¿Es bueno el borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo?

Uno de los proyectos de ley de índole económico que más han llamado la atención en esta legislatura es el de los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguil, del Partido Conservador, que busca reformar la Ley de Hábeas Data (1266 de 2008). La iniciativa, que va para tercer debate, tiene dos grandes propuestas: por un lado pretende reducir el tiempo máximo de prevalencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo una vez termine la mora, de cuatro a dos años. Por otro busca dar una amnistía de seis meses para que los colombianos se pongan al día con sus deudas: si pagan tendrán borrón y cuenta nueva en estas entidades.

Debido a sus propuestas, el proyecto de ley ha despertado un alto interés en el país, tanto de los ciudadanos que podrían tener un nuevo comienzo en su reputación y vida financieras, como de los analistas y técnicos del Estado, que se muestran preocupados. Por eso en los últimos meses se ha librado un fuerte debate dentro y fuera del Congreso.

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Por ejemplo, hace un par de semanas, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, declaró ante la Comisión I de la Cámara de Representantes que “la iniciativa tiene los mejores propósitos, pero podría generar peores resultados. Cuando los bancos no tienen suficiente información asumen que la gente es mala paga y elevan sus tasas o recortan los montos de crédito”.

Por su parte, el senador Barguil ha defendido el proyecto de ley indicando que es una oportunidad para que los miles de colombianos puedan ponerse al día con sus deudas y así puedan volver a acceder a créditos dentro del sistema financiero. Incluso asegura que esto podría dinamizar la economía.

Además, el congresista explicó en una columna en el portal Kienyké que es falso que “nuestra iniciativa estipula un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo a los colombianos que se pongan al día en los seis primeros meses de vigencia de la ley. Una persona saldrá del reporte si y solo si paga la deuda. La amnistía que se contempla es por única vez y no es permanente. Se incentiva a que las personas ahorren, paguen sus deudas y puedan volver a acceder a nuevos créditos, por ejemplo, de vivienda o educación”.

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Sin embargo, el hecho de que sea solo un grupo de personas que clasifiquen al borrón y cuenta nueva no cambia el debate. El problema central del que advierten los analistas es la pérdida de información, no tener los datos completos y limpios: el mercado financiero no podrá diferenciar entre quien haya tenido siempre un buen historial de pago y quien tenga un buen puntaje por haberse acogido al borrón y cuenta nueva. Y aunque sea solo un 1 %, de todas formas se genera incertidumbre a la hora de entregar el crédito.

Pero por fortuna este es un debate que tiene una gran ventaja, pues hay un caso de la vida real del que Colombia puede guiarse.

El caso chileno

En Chile, la Ley 20.575 de 2012 propuso una amnistía muy similar a la que propone el proyecto de ley de los senadores Barguil y Velasco. En ambos casos se restringe, o al menos limita, la información financiera de los ciudadanos.

“Los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el título III de la ley N.º 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no podrán comunicar los datos relativos a dichas obligaciones cuando se hayan hecho exigibles antes del 31 de diciembre de 2011 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2’500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro”, indica el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley 20.575.

Un estudio de Andrés Liberman, Christopher Neilson, Luis Opazo y Seth Zimmerman encontró que el proyecto de ley afectó principalmente a los ciudadanos de menor capacidad de pago. Debido a que las entidades financieras no podían diferenciar a los usuarios con base en su comportamiento de pago, en el primer año del proyecto de ley se produjo un incremento en la tasa de interés de casi 10 puntos (de 25 a 35 %) en los préstamos de la población de menores ingresos (ver gráfica).

En cambio, en los créditos de la población de mayor capacidad de pago prácticamente no se apreció ningún cambio durante el primer año de la ley. Se trata de un resultado altamente adverso, pues la ley atacó al grupo de la sociedad más vulnerable y que más dificultades presenta en las políticas de bancarización.

¿Qué pasaría en Colombia?

Para el economista, exministro y socio de la consultora Econcept, Mauricio Santamaría, en Colombia “un incremento de los intereses es el resultado esperado en caso de que pase el proyecto de ley. Además, hay que tener en cuenta que el 90 % de la población depende de la garantía reputacional para acceder a créditos; la información es la razón por la que les prestan. Entonces corremos el riesgo de retroceder 50 años, cuando solo los que tenían propiedades podían acceder a créditos dentro del sistema financiero. Y el grupo de la sociedad de menores ingresos debía recurrir a los créditos gota a gota (con intereses hiperaltos y que pueden costar la vida en caso de incumplimiento)”.

