¿Es buena idea desmontar el precio mínimo de la leche que se paga al productor?

Colombia está en un punto de inflexión para definir el rumbo de su sector lácteo. Esa es en alguna medida la idea que trata de dejar un estudio hecho por Fedesarrollo, lanzado este lunes en Bogotá y titulado “Precio regulado de la leche: ineficiencias, costos y alternativas”.

Los investigadores Ximena Cadena, Mauricio Reina y Alejandra Rivera, señalan los múltiples factores, relacionados con la productividad, política pública, comercio exterior y consumo interno que tienen al sector en una situación tan compleja como retadora.

Según Reina, aunque el informe fue financiado por Alpina, los investigadores contaron con libertad para llevar a cabo su labor.

El documento muestra, con base en cifras de la FAO, que mientras países como Brasil o Argentina tienen productividades de extracción de leche de 2.000 y 3.000 kilogramos por animal al año, la de Colombia ronda los 1.000, prácticamente estancada desde hace más de 30 años.

Sin embargo, no todo el país es igual. “Departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia se destacan por ser los de mayor y más eficiente producción”, señalan los investigadores. Por otro lado, “Magdalena, Cesar y Córdoba producen volúmenes de leche relativamente altos, pero con poca productividad”.

Gran parte del estudio se centra en la conveniencia o no de tener un precio mínimo para pagarle al productor, mecanismo que en el país se rige por una resolución de 2012, a través de una fórmula matemática.

Según Mauricio Reina, sería conveniente que Colombia desmonte gradualmente el precio mínimo para el productor, debido a que de todas formas se verá erosionado por la importación de leche desde Estados Unidos y la Unión Europea que se liberará por completo en un lapso de ocho años.

El argumento es que no será competitivo vender a un precio mínimo, que puede ser muy alto en comparación con el producto que llega importado. De hecho, dicen, podría empeorarse la informalidad (que en el acopio de leche llega al 40 %), pues los productores al no encontrar compradores que se rijan por la fórmula irán al mercado informal a vender su leche.

Al panorama, se suma que tradicionalmente el consumo interno de leche en el país ha estado muy por debajo del de otros países y de las recomendaciones de la misma FAO. El consumo per cápita es de 147 litros al año, mientras que la FAO recomienda 170 litros.

“Para superar la encrucijada en que se encuentra, el sector lácteo requiere de una política integral que deje de lado las inconsistencias de los instrumentos que se han usado hasta ahora. Esa política debería tener énfasis en el bienestar de los productores, incentivar y premiar las mejoras en productividad y permitir el aprovechamiento de los tratados internacionales de comercio”, dice el documento.

Entre las recomendaciones que plantea está fortalecer y estabilizar las relaciones entre productores e industriales y que, en vez de precio mínimo, haya acuerdos entre las partes. Los investigadores ponen como ejemplo positivo la estrategia de agricultura por contrato que ha implementado este gobierno.

“El programa tendría que complementarse con elementos que enfoquen la asistencia técnica en mejoras en productividad en la extracción de leche y cumplimientos de estándares para fomentar la formalidad, y que incentiven a la industria a conquistar mercados internacionales”, añade el documento.

Según Juan Sebastián Bargans, presidente del gremio de procesadores de leche, Asoleche, “debe haber flexibilización de precios que permita a la industria comprar en tiempos de sobreoferta a precios competitivos, mirar la posibilidad de exportar, pues hoy Colombia tiene 16 mercados abiertos”.

Bargans asegura que teniendo en cuenta que en el sector hay problemas estructurales asociados con la ineficiencia, como la falta de vías terciaras o bienes públicos para el acceso al agua, entre otros, asegura que el trabajo debe empezar desde la concertación con todos los eslabones de la cadena, desde el primario hasta los canales de comercialización. Es consciente también de que hay que seguir fortaleciendo el consumo interno.

La visión de los productores de leche, sin embargo, plantea divergencias. En primer lugar, Oscar Cubillos, jefe de la oficina de planeación de Fedegán, llamó la atención sobre la necesidad de hacer un análisis sobre las ineficiencias en toda la cadena de valor. Literalmente, no “echarle la culpa a la vaca”.

Por lo mismo, señala que las estrategias deben centrarse en la provisión de bienes públicos y en fortalecer la asistencia técnica. Esto, sin olvidar la oportunidad que tiene el país para implementar prácticas para una producción sostenible de cara a los retos que supone la crisis climática a nivel global.

Para Javier Ardila, gerente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), desmontar el precio mínimo no es una buena idea, pues los beneficiados serán los industriales y los principales afectados, los pequeños productores, los más vulnerables de toda la cadena, pues tienen el menor poder de negociación.

Agrega que no cree que el precio mínimo sea motivo de la informalidad, sino que en esa problemática pueden incidir más bien otros problemas como la burocracia a la que se enfrenta el productor para ser formal.

Afirma que Colombia sí debe exportar, pero que no es conveniente plantear que el producto de exportación sean los excedentes que se pagan al productor por un precio por debajo del mínimo. Asegura que el mercado internacional demanda calidad e higiene y que, por el contrario, un buen precio para el productor debería ser el incentivo para conquistar mercados, con productos estratégicamente seleccionados.

En suma, cree que debe generar una “política láctea seria, que los organismos del Estado, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el Invima, la DIAN, los ministros de Agricultura y de Comercio, todos, le pongan cara al tema”. Insistió en una idea que ha planteado en otros escenarios, como la creación de un Observatorio del Sector Lácteo, para monitorear y analizar precios que generen mejores condiciones de negociación en un sector del que dependen unas 700.000 familias en el país.

