes, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, no dejó de recordar ese episodio y cuestionar la incidencia que tuvo en la transparencia del proceso.
Lea más sobre esto: Rechazan recusación contra ministra TIC por presunto conflicto de interés en licitación
En la adjudicación, se lograron compromisos para cubrir 14.745 en los 32 departamentos, es decir, más de 4.000 puntos adicionales a los esperados por el Gobierno.
El proceso se dividió en dos regiones. Claro, con un puntaje de 100 puntos (de 100 posibles), obtuvo la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. Ese proponente ofreció 2800 centros conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (la velocidad mínima era incialmente de 6 mbps, por lo que dicho valor quedaría en 12 mbps), para un total de 7.468 centros conectados por 11,5 años y un valor de $1,06 billones.
La región B, compuesta por Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, con un puntaje también de 100 puntos, fue adjudicada a la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, el contratista ahora investigado. La UT está conformada por cuatro integrantes (Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros, cuyo vínculo con Emilio Tapia ha sido denunciado; Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora). El proponente ofreció 2526 centros adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (es decir, 12 mbps como mínimo), para un total de 7.277 centros conectados durante 11,5 años, por un valor de $1,07 billones.
Ahora, la ministra TIC informó que la unión temporal ETB NET (ETB y Skynet) es el que tiene la opción de asumir la conectividad de las escuelas rurales. ETB, sin embargo, durante el proceso de licitación ofreció 688 puntos menos que Centros Poblados, por lo que aún no es claro cómo se cubrirían o si quedarían sin conexión.
Durante su presentación, la ministra expuso que “es decisión de ETB negociar con la UT en caso que (sic) ellos quieran adquirir los equipos que ya se encuentran en las instituciones educativas”.
Terminado el debate de control político, ETB emitió un comunicado en el que señala que, junto con Skynet, mantiene su oferta y está dispuesta a asumir el contrato. Lea más en: ETB, dispuesta a asumir contrato de internet rural tras escándalo en Mintic
Revelado el escándalo, Centros Poblados se defendió diciendo precisamente que los $70.000 millones del anticipo no estaban “embolatados” porque con ese dinero habían comprado equipos de telecomunicaciones, eléctricos, de energía solar, materiales de ferretería e infraestructura. Productos comprados a Inelsa SAS, a la que pagó $58.000 millones, y a Inelsa, desembolsando $11.000 millones.
Sin embargo, luego surgieron nuevas denuncias, como la relacionada con una supuesta falsificación de firma para que el dinero del anticipo llegara a Nuovo Security, en Estados Unidos, adonde no entró un centavo, según expuso uno de los fundadores de la empresa. Lea más sobre esto: Contrato Mintic: empresario asegura que existe otra suplantación en un anticipo
Asimismo, Centros Poblados dijo que había sido asaltada en su buena fe, pues confiaba en que la garantía que obtuvieron a través de un intermediario era real y que funcionarios del banco Itaú (supuesto emisor de la garantía) habían participado, hechos que, dijeron los voceros de la UT, fueron denunciados también ante la Fiscalía.