'Era evidente el libreto': Minagricultura sobre evento que convocó el procurador

El pasado 5 de abril, se llevó a cabo un evento en Sabanas de San Ángel, Magdalena, al que, según Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura fue invitado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. El objetivo era discutir la política que ejecuta la Unidad de Restitución de Tierras, creada en 2011 en el marco de la Ley de Víctimas (1448).

“Para hacer seguimiento a la política de restitución de tierras, aceptamos la invitación del señor procurador, en el marco de sus competencias”, dijo el viceministro. “Pero la forma como se llevó a cabo la reunión, a juicio del Gobierno, no fue la más adecuada ya que se realizaron una serie de intervenciones que no buscaban el propósito al que fuimos citados”.

Según Díaz Granados, hubo intervenciones “pasadas de tono”, como la del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien en los últimos días ha lanzado duras críticas al Gobierno por la dilación de la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado. De esa reunión depende llegar a un acuerdo en el marco de la reorganización empresarial de los frigoríficos Friogán. (Lea: Fedegán dice que Minagricultura “prevarica por omisión”)

El Espectador pudo conocer un video en el que Lafaurie asegura que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”, en clara alusión al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

Eso, precisamente, fue lo que levantó ampolla en el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, entidades que anunciaron que no aceptarán la invitación de este domingo 10 de abril para participar en un evento similar, en San Alberto, Cesar, a menos de que haya “las garantías” de que el episodio no se repetirá.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, enfatizó en que no van a permitir “que a los millones de víctimas que ha dejado el conflicto se les tilde de guerrilleras y menos en un evento donde están todas las instituciones del Estado”, al referirse al episodio en San Ángel, cuya ubicación el mismo Sabogal definió como en el corazón del despojo y el paramilitarismo.

El viceministro Díaz Granados aseguró que la intervención del procurador Ordóñez el martes pasado fue la única de la que se pueden rescatar puntos para discutir, pero bajo otras condiciones. Resaltó también la que, para él, fue una sorprendente logística durante el evento que dio lugar a las intervenciones “pasadas de tono” en San Ángel. Afirmó que era “evidente el libreto” y que todo estuvo pensado de antemano en las arremetidas.

Ese tipo de situaciones, según los funcionarios, tiene implicaciones de seguridad no sólo para ellos sino para la comunidad. De acuerdo con el Gobierno, en el Magdalena hoy se cuentan más de 160 denuncias por amenazas a personas relacionadas con el aspecto administrativo de la restitución o contra quienes reclaman.

Resultados de la restitución

El director de la Unidad de Restitución se refirió también al informe que en los últimos días reveló la Fundación Forjando Futuros, en la que se advierte la lentitud con que ha avanzado el proceso de restitución, que se inició con la Ley 1448 de 2011. (Lea: Solo el 3,4% de solicitudes de restitución de tierras han sido resueltas judicialmente)

“Lamento que se haga una manipulación grosera de las cifras. Hemos recibido 87.000 reclamaciones pero no se han resuelto 3.000 sino más de 20.000 casos, como está publicado. Unos los ha resuelto la Unidad porque no merecen ir a juez y los otros los ha resuelto un juez. Más del 95% de los casos que hemos llevado a los jueces los han despachado favorablemente a las víctimas”, dijo Sabogal.

Agregó que el proceso es complejo y que apenas están procesando 50% de las solicitudes que han llegado. Para él, la complejidad de la restitución se expresa en situaciones como que la “Corte Constitucional ordena devolver un predio y allá (en la zona) se busca no dejarse entregar”, como en el caso de San Ángel, dijo.

Cabe resaltar que el pasado 14 de octubre la misma Fundación Forjando Futuros presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, por los delitos de injuria y calumnia. Eso fue consecuencia de las declaraciones hechas por Cabal durante un debate en el Congreso el 15 de septiembre.

La parlamentaria calificó de auxiliadores de la guerrilla a los reclamantes de tierras. “Estos grupos crearon movimientos de recuperación de tierras y realizaron cientos de invasiones en todo el territorio nacional, bajo una política de usurpación de tierras y poblamiento artificial”, señaló entonces Cabal.

Caso de San Alberto

Sobre el municipio de San Alberto, donde se realizará el encuentro de este domingo, pesa un pasado de violencia, por cuenta de guerrilleros y paramilitares, desde los 80 y posteriormente en los 90 y 2000. El saldo ha sido el desplazamiento de decenas de familias y serios conflictos sobre la tierra.

Las reclamaciones se han concentrado en zonas aledañas como La Llana, El Líbano (ocho reclamaciones aproximadamente), Monterrey y Monserrate (alrededor de 40 reclamaciones en ambos).

La Llana, por su parte, se encuentra rodeada de ganadería y cultivos de palma. En los 90 se hizo la parcelación Tokio, con 26 adjudicaciones de parcelas. En abril del 95 allí se perpetró una masacre paramilitar, dirigida por alias El Camarón, que cobró la vida de cinco habitantes.

Luego, entre 1995 y 1996, como muestran patrones en cerca de 18 reclamaciones sobre la zona, hubo transferencias de las parcelas, que fueron compradas por familias propietarias de fincas ganaderas que colindaban con la parcelación. 

