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Hace poco más de dos semanas el representante legal y el apoderado de Centros Poblados (UT), la unión temporal que en diciembre pasado ganó el contrato para conectar a más de 7.000 escuelas rurales a internet y operar el servicio por 11 años y medio, dieron su primera rueda de prensa. El objetivo era dar su versión sobre el escándalo desatado por la garantía bancaria que para el proyecto presentó la UT, documento que dijo haber conseguido de buena fe, pero que el banco Itaú asegura no haber emitido, que es falso. Lo dicho por Itaú fue acogido por el Ministerio de las TIC, liderado por Karen Abudinen, quien por lo sucedido con este contrato se enfrenta a una moción de censura que será votada en el Congreso en los próximos días.
La rueda de prensa de Centros Poblados, el 26 de agosto en el hotel Casa Dann Carlton de Bogotá, empezó con la transmisión de un video con pinta institucional: niños y niñas en sus uniformes escolares compartiendo en una cancha deportiva y respondiendo en cámara a preguntas sobre los beneficios que les traería internet. La idea con la proyección del video era mostrar que los Centros Digitales (como se llama el proyecto del Mintic) eran una realidad y que nadie se había robado la plata del cuestionado anticipo de $70.000 millones.
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Durante el encuentro con los medios de comunicación, los voceros de la UT incluso se preciaron de que el Ministerio parecía estar atento a la rueda de prensa, pues, dijeron, la entidad estaba “bajando” los videos proyectados, al parecer para que no quedara evidencia de que Centros Poblados había hecho ese trabajo. El Espectador no pudo comprobar eso debido a que luego desde la UT nos informaron que el contenido habría estado alojado en una plataforma que requiere un usuario y una contraseña.
Sin embargo, fuimos hasta el colegio del video. Se trata de la sede Runta Arriba, de la Institución Educativa Rural del Sur de Tunja, que tiene casi mil estudiantes. Boyacá, por cierto, fue uno de los departamentos adjudicados a Centros Poblados en lo que se denominó Región B del contrato de los Centros Digitales. También estaban Arauca, Cundinamarca, la zona rural de Bogotá, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. La Región A quedó a cargo de Comcel (Claro).
A Tunja, por ejemplo, le fueron asignados ocho centros digitales, seis de los cuales son sedes de la Rural del Sur. Cuando se grabó el video, cuenta el rector de la institución, Constantino Parada, la instalación por parte de Centros Poblados en estas sedes estaba comenzando. “Dijimos: qué chévere que por fin vamos a tener un sistema inalámbrico muy bueno, nos lo merecemos al igual que en la ciudad”. Según el rector, la grabación del video sembró aún más expectativa en la comunidad, pues cada centro digital (son más de 14.700 en todo el país, sumando los que se le asignaron a Claro) debe conectar no solo al colegio, sino que debe dar cobertura a la zona aledaña.
Los equipos están. Hay postes, antenas, servidores, cables, carteles institucionales, números para marcar en caso de alguna falla… Internet hubo, poco, pero hubo entre julio y agosto. “Vimos que estaba lento, que era como para una familia, como para un solo computador, un celular o dos, no para una sala de cómputo o 400 estudiantes conectados al tiempo”, añade el rector. En Runta Abajo, la sede principal del colegio, cuentan que, además, el servicio no era continuo, que funcionaba más o menos una hora al día, hasta que, finalmente, dejó de funcionar por completo.
Algo similar sucede en Samacá, a pocos minutos del Puente de Boyacá. Todo está instalado en una de las sedes de la institución educativa La Libertad, cuyos estudiantes aún se encuentran en educación virtual —y faltan condiciones para regresar, como mantenimiento, personal de aseo y adecuaciones de bioseguridad—. Al tratar de conectar un equipo, las redes Mintic Conecta (para la comunidad general) y Mintic Conecta Colegios (para el uso interno) aparecen disponibles. Sin embargo, al llenar el formulario que solicita el navegador no se logra la conexión. Al igual que en Runta, allí hubo conexión en algún momento, pero menor de la esperada. Según la docente que nos recibió, les habían prometido un alcance de 300 metros, pero al probarla la señal no llegaba ni siquiera a su aula de clase.
Llamamos al número que les dejaron en el afiche del Mintic. En contraste con la experiencia de los rectores entrevistados por este diario, que cuentan que nunca los ayudaron por ese medio, nos contestaron rápido. Se trata de una mesa de ayuda para la gestión de los centros digitales. Pidieron los datos personales, la ubicación y que esperáramos mientras revisaban qué reportes había para la zona. Dijeron que efectivamente había una “novedad” en todo Samacá, debido a que se está haciendo una “actualización general del operador” y que esto podría tardar entre 8 y 10 días. La persona al otro lado del teléfono aseguró que el proyecto no se va a afectar, que están resolviendo, que los equipos no se los van a llevar y que lo importante es que permanezcan conectados a la energía y encendidos.
Una instrucción como esa parece sencilla, pero, en medio de tanta incertidumbre, puede resultar valiosa para varios docentes. Sin embargo, José Miguel Rojas no es uno de ellos, pues es el rector de la institución educativa Teguaneque, en Turmequé, en donde no hay nada conectado. A la sede, relativamente cercana al peaje Albarracín, en la vía que conduce de Bogotá a Tunja, asisten unos 120 niños y niñas. El plato de la antena, tubos y otros elementos se los dejaron tirados en plena cafetería, que al menos hoy no están usando porque los niños se están alimentando con raciones industrializadas (galletas, ponqués y bebidas empacadas, además de frutas), al igual que en muchos municipios del departamento en donde ha habido quejas y denuncias sobre el mal estado de la alimentación escolar.