También es importante resaltar que en Colombia el 92 % de las obligaciones reportadas en Datacrédito son positivas y solo el 8 % está en mora. Por lo que en caso de que este proyecto se apruebe y la ley provoque los mismos efectos que en Chile, sería injusto para una sociedad que en datos se destaca por ser buena paga.

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Además, un incremento de 10 puntos como el que se dio en Chile sería todo un reto para la población de bajos ingresos colombiana. En un crédito de $10 millones a 60 meses pagaría al final del préstamo $6,7 millones en intereses con una tasa del 25 %. Pero con una tasa del 35 %, los intereses pagados se elevan a más $9,5 millones. Es decir, con la tasa más cara se pagan $2,8 millones de más intereses.

Santamaría también critica la otra parte del proyecto de ley, que propone reducir de cuatro a dos años la permanencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo: “Este período tan corto no permite analizar la tendencia de un historial de pagos. Puede haber dos individuos con el mismo puntaje, pero con dos años de información es difícil diferenciar quién ha venido mejorando y quién empeorando. Además, Colombia es uno de los países más suaves en la permanencia de estos registros. En naciones con mayor pobreza, como la India, estos registros nunca se borran. En caso de que el Congreso apruebe esta iniciativa, estimamos que se dejarían de entregar entre 6 y 12 billones en préstamos. Y la más perjudicada sería la población de menores ingresos, al no contar con una garantía de reputación adecuada”.

No solo el sector financiero

A pesar del ruido del debate, no muchos dimensionan las implicaciones de cualquier cambio o efecto sobre los historiales de pago: esta información no solo se usa en el sector financiero. A la hora de sacar un celular, comprar un televisor a plazos, sacar un seguro y hasta en los servicios públicos se utilizan estos datos.

Incluso la tienda de la esquina puede verse afectada. Según Acopi, los negocios informales son los que más dependen de los créditos de personas naturales, es decir, los que le dan al dueño para mantener su operación: comprar mercancía, arrendar del local o pagar salarios.

El proyecto de ley podría repercutir en más dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos de las que se cree. Para los críticos del proyecto, estos son algunos elementos que los congresistas deberían tener en cuenta a la hora de discutir en los debates que le quedan a la iniciativa.

Uno de los proyectos de ley de índole económico que más han llamado la atención en esta legislatura es el de los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguil, del Partido Conservador, que busca reformar la Ley de Hábeas Data (1266 de 2008). La iniciativa, que va para tercer debate, tiene dos grandes propuestas: por un lado pretende reducir el tiempo máximo de prevalencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo una vez termine la mora, de cuatro a dos años. Por otro busca dar una amnistía de seis meses para que los colombianos se pongan al día con sus deudas: si pagan tendrán borrón y cuenta nueva en estas entidades.

Debido a sus propuestas, el proyecto de ley ha despertado un alto interés en el país, tanto de los ciudadanos que podrían tener un nuevo comienzo en su reputación y vida financieras, como de los analistas y técnicos del Estado, que se muestran preocupados. Por eso en los últimos meses se ha librado un fuerte debate dentro y fuera del Congreso.

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Por ejemplo, hace un par de semanas, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, declaró ante la Comisión I de la Cámara de Representantes que “la iniciativa tiene los mejores propósitos, pero podría generar peores resultados. Cuando los bancos no tienen suficiente información asumen que la gente es mala paga y elevan sus tasas o recortan los montos de crédito”.

Por su parte, el senador Barguil ha defendido el proyecto de ley indicando que es una oportunidad para que los miles de colombianos puedan ponerse al día con sus deudas y así puedan volver a acceder a créditos dentro del sistema financiero. Incluso asegura que esto podría dinamizar la economía.

Además, el congresista explicó en una columna en el portal Kienyké que es falso que “nuestra iniciativa estipula un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo a los colombianos que se pongan al día en los seis primeros meses de vigencia de la ley. Una persona saldrá del reporte si y solo si paga la deuda. La amnistía que se contempla es por única vez y no es permanente. Se incentiva a que las personas ahorren, paguen sus deudas y puedan volver a acceder a nuevos créditos, por ejemplo, de vivienda o educación”.

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Sin embargo, el hecho de que sea solo un grupo de personas que clasifiquen al borrón y cuenta nueva no cambia el debate. El problema central del que advierten los analistas es la pérdida de información, no tener los datos completos y limpios: el mercado financiero no podrá diferenciar entre quien haya tenido siempre un buen historial de pago y quien tenga un buen puntaje por haberse acogido al borrón y cuenta nueva. Y aunque sea solo un 1 %, de todas formas se genera incertidumbre a la hora de entregar el crédito.

