¿Es acertado que Gustavo Petro asuma la administración de los servicios públicos?

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro dijo que, con base en el artículo 370 de la Constitución, y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomará el control de las políticas generales de administración de servicios públicos, los cuales la presidencia del país había delegado a las comisiones reguladoras.

La decisión del mayor mandatario surge a partir de su promesa de mitigar el precio de los servicios públicos, especialmente el de la energía, como una medida para garantizar el poder adquisitivo de los hogares colombianos en medio de un complejo panorama inflacionario.

Hay que destacar que para Gustavo Petro no hace sentido que en medio de una inusual temporada de lluvias (que mantienen los embalses de las hidroeléctricas llenos), los precios de las facturas sigan creciendo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2022 el precio del alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles creció un 6,94 %, lo que se traduce en la mayor contribución a la carestía del costo de vida (por debajo de alimentos y bebidas no alcohólicas), con 2,25 puntos porcentuales, del 13,12 % que registró la inflación el año pasado.

Lea también: Gustavo Petro dice que asumirá la administración de los servicios públicos en Colombia

Asumir el control de la administración de los servicios es, pues, la mejor medida para el presidente para que se mitiguen las alzas que castiga el bolsillo de los hogares de menos recursos económicos en el país (pues el DANE también precisa que es a este grupo poblacional en donde la inflación pega más duro).

Sin embargo, en las últimas horas también se han dado a conocer reacciones al anuncio de Gustavo Petro. Una de estas es la del presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, para quien “los aplausos de hoy serán las lágrimas de mañana”.

En entrevista con Blu Radio, Sánchez aseguró que el Gobierno no puede pretender tomar decisiones políticas sobre asuntos técnicos, explicando que grandes reducciones tarifarias, sin un sustento económico, podría terminar con la desfinanciación de las empresas encargadas relacionadas a estos rubros de la economía.

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“El presidente llega a tomar la decisión mañana, y dice que las tarifas bajan 20 % en la Costa. Todos aplauden, pero en el mediano plazo tendríamos un Electricaribe 2.0, donde seguramente habrá apagones porque no hay la inversión y no se está haciendo lo que se tiene que hacer”, detalla.

Para Sánchez es importante que se evalúen e implementen otras medidas, como reducir las tarifas a partir de subsidios gubernamentales que beneficien a los hogares más pobres y vulnerables, amén de brindar seguridad  jurídica y financiera a las empresas de servicios públicos.

Hay que recordar que el tema de los servicios públicos, especialmente el de la energía, hizo parte de la conversación en la mesa de concertación de salario mínimo. Para las centrales obreras es importante que se realice un ajuste en la fórmula con la que se calculan las tarifas, pues en la actual, aseguran, están incluidas las pérdidas de las empresas, los cuales son costos que no debería asumir el usuario final.

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Parte de estas reacciones, que más están generando conversación, fue la portada del periódico El Colombiano, que dice: “Petro se toma las comisiones de regulación de servicios públicos”. El presidente respondió a ese titular: “No amigos de El Colombiano, no me tomo los servicios públicos, restablezco la Constitución Nacional y la ley en los servicios públicos domiciliarios”.

Para la senadora Paloma Valencia, el anuncio de petro es “un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas”.

“Que el presidente retome el control y las políticas generales de administración de servicios públicos, es una fuerte defensa del consumidor y el ciudadano.

Las comisiones reguladoras no hacen su trabajo, protegen a empresarios y no los derechos de los colombianos”, señaló el exsenador Feliciano Valencia.

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Incluso hubo intercambios entre Gustavo Petro y personas que han cuestionado su decisión. Está, por ejemplo, el economista Jorge Restrepo, para quien  “La regulación no se hace por concertación. El gobierno dirigido por la ministra de minas cometió un nuevo error de método y contenido al dirigir la regulación de precios de la electricidad el año pasado”.

Su publicación la acompañó con los siguientes puntos:

1. Los precios de la energía y el gas ya están regulados, según lo establecido por la Ley 142.

2. Las facultades de regulación a la Creg son delegadas por el Presidente de la República, quien puede, de acuerdo con la Ley, resolver regular.

3. La regulación puede cambiarse de forma extraordinaria en caso de situación extraordinaria, error en la fijación de la tarifa o grave lesión a los intereses de los usuarios.

4. Mejor cambiar la regulación a través de la CREG, no reasumir la regulación directa por el presidente.

Sobre estas declaraciones, el presidente respondió: “Es cierto, propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fué burlado”.

