¿Es viable recortarles beneficios a los trabajadores como propone Anif?
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone eliminar el pago de los empleadores a cajas de compensación, intereses de cesantías y costos por despidos porque encarecen la contratación.
Redacción Economía.
Para atacar las “complejas inflexibilidades estructurales” del mercado laboral, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone incluir como elementos de una futura reforma laboral la reducción de los costos no salariales a través de la eliminación del aporte a caja de compensación que hacen las empresas y de los intereses de las cesantías, así como la disminución de los costos de contratación y despido, y la regulación en el ajuste al salario mínimo.
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La Asociación cuestiona que el salario mínimo mensual colombiano es el segundo más alto entre los países más grandes de la región después de Chile y que este valor se incrementa sustancialmente al sumarle los costos no salariales (subsidio de transporte, seguridad social, cesantías, cofamiliares, entre otros), “dicho nivel supera el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico”, dice en un informe de la entidad.
De hecho, de acuerdo con el gremio, los sobrecostos laborales de un trabajador que gana un salario mínimo llegan al 50 %. Para este año el salario mínimo se estableció en $877.803 mensuales, mas un subsidio de transporte de $102.854.
Según la reglamentación actual, a un trabajador contratado como dependiente (sea a término fijo o indefinido) se le calcula sobre su salario un pago de 16 % para pensión y de 12,5 % para salud. Sin embargo, el ahorro para jubilación lo paga principalmente el empleador, que debe poner 12 % mientras al trabajador se le descuenta sólo 4 %. Así mismo, el aporte al Plan Obligatorio de Salud (POS) se compone de un equivalente al 8,5 % del salario que debe ser cubierto por el empleador y un 4 % adicional que se le quita al trabajador.
Fuera de eso, las empresas deben realizar un aporte mensual del 4 % del total de la nómina para financiar los servicios de las cajas de compensación. Además, en febrero de cada año deben pagarle al trabajador el equivalente a un mes de salario por el año trabajado y posteriormente los intereses por la retención de este dinero durante 12 meses; este último, según Anif, equivale al 1 % del valor de la nómina.
Así mismo, si una empresa despide a un empleado dependiente sin justa causa (es decir cuando el retiro no es voluntario por parte del trabajador o de mutuo acuerdo), debe pagar una indemnización equivalente al salario de los meses que faltan para que se termine su contrato, en caso de vinculación a término fijo, y al pago de 30 días de salario por el primer año de trabajo, más 20 días por cada año adicional, en caso de contrato a término indefinido para mensualidades menores a 10 salarios mínimos. En cualquier caso, cuando un trabajador se va el empleador debe liquidar las prestaciones, los salarios insolutos y las vacaciones pendientes.
Iván Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio Laboral de la misma institución, fue enfático en que recortar los mencionados beneficios “no va a corregir niveles de empleabilidad del país”. También aseguró que la discusión alrededor del salario mínimo no se puede ligar solo a la productividad y costo del mismo, pues se trata de un ingreso vital que se mide por categorías distintas: “el trabajo no es mercancía, es un patrón de reconocimiento social por una actividad humana”.
Para el académico el argumento de Anif es lo que los matemáticos llaman una relación espuria, es decir, cuando se busca una conexión lógica entre dos acontecimientos que no la tienen, en este caso la producción y el abaratamiento de la contratación, “no hay relación de proporcionalidad entre el costo y el beneficio”. De hecho, Jaramillo rechaza que se utilice la expresión “sobre costos salariales” y dice que son “prestaciones sociales que tienen una naturaleza jurídica de protección y reconocimientos de derechos y garantías prometidas desde la Constitución; bajo ese entendido se concibió y así hay que entenderlo. No pueden ser derogados porque deteriorarían el sistema colombiano”.
Por su parte, Leopoldo Fergusson, profesor de economía de la Universidad de los Andes, reconoce que es importante reducir los costos de contratar trabajadores formales en Colombia para mejorar el empleo y que los aumentos recientes en el salario mínimo “despiertan preocupación por sus efectos, ya que han sido más generosos que tradicionalmente”. Sin embargo, cree el análisis de Anif “deja de lado lo más preocupante: la lamentable falta de productividad del aparato productivo colombiano”.
Su lectura es que la elevada informalidad refleja los costos de tener relaciones laborales formales en Colombia pero, también, la muy floja productividad. La propuesta de Fergusson es promover la competencia y acabar con tratamientos tributarios diferenciales que crean sectores protegidos a punta de exenciones y beneficios tributarios. “Debemos mirar el panorama completo: flexibilizar el mercado laboral sí, pero también avanzar en la productividad, no podemos tener una visión parcial ni justificar mal las propuestas”.
Sin embargo, el centro de pensamiento insistió en que el deterioro del mercado laboral fue la principal preocupación macroeconómica durante el año 2019, "habiéndose observado tasas de desempleo promedio nacional cercanas al 10,6 % (un punto porcentual por encima de lo observado en 2018)". Para Anif es un primordial que el encarecimiento del trabajo y la alta informalidad laboral provienen, entre otras cosas, de los sobrecostos salariales.
¿En qué se puede recortar?