El pasado 5 de abril, se llevó a cabo un evento en Sabanas de San Ángel, Magdalena, al que, según Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura fue invitado por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. El objetivo era discutir la política que ejecuta la Unidad de Restitución de Tierras, creada en 2011 en el marco de la Ley de Víctimas (1448).

“Para hacer seguimiento a la política de restitución de tierras, aceptamos la invitación del señor procurador, en el marco de sus competencias”, dijo el viceministro. “Pero la forma como se llevó a cabo la reunión, a juicio del Gobierno, no fue la más adecuada ya que se realizaron una serie de intervenciones que no buscaban el propósito al que fuimos citados”.

Según Díaz Granados, hubo intervenciones “pasadas de tono”, como la del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien en los últimos días ha lanzado duras críticas al Gobierno por la dilación de la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado. De esa reunión depende llegar a un acuerdo en el marco de la reorganización empresarial de los frigoríficos Friogán. (Lea: Fedegán dice que Minagricultura “prevarica por omisión”)

El Espectador pudo conocer un video en el que Lafaurie asegura que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”, en clara alusión al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

Eso, precisamente, fue lo que levantó ampolla en el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, entidades que anunciaron que no aceptarán la invitación de este domingo 10 de abril para participar en un evento similar, en San Alberto, Cesar, a menos de que haya “las garantías” de que el episodio no se repetirá.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, enfatizó en que no van a permitir “que a los millones de víctimas que ha dejado el conflicto se les tilde de guerrilleras y menos en un evento donde están todas las instituciones del Estado”, al referirse al episodio en San Ángel, cuya ubicación el mismo Sabogal definió como en el corazón del despojo y el paramilitarismo.

El viceministro Díaz Granados aseguró que la intervención del procurador Ordóñez el martes pasado fue la única de la que se pueden rescatar puntos para discutir, pero bajo otras condiciones. Resaltó también la que, para él, fue una sorprendente logística durante el evento que dio lugar a las intervenciones “pasadas de tono” en San Ángel. Afirmó que era “evidente el libreto” y que todo estuvo pensado de antemano en las arremetidas.

Ese tipo de situaciones, según los funcionarios, tiene implicaciones de seguridad no sólo para ellos sino para la comunidad. De acuerdo con el Gobierno, en el Magdalena hoy se cuentan más de 160 denuncias por amenazas a personas relacionadas con el aspecto administrativo de la restitución o contra quienes reclaman.

Resultados de la restitución

El director de la Unidad de Restitución se refirió también al informe que en los últimos días reveló la Fundación Forjando Futuros, en la que se advierte la lentitud con que ha avanzado el proceso de restitución, que se inició con la Ley 1448 de 2011. (Lea: Solo el 3,4% de solicitudes de restitución de tierras han sido resueltas judicialmente)

“Lamento que se haga una manipulación grosera de las cifras. Hemos recibido 87.000 reclamaciones pero no se han resuelto 3.000 sino más de 20.000 casos, como está publicado. Unos los ha resuelto la Unidad porque no merecen ir a juez y los otros los ha resuelto un juez. Más del 95% de los casos que hemos llevado a los jueces los han despachado favorablemente a las víctimas”, dijo Sabogal.

Agregó que el proceso es complejo y que apenas están procesando 50% de las solicitudes que han llegado. Para él, la complejidad de la restitución se expresa en situaciones como que la “Corte Constitucional ordena devolver un predio y allá (en la zona) se busca no dejarse entregar”, como en el caso de San Ángel, dijo.

Cabe resaltar que el pasado 14 de octubre la misma Fundación Forjando Futuros presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, por los delitos de injuria y calumnia. Eso fue consecuencia de las declaraciones hechas por Cabal durante un debate en el Congreso el 15 de septiembre.

La parlamentaria calificó de auxiliadores de la guerrilla a los reclamantes de tierras. “Estos grupos crearon movimientos de recuperación de tierras y realizaron cientos de invasiones en todo el territorio nacional, bajo una política de usurpación de tierras y poblamiento artificial”, señaló entonces Cabal.

Caso de San Alberto

Sobre el municipio de San Alberto, donde se realizará el encuentro de este domingo, pesa un pasado de violencia, por cuenta de guerrilleros y paramilitares, desde los 80 y posteriormente en los 90 y 2000. El saldo ha sido el desplazamiento de decenas de familias y serios conflictos sobre la tierra.

Las reclamaciones se han concentrado en zonas aledañas como La Llana, El Líbano (ocho reclamaciones aproximadamente), Monterrey y Monserrate (alrededor de 40 reclamaciones en ambos).

La Llana, por su parte, se encuentra rodeada de ganadería y cultivos de palma. En los 90 se hizo la parcelación Tokio, con 26 adjudicaciones de parcelas. En abril del 95 allí se perpetró una masacre paramilitar, dirigida por alias El Camarón, que cobró la vida de cinco habitantes.

Luego, entre 1995 y 1996, como muestran patrones en cerca de 18 reclamaciones sobre la zona, hubo transferencias de las parcelas, que fueron compradas por familias propietarias de fincas ganaderas que colindaban con la parcelación.