Pero por fortuna este es un debate que tiene una gran ventaja, pues hay un caso de la vida real del que Colombia puede guiarse.

El caso chileno

En Chile, la Ley 20.575 de 2012 propuso una amnistía muy similar a la que propone el proyecto de ley de los senadores Barguil y Velasco. En ambos casos se restringe, o al menos limita, la información financiera de los ciudadanos.

“Los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el título III de la ley N.º 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no podrán comunicar los datos relativos a dichas obligaciones cuando se hayan hecho exigibles antes del 31 de diciembre de 2011 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2’500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro”, indica el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley 20.575.

Un estudio de Andrés Liberman, Christopher Neilson, Luis Opazo y Seth Zimmerman encontró que el proyecto de ley afectó principalmente a los ciudadanos de menor capacidad de pago. Debido a que las entidades financieras no podían diferenciar a los usuarios con base en su comportamiento de pago, en el primer año del proyecto de ley se produjo un incremento en la tasa de interés de casi 10 puntos (de 25 a 35 %) en los préstamos de la población de menores ingresos (ver gráfica).

En cambio, en los créditos de la población de mayor capacidad de pago prácticamente no se apreció ningún cambio durante el primer año de la ley. Se trata de un resultado altamente adverso, pues la ley atacó al grupo de la sociedad más vulnerable y que más dificultades presenta en las políticas de bancarización.

¿Qué pasaría en Colombia?

Para el economista, exministro y socio de la consultora Econcept, Mauricio Santamaría, en Colombia “un incremento de los intereses es el resultado esperado en caso de que pase el proyecto de ley. Además, hay que tener en cuenta que el 90 % de la población depende de la garantía reputacional para acceder a créditos; la información es la razón por la que les prestan. Entonces corremos el riesgo de retroceder 50 años, cuando solo los que tenían propiedades podían acceder a créditos dentro del sistema financiero. Y el grupo de la sociedad de menores ingresos debía recurrir a los créditos gota a gota (con intereses hiperaltos y que pueden costar la vida en caso de incumplimiento)”.

También es importante resaltar que en Colombia el 92 % de las obligaciones reportadas en Datacrédito son positivas y solo el 8 % está en mora. Por lo que en caso de que este proyecto se apruebe y la ley provoque los mismos efectos que en Chile, sería injusto para una sociedad que en datos se destaca por ser buena paga.

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Además, un incremento de 10 puntos como el que se dio en Chile sería todo un reto para la población de bajos ingresos colombiana. En un crédito de $10 millones a 60 meses pagaría al final del préstamo $6,7 millones en intereses con una tasa del 25 %. Pero con una tasa del 35 %, los intereses pagados se elevan a más $9,5 millones. Es decir, con la tasa más cara se pagan $2,8 millones de más intereses.

Santamaría también critica la otra parte del proyecto de ley, que propone reducir de cuatro a dos años la permanencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo: “Este período tan corto no permite analizar la tendencia de un historial de pagos. Puede haber dos individuos con el mismo puntaje, pero con dos años de información es difícil diferenciar quién ha venido mejorando y quién empeorando. Además, Colombia es uno de los países más suaves en la permanencia de estos registros. En naciones con mayor pobreza, como la India, estos registros nunca se borran. En caso de que el Congreso apruebe esta iniciativa, estimamos que se dejarían de entregar entre 6 y 12 billones en préstamos. Y la más perjudicada sería la población de menores ingresos, al no contar con una garantía de reputación adecuada”.

No solo el sector financiero

A pesar del ruido del debate, no muchos dimensionan las implicaciones de cualquier cambio o efecto sobre los historiales de pago: esta información no solo se usa en el sector financiero. A la hora de sacar un celular, comprar un televisor a plazos, sacar un seguro y hasta en los servicios públicos se utilizan estos datos.

Incluso la tienda de la esquina puede verse afectada. Según Acopi, los negocios informales son los que más dependen de los créditos de personas naturales, es decir, los que le dan al dueño para mantener su operación: comprar mercancía, arrendar del local o pagar salarios.

El proyecto de ley podría repercutir en más dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos de las que se cree. Para los críticos del proyecto, estos son algunos elementos que los congresistas deberían tener en cuenta a la hora de discutir en los debates que le quedan a la iniciativa.