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“La vejez no es un riesgo, es una certeza”, asegura Óscar Becerra, profesor de Economía de la Universidad de los Andes. A la luz de esa premisa, las pensiones son fundamentales: está en juego el futuro de todos los colombianos. Este año el país ha hablado sobre el tema, pero no en los mejores términos: si bien los ataques son más atractivos que los argumentos técnicos, los resultados serán mejores si este debate se da con lo segundo y no con lo primero.
El sistema pensional colombiano tiene muchos problemas, entre ellos la inequidad. Por un lado, el 73 % de los subsidios del Estado en el régimen público van al 40 % de las personas que tienen más dinero, según Fedesarrollo; por el otro, la competencia entre regímenes afecta a los afiliados, que muchas veces se quedan en el lado que menos les conviene. Pero el mayor problema es, sin duda, que el sistema no cumple su objetivo: solo uno de cada cuatro adultos mayores logra una pensión. Aunque la cifra se repite en todos los escenarios y publicaciones, el país no acaba de dimensionar las implicaciones de que el 75 % de la población mayor no tenga una pensión.
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Pobreza y vejez
Analizar el programa Colombia Mayor, destinado a las personas más vulnerables que cumplen ciertos criterios, permite asomarse a la realidad de quienes no se pensionan. Entonces, uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión, otro recibe el subsidio de $80.000 al mes y los dos restantes no reciben nada. Según el último estudio de impacto, realizado por la Unión Temporal Econometría entre 2015 y 2016, el programa “no genera impactos importantes sobre niveles estructurales de pobreza, ni en las condiciones de dignidad de la vejez”, pero sí mejora las condiciones de vida tanto de las personas como de sus hogares.
Gracias a ese ingreso, que en el momento del estudio era de $45.000 a $70.000 cada dos meses, muchos pudieron desayunar, almorzar o comer. El dinero que se entrega no es suficiente, no se puede vivir con $80.000 al mes, pero lo cierto es que el programa deja resultados interesantes. La propuesta de la Misión de Empleo es avanzar hacia programas de protección social universal y Colombia Mayor “ya tiene el germen de una pensión de esta naturaleza”.
Al panorama se suma un factor difícil de ignorar. Como explica Carlos Cano, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Universitario San Ignacio, el envejecimiento poblacional y el aumento en la expectativa de vida implican que las demandas de cuidado serán cada vez mayores. Según el DANE, en 2020 había en Colombia 7,1 millones de personas mayores, que representaban el 13,9 % de la población; para 2050 se estima que serán 15,3 millones (el 24,7 % de la población). ¿Qué significa esto? Que debemos prepararnos y mejorar la cobertura del sistema; de lo contrario, cada vez habrá más personas sin ingresos económicos en la vejez y más pobreza.
Por su parte, Roberto Angulo, economista y socio fundador de la firma Inclusión SAS, sostiene que en el adulto mayor “se conjugan las fallas en todo el ciclo de vida: la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral y la baja cobertura del sistema de pensiones”. En 2020, el 28,4 % de las personas mayores se encontraba en hogares en situación de pobreza monetaria; es decir, sin ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, y el 18 % estaba en pobreza multidimensional, según datos recopilados en el documento “Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación”, del DANE y la Fundación Saldarriaga Concha.
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En los hogares donde solo habitan personas mayores, el ingreso promedio mensual es de $1’844.000, frente a los hogares donde no habitan adultos mayores, que tienen un ingreso promedio de $2’175.000. Ahora bien, Angulo llama la atención sobre la importancia de tener más información específica de esta población, teniendo en cuenta que los datos de pobreza utilizan como unidad de análisis el hogar.
Si bien este no es el grupo poblacional más pobre, como explica Cano, la pobreza sí los golpea con fuerza porque tienen menos herramientas para enfrentarla: “Con el envejecimiento, las necesidades básicas aumentan; por ejemplo, la necesidad de cuidado. Es un grupo vulnerable porque no tiene protección del Estado”. El 18,7 % de los adultos mayores tiene discapacidad; el 40,7 % de estas tiene dificultades para moverse, caminar o subir y bajar escaleras.
Caminos de reforma
El presidente Gustavo Petro ha dado algunas pinceladas de lo que será su reforma pensional: un sistema de pilares y $500.000 para las personas que no tienen pensión son algunas de las propuestas. En campaña, se habló de que los afiliados cotizarían hasta cuatro salarios mínimos en Colpensiones y los demás en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, más allá de alborotar el avispero, el Gobierno no ha dado detalles de la anhelada reforma.
Para Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, la gran pregunta es cómo se van a financiar esos $500.000; de ahí que la solicitud al Gobierno es que los pronunciamientos sean más claros, incluso para evitar el pánico. Como dice Becerra, la reforma pensional se parece más a manejar un barco que a conducir un carro: “Si giramos hoy el timón, los resultados se verán en diez o veinte años. Es tentadora una reforma atractiva en el corto plazo, pero hay que pensar en las consecuencias”.
Ambos expertos coinciden en que, si se mantiene la propuesta de campaña, la cotización hasta cuatro salarios mínimos en Colpensiones prácticamente acabaría con las AFP, pues el 96 % de la población cumple con esa característica. Olivera agrega que ese escenario generaría problemas fiscales, ya que en el corto plazo implica traer recursos a Colpensiones, pero, teniendo en cuenta cómo se calcula la pensión, “cualquier peso que entre ahora generará una deuda porque hay que dar subsidio más adelante”.