Los economistas, en su mayoría, coinciden en que la reforma tributaria de 2012 ayudó a la generación unos 500.000 empleos formales, pero el impacto no fue tan alto como se tenía previsto; la actualización a la norma redujo 13,5 % las contribuciones que gravan la nómina al eliminar el pago el de 2 % de los salarios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de 3 % para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y reducir el aporte en salud que ponen los empleadores (8,5 %). Fergusson, por su parte, considera que las estimaciones suelen sugerir que el impacto en empleo no es tan grande “aunque sí en formalidad, lo que en todo caso es preocupante”.Anif señala, por ejemplo, que el gobierno podría replicar lo hecho en España en 2012, cuando se eliminaron los costos de enganche-despido. Pero esa reforma laboral no solo fue controvertida, sino que no logró el efecto deseado. Según analistas la indemnización en el país ibérico sigue siendo la más alta de la Unión Europea (28 semanas de salario cuando el promedio son 15 semanas). En Colombia se hizo un ajuste similar en 2002 con la ley 789, que redujo las penas se despido. Según Jaramillo, “cada vez es más barato prescindir de un trabajador; levantarlo más redunda en el deterioro de la calidad del trabajo, afecta la estabilidad, la calidad del trabajo y hasta el sentido de pertenencia; va en contra de los trabajadores”.
Frente a los intereses de las cesantías, Fergusson cree que no son un regalo del empleador, sino que buscan “reconocer el rendimiento de un dinero (como lo hace cualquier capital) que en realidad pertenece al empleado, pero que el empleador liquida anualmente”, hecho que no tiene relación con que las administradoras de fondos pensiones y cesantías también generen unos rendimientos, “que eso suceda no parece justificación válida para eliminarlos”.
Jaramillo, por su parte, defendió las cajas de compensación por tratarse de centros que ofrecen servicios complementarios para elevar los niveles de vida de la población trabajadora, “eliminarlas redundaría en el deterioro de la seguridad social y la calidad de vida de los trabajadores”, indicó. Esta premisa la han defendido por años las mismas cajas cada vez que se vuelve a poner esta propuesta sobre la mesa.
En Colombia operan 43 cajas de compensación familiar que prestan servicios a más de 9 millones de trabajadores (de los cuales el 75 % ganan menos de dos salarios mínimos) y a su núcleo familiar, lo que significa un alcance de 21 millones de personas. Según Adriana Guillén, presidenta Asocajas, “hay que mirar la relación costo-beneficio; esa inversión trae un retorno muy importante desde el punto de vista social y muchos empresarios se están dando cuenta. Es posible tener rendimientos económicos y, al tiempo, provocar desarrollo social”, aseguró.
Lea también: ¿En qué gastan las familias colombianas?
Anif concluyó que las posibles soluciones vía política pública a los problemas en el frente laboral son preocupantes porque se mueven “en la dirección errada de mayor encarecimiento del trabajo, no solo con el aumento desbordado del salario mínimo sino con el apoyo del gobierno a las primas adicionales” y advirtió que irónicamente en el mediano plazo esas decisiones perjudicarán a las clases medias que expresaron por estos días su descontento una vez más.
Para atacar las “complejas inflexibilidades estructurales” del mercado laboral, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone incluir como elementos de una futura reforma laboral la reducción de los costos no salariales a través de la eliminación del aporte a caja de compensación que hacen las empresas y de los intereses de las cesantías, así como la disminución de los costos de contratación y despido, y la regulación en el ajuste al salario mínimo.
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La Asociación cuestiona que el salario mínimo mensual colombiano es el segundo más alto entre los países más grandes de la región después de Chile y que este valor se incrementa sustancialmente al sumarle los costos no salariales (subsidio de transporte, seguridad social, cesantías, cofamiliares, entre otros), “dicho nivel supera el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico”, dice en un informe de la entidad.
De hecho, de acuerdo con el gremio, los sobrecostos laborales de un trabajador que gana un salario mínimo llegan al 50 %. Para este año el salario mínimo se estableció en $877.803 mensuales, mas un subsidio de transporte de $102.854.
Según la reglamentación actual, a un trabajador contratado como dependiente (sea a término fijo o indefinido) se le calcula sobre su salario un pago de 16 % para pensión y de 12,5 % para salud. Sin embargo, el ahorro para jubilación lo paga principalmente el empleador, que debe poner 12 % mientras al trabajador se le descuenta sólo 4 %. Así mismo, el aporte al Plan Obligatorio de Salud (POS) se compone de un equivalente al 8,5 % del salario que debe ser cubierto por el empleador y un 4 % adicional que se le quita al trabajador.
Fuera de eso, las empresas deben realizar un aporte mensual del 4 % del total de la nómina para financiar los servicios de las cajas de compensación. Además, en febrero de cada año deben pagarle al trabajador el equivalente a un mes de salario por el año trabajado y posteriormente los intereses por la retención de este dinero durante 12 meses; este último, según Anif, equivale al 1 % del valor de la nómina.
Así mismo, si una empresa despide a un empleado dependiente sin justa causa (es decir cuando el retiro no es voluntario por parte del trabajador o de mutuo acuerdo), debe pagar una indemnización equivalente al salario de los meses que faltan para que se termine su contrato, en caso de vinculación a término fijo, y al pago de 30 días de salario por el primer año de trabajo, más 20 días por cada año adicional, en caso de contrato a término indefinido para mensualidades menores a 10 salarios mínimos. En cualquier caso, cuando un trabajador se va el empleador debe liquidar las prestaciones, los salarios insolutos y las vacaciones pendientes.
Iván Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio Laboral de la misma institución, fue enfático en que recortar los mencionados beneficios “no va a corregir niveles de empleabilidad del país”. También aseguró que la discusión alrededor del salario mínimo no se puede ligar solo a la productividad y costo del mismo, pues se trata de un ingreso vital que se mide por categorías distintas: “el trabajo no es mercancía, es un patrón de reconocimiento social por una actividad humana”