De momento no se conoce cuáles serán las reducciones tarifarias que implementará Gustavo Petro, ni el impacto que estas puedan tener en las finanzas de las empresas. Lo cierto es que en tiempos económicos complejos, los ajustes que se hagan deben ser responsables con la realidad financiera, y no emplear medidas que carezcan de un sustento económico que se traduzca en un deterioro en el largo plazo.

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En las últimas horas el presidente Gustavo Petro dijo que, con base en el artículo 370 de la Constitución, y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomará el control de las políticas generales de administración de servicios públicos, los cuales la presidencia del país había delegado a las comisiones reguladoras.

La decisión del mayor mandatario surge a partir de su promesa de mitigar el precio de los servicios públicos, especialmente el de la energía, como una medida para garantizar el poder adquisitivo de los hogares colombianos en medio de un complejo panorama inflacionario.

Hay que destacar que para Gustavo Petro no hace sentido que en medio de una inusual temporada de lluvias (que mantienen los embalses de las hidroeléctricas llenos), los precios de las facturas sigan creciendo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2022 el precio del alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles creció un 6,94 %, lo que se traduce en la mayor contribución a la carestía del costo de vida (por debajo de alimentos y bebidas no alcohólicas), con 2,25 puntos porcentuales, del 13,12 % que registró la inflación el año pasado.

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Asumir el control de la administración de los servicios es, pues, la mejor medida para el presidente para que se mitiguen las alzas que castiga el bolsillo de los hogares de menos recursos económicos en el país (pues el DANE también precisa que es a este grupo poblacional en donde la inflación pega más duro).

Sin embargo, en las últimas horas también se han dado a conocer reacciones al anuncio de Gustavo Petro. Una de estas es la del presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, para quien “los aplausos de hoy serán las lágrimas de mañana”.

En entrevista con Blu Radio, Sánchez aseguró que el Gobierno no puede pretender tomar decisiones políticas sobre asuntos técnicos, explicando que grandes reducciones tarifarias, sin un sustento económico, podría terminar con la desfinanciación de las empresas encargadas relacionadas a estos rubros de la economía.

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“El presidente llega a tomar la decisión mañana, y dice que las tarifas bajan 20 % en la Costa. Todos aplauden, pero en el mediano plazo tendríamos un Electricaribe 2.0, donde seguramente habrá apagones porque no hay la inversión y no se está haciendo lo que se tiene que hacer”, detalla.

Para Sánchez es importante que se evalúen e implementen otras medidas, como reducir las tarifas a partir de subsidios gubernamentales que beneficien a los hogares más pobres y vulnerables, amén de brindar seguridad  jurídica y financiera a las empresas de servicios públicos.

Hay que recordar que el tema de los servicios públicos, especialmente el de la energía, hizo parte de la conversación en la mesa de concertación de salario mínimo. Para las centrales obreras es importante que se realice un ajuste en la fórmula con la que se calculan las tarifas, pues en la actual, aseguran, están incluidas las pérdidas de las empresas, los cuales son costos que no debería asumir el usuario final.

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Para la senadora Paloma Valencia, el anuncio de petro es “un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas”.

“Que el presidente retome el control y las políticas generales de administración de servicios públicos, es una fuerte defensa del consumidor y el ciudadano.

Las comisiones reguladoras no hacen su trabajo, protegen a empresarios y no los derechos de los colombianos”, señaló el exsenador Feliciano Valencia.

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Su publicación la acompañó con los siguientes puntos:

1. Los precios de la energía y el gas ya están regulados, según lo establecido por la Ley 142.

2. Las facultades de regulación a la Creg son delegadas por el Presidente de la República, quien puede, de acuerdo con la Ley, resolver regular.

3. La regulación puede cambiarse de forma extraordinaria en caso de situación extraordinaria, error en la fijación de la tarifa o grave lesión a los intereses de los usuarios.

4. Mejor cambiar la regulación a través de la CREG, no reasumir la regulación directa por el presidente.

Sobre estas declaraciones, el presidente respondió: “Es cierto, propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fué burlado”.

De momento no se conoce cuáles serán las reducciones tarifarias que implementará Gustavo Petro, ni el impacto que estas puedan tener en las finanzas de las empresas. Lo cierto es que en tiempos económicos complejos, los ajustes que se hagan deben ser responsables con la realidad financiera, y no emplear medidas que carezcan de un sustento económico que se traduzca en un deterioro en el largo plazo.

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