Por eso y para eliminar la regresividad, expertos han recomendado que el límite en el sistema público sea de un salario mínimo. Tanto Becerra como Olivera aseguran que el problema de sostenibilidad en Colpensiones no es grave por una razón perversa: la gente no se está pensionando. Además, hay un acuerdo en que el Estado debe dar subsidios, pero también en que estos deben ir a quienes más los necesitan. En el documento “Regresivo, excluyente e ineficiente. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones?”, investigadores de la Universidad de los Andes (incluido Becerra) revelan que del presupuesto general de la nación en 2020, por cada peso que se destinó a Colombia Mayor, se destinaron $9,5 para un pensionado de Colpensiones y $30 para un pensionado de los Fondos de Pensiones Públicas (FOPEP).
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Así las cosas, la premisa debe ser aumentar la cobertura, pero con un sistema sostenible. Para eso, la reforma pensional debe ir de la mano de una reforma laboral que permita que más personas estén incluidas en el sistema y puedan ahorrar para su vejez. La Misión de Empleo dejó claro que hay un tránsito constante entre la formalidad y la informalidad, por eso la mayoría no puede cumplir con los requisitos para una pensión. De hecho, el análisis plantea que el trabajador promedio tendría que laborar 58 años para jubilarse en Colpensiones y 52 en una AFP.
David Cuervo, director de Bienestar Financiero y Patrimonial para Mercer Andina, Centroamérica y el Caribe, considera que hay que “deslaboralizar la protección social” para que el sistema deje de ser excluyente. “Se podrían plantear sistemas de protección social a la vejez a través del consumo, por ejemplo. No se trata de escoger entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el Régimen de Prima Media; hay que repensar el sistema”.
Y Olivera suma que la legislación actual se aleja de la realidad laboral. Es el caso de los cafeteros, que tienen dos cosechas al año, pero para tener pensión se les pide cotizar mes a mes. Ante la resistencia de las centrales obreras que quieren evitar la pauperización del trabajo, los expertos indican que el tema hay que abordarlo y buscar estrategias de control.
Tampoco se puede ignorar que hay una brecha de género en las pensiones. Según el DANE, el 25,5 % del total de personas en edad de pensión la reciben. Para los hombres la cifra es del 30,8 %, mientras que para las mujeres es del 22,4 %.
Más allá de la pensión
Para Juan Pablo Alzate, líder de programas de la Fundación Saldarriaga Concha, hablar de pensiones no es suficiente; es necesario brindar garantías de participación social, trabajo y emprendimiento. El 20,2 % de las mujeres mayores y el 48,7 % de los hombres mayores participaron en el mercado laboral en 2020, en ese mismo año, el 18 % de propietarios de micronegocios eran personas mayores (el 68 % son hombres).
El documento realizado por el DANE y la fundación concluye que esta población también enfrenta ciertas barreras en la inclusión laboral, especialmente las mujeres. Vale agregar que la inequidad en la división del trabajo no remunerado se mantiene en los mayores de 60 años: mientras los hombres dedican en promedio dos horas y doce minutos a estas labores, las mujeres dedican cuatro horas y cinco minutos.
Según el análisis, la participación en los mercados de trabajo (sea a través del empleo o del emprendimiento) les permite a quienes no tienen mecanismos de protección económica seguir generando ingresos, y quienes sí los tienen pueden poner su experiencia al servicio de las empresas. Sin embargo, el 17 % de las personas mayores en Co lombia están excluidas y no pueden acceder a los medios que les garanticen un conjunto mínimo de oportunidades sociales y productivas, según el índice multidimensional de inclusión social y productiva realizado en 2019 por la Fundación Saldarriaga Concha e Inclusión SAS.
Al respecto, el líder de proyectos indica que la inclusión digital es un tema crucial que tiene que ver con la pobreza y la exclusión. La mayoría de esta población (63,7 %) no usa internet; la principal razón es que no saben cómo hacerlo (60,5 %). Con la pandemia, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tomó más relevancia. Cerrar esta brecha implica ampliar oportunidades de trabajo, pero también autonomía para poder hacer cosas como pedir una cita médica.
Avanzar en ese camino es vital y parte del problema está en el discurso. “Las personas mayores trabajan. Un ejemplo de que pueden desempeñarse en cualquier cargo es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No hay que asociar la vejez con enfermedad”. Alzate afirma que podemos empezar por el lenguaje: dejar de usar diminutivos como “viejitos” y no llamarlos “abuelitos”, porque no todos tienen nietos.
Queda mucho por decir sobre la situación económica de las personas mayores en Colombia. La discusión sobre pensiones, como casi cualquier tema, está llena de intereses económicos y políticos, pero no puede desviarse el debate. No son solo los adultos mayores de hoy los afectados o beneficiados con las decisiones que se tomen (o se dejen de tomar) porque, como dijo Becerra, la vejez es una certeza.
Algunos datos:
1. Colombia Mayor no genera impactos importantes sobre niveles estructurales de pobreza, pero sí mejora las condiciones de vida de las personas.
2. Con la pandemia, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tomó más relevancia, pero la mayoría de esta población (63,7 %) no usa internet.
3. Del presupuesto de 2020, por cada peso que se destinó a Colombia Mayor, se destinaron $9,5 para un pensionado de Colpensiones y $30 para uno de los FOPEP.
4. En 2020 había 7,1 millones de personas mayores, que representaban el 13,9 % de la población; para 2050 se estima que serán 15,3 millones (el 24,7 % de la población).