Colombia está en un punto de inflexión para definir el rumbo de su sector lácteo. Esa es en alguna medida la idea que trata de dejar un estudio hecho por Fedesarrollo, lanzado este lunes en Bogotá y titulado “Precio regulado de la leche: ineficiencias, costos y alternativas”.

Los investigadores Ximena Cadena, Mauricio Reina y Alejandra Rivera, señalan los múltiples factores, relacionados con la productividad, política pública, comercio exterior y consumo interno que tienen al sector en una situación tan compleja como retadora.

Según Reina, aunque el informe fue financiado por Alpina, los investigadores contaron con libertad para llevar a cabo su labor.

El documento muestra, con base en cifras de la FAO, que mientras países como Brasil o Argentina tienen productividades de extracción de leche de 2.000 y 3.000 kilogramos por animal al año, la de Colombia ronda los 1.000, prácticamente estancada desde hace más de 30 años.

Sin embargo, no todo el país es igual. “Departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia se destacan por ser los de mayor y más eficiente producción”, señalan los investigadores. Por otro lado, “Magdalena, Cesar y Córdoba producen volúmenes de leche relativamente altos, pero con poca productividad”.

Gran parte del estudio se centra en la conveniencia o no de tener un precio mínimo para pagarle al productor, mecanismo que en el país se rige por una resolución de 2012, a través de una fórmula matemática.

Según Mauricio Reina, sería conveniente que Colombia desmonte gradualmente el precio mínimo para el productor, debido a que de todas formas se verá erosionado por la importación de leche desde Estados Unidos y la Unión Europea que se liberará por completo en un lapso de ocho años.

El argumento es que no será competitivo vender a un precio mínimo, que puede ser muy alto en comparación con el producto que llega importado. De hecho, dicen, podría empeorarse la informalidad (que en el acopio de leche llega al 40 %), pues los productores al no encontrar compradores que se rijan por la fórmula irán al mercado informal a vender su leche.

Al panorama, se suma que tradicionalmente el consumo interno de leche en el país ha estado muy por debajo del de otros países y de las recomendaciones de la misma FAO. El consumo per cápita es de 147 litros al año, mientras que la FAO recomienda 170 litros.

“Para superar la encrucijada en que se encuentra, el sector lácteo requiere de una política integral que deje de lado las inconsistencias de los instrumentos que se han usado hasta ahora. Esa política debería tener énfasis en el bienestar de los productores, incentivar y premiar las mejoras en productividad y permitir el aprovechamiento de los tratados internacionales de comercio”, dice el documento.

Entre las recomendaciones que plantea está fortalecer y estabilizar las relaciones entre productores e industriales y que, en vez de precio mínimo, haya acuerdos entre las partes. Los investigadores ponen como ejemplo positivo la estrategia de agricultura por contrato que ha implementado este gobierno.

“El programa tendría que complementarse con elementos que enfoquen la asistencia técnica en mejoras en productividad en la extracción de leche y cumplimientos de estándares para fomentar la formalidad, y que incentiven a la industria a conquistar mercados internacionales”, añade el documento.

Según Juan Sebastián Bargans, presidente del gremio de procesadores de leche, Asoleche, “debe haber flexibilización de precios que permita a la industria comprar en tiempos de sobreoferta a precios competitivos, mirar la posibilidad de exportar, pues hoy Colombia tiene 16 mercados abiertos”.

Bargans asegura que teniendo en cuenta que en el sector hay problemas estructurales asociados con la ineficiencia, como la falta de vías terciaras o bienes públicos para el acceso al agua, entre otros, asegura que el trabajo debe empezar desde la concertación con todos los eslabones de la cadena, desde el primario hasta los canales de comercialización. Es consciente también de que hay que seguir fortaleciendo el consumo interno.

La visión de los productores de leche, sin embargo, plantea divergencias. En primer lugar, Oscar Cubillos, jefe de la oficina de planeación de Fedegán, llamó la atención sobre la necesidad de hacer un análisis sobre las ineficiencias en toda la cadena de valor. Literalmente, no “echarle la culpa a la vaca”.

Por lo mismo, señala que las estrategias deben centrarse en la provisión de bienes públicos y en fortalecer la asistencia técnica. Esto, sin olvidar la oportunidad que tiene el país para implementar prácticas para una producción sostenible de cara a los retos que supone la crisis climática a nivel global.

Para Javier Ardila, gerente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), desmontar el precio mínimo no es una buena idea, pues los beneficiados serán los industriales y los principales afectados, los pequeños productores, los más vulnerables de toda la cadena, pues tienen el menor poder de negociación.

Agrega que no cree que el precio mínimo sea motivo de la informalidad, sino que en esa problemática pueden incidir más bien otros problemas como la burocracia a la que se enfrenta el productor para ser formal.

Afirma que Colombia sí debe exportar, pero que no es conveniente plantear que el producto de exportación sean los excedentes que se pagan al productor por un precio por debajo del mínimo. Asegura que el mercado internacional demanda calidad e higiene y que, por el contrario, un buen precio para el productor debería ser el incentivo para conquistar mercados, con productos estratégicamente seleccionados.

En suma, cree que debe generar una “política láctea seria, que los organismos del Estado, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el Invima, la DIAN, los ministros de Agricultura y de Comercio, todos, le pongan cara al tema”. Insistió en una idea que ha planteado en otros escenarios, como la creación de un Observatorio del Sector Lácteo, para monitorear y analizar precios que generen mejores condiciones de negociación en un sector del que dependen unas 700.000 familias en el país.