Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Durante la etapa de socialización del proyecto con el que Empresas Públicas de Medellín (EPM) pretende que se le autorice la venta de participaciones accionarias, el gerente general Jorge Londoño De la Cuesta hizo énfasis en que la industrial seguirá siendo propiedad del municipio de Medellín.
Lea también: Ahorro y desinversión, estrategias de EPM para obtener liquidez
“La venta de activos en ningún momento significa que EPM va a perder su condición de empresa 100% pública. El Concejo de Medellín y toda la comunidad pueden tener total tranquilidad en este aspecto”, aseguró Londoño.
Con el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018, la empresa espera que el Concejo apruebe la venta de unos $4 billones en activos que serían destinados para realizar las reparaciones en Hidroituango.
Con el fin de garantizar la calidad de los servicios públicos y mejorar la infraestructura, EPM afirma que necesitará aproximadamente $7 billones para los próximos 3 años.
De esta cifra total se requerirían entre $3,5 y $4 billones por el menor ingreso a raíz del retraso en la entrada en operación del proyecto. Para este caso, EPM vendería la participación minoritaria en ISA (10,17%), más otras participaciones no estratégicas para el Grupo EPM en Colombia, sumado a los activos en Chile, Aguas Antofagasta, el Parque Eólico Los Cururos y otros negocios asociados.
El costo aproximado de la recuperación técnica sería de $2 billones, que esperan cubrir aplazando inversiones en proyectos de generación de energía y de infraestructura de servicios públicos que no son prioritarios.
El billón restante, que saldría de reducción de costos de EMP, sería para suplir los gastos sociales.
La empresa se comprometió a continuar participando en foros abiertos a la comunidad para explicar la situación, incluyendo gremios, universidades e integrantes del Concejo de Medellín.
Lea también: Por Hidroituango, Moody's modificó la calificación financiera de EPM
Londoño también resaltó que seguirán garantizando la correcta prestación de servicios en los lugares donde tienen presencia y brindarán cobertura y prestación de servicios públicos a nuevas viviendas y empresas.