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“Se tiene que hacer un estudio serio para saber quién es el culpable en esto de los Centros Digitales, en donde los más perjudicados son los niños porque están perdiendo conocimiento. Respecto a los colegios privados o los que tienen internet, estamos por debajo en cuanto a calidad. Pero cuando se aplican las Pruebas Saber, ahí sí nos miden con el mismo rasero”, exclama Rojas, quien es el rector desde hace 11 años, de los cuales la mayoría han pasado sin internet. Cuenta que antes de la pandemia tuvieron un servicio por cerca de tres meses, que no siguió funcionando.
Según él, resulta aún más insólito que en esta ocasión no les hayan cumplido, después de ver lo esencial que ha sido internet para la educación durante la pandemia. Asegura que todavía hoy los profesores ven la necesidad de compartir sus datos móviles con los estudiantes para que puedan navegar. Durante el confinamiento, Whatsapp fue la herramienta de trabajo con los alumnos que se podían conectar, casi siempre, desde el celular del papá o la mamá. Hoy, de manera presencial, tienen una sala de informática llena de computadores insuficientes y casi inservibles.
Lo que hay en estas cuatro sedes, de alguna manera, podría servir como ejemplo de que efectivamente los equipos que Centros Poblados dice haber comprado con el anticipo existen. La UT asegura que alcanzó a instalar 1.002 centros, pero el de Teguaneque, en Turmequé, que aparece como instalado en la página web de la unión temporal, muestra todo lo contrario.
En la Rural del Sur, en Tunja, “los técnicos estuvieron pendientes un tiempo. Veo que hicieron su trabajo bien, los aparatos se ven”, dice su rector. “Las cosas no son todas regulares o malas, ha habido gestión”, señala también, esta vez en referencia al Mintic, que entregó en diciembre pasado más de 700 equipos para que los alumnos pudieran estudiar desde casa.
En todo caso, hoy ninguno de los centros digitales que visitamos (y probablemente ninguno de los instalados por Centros Poblados) está funcionando. Como el mismo representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, lo ha expresado, no tendrían cómo estar funcionando, pues el Mintic resolvió caducar el contrato, decisión que quedó en firme el 13 de agosto.
Sobre el futuro de las instalaciones y la operación, apenas se sabe que la ministra de las TIC, Karen Abudinen, con quien intentamos obtener una entrevista durante la última semana, pero no fue posible, anunció en pleno debate de control político en su contra, el 24 de agosto, que ETB NET (unión entre ETB y Skynet), por haber quedado después de Centros Poblados en la licitación, asumiría la Región B.
ETB y Skynet, terminado el debate, esa vez en la Comisión Sexta de Senado, anunciaron su disposición a mantener la oferta que hicieron en la licitación de diciembre, que, no obstante, contenía 688 centros digitales menos en comparación con la propuesta de Centros Poblados. Sobre cómo se resolvería esa diferencia, Abudinen dijo al día siguiente, en debate de control político en la Cámara: “Tenemos que hablar con el viceministro para que revisemos cómo podemos atender esos centros en los que ya generamos una expectativa para que todos los que tienen una expectativa puedan estar conectados”.
En todo caso, acerca de la idea de suscribir el contrato con ETB NET, hay veedurías que han señalado que esa decisión sería irregular y que lo que procede es abrir una nueva licitación. Todo esto sucede mientras la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía investigan. Centros Poblados —que insiste en que es un juez quien debe determinar si los documentos tachados de falsos lo son o no—, por su lado, prepara una demanda contra el Estado, pues considera que no se le garantizó el debido proceso en las actuaciones que llevaron a la caducidad del contrato de $1,07 billones.
Por cierto, aunque la UT dice que instaló 1.002 centros, la interventoría ha dicho que solo tiene evidencia aportada por el contratista de 840. Los interventores pidieron una prueba ocular para corroborar esto en campo, es decir, para ir a los 840 sitios. El Mintic, sin embargo, negó la realización de esa prueba en audiencia el viernes pasado.
Los Centros Digitales, vale la pena recordar, se plantearon como una solución a las falencias de la estrategia del Gobierno de Juan Manuel Santos denominada Kioscos Vive Digital, espacios para el acceso a internet por parte de las comunidades. Estos cerraron en 2019, cuando terminaron los contratos con los privados, momento en el que los entes territoriales debían seguir con el proyecto. Estos, sin embargo, dijeron que no contaban con los recursos para asumirlo.
Por el momento, los Centros Digitales, pensados para el largo plazo, están lejos de cumplir la promesa con la que se formularon. Para muchas personas, como los citantes al debate de moción de censura contra la ministra Abudinen, que se llevó a cabo el viernes pasado en la Cámara de Representantes, esto es solo el resultado de un proceso de licitación que desde el primer momento estuvo lleno de polémicas y cuestionamientos. Por ejemplo, la participación de Camilo Valencia Suescún, quien entonces era un asesor de la ministra y quien también se presentó como apoderado de uno de los 10 proponentes en el proceso. La firma a la que representaba era SES Inred. Estallado el escándalo por las garantías, Centros Poblados propuso cederle el contrato a una firma vinculada con SES Inred, propuesta que, dice la UT, el Mintic nunca contestó.
En medio de toda esta disputa legal y hasta política quedan las instituciones educativas sin saber cuándo o quiénes les prestarán el servicio. Según la Dirección TIC y Gobierno Digital de Tunja, con quien también hablamos, nunca han tenido contacto con el contratista. Fue este, según lo relatado por los rectores, quien se comunicó directamente con las instituciones educativas. De parte del Mintic, dijo la directora de la oficina TIC de la Alcaldía de Tunja, Magda Sánchez, formalmente no les han comunicado nada sobre el futuro del proyecto ni les han dado instrucciones de qué hacer mientras tanto con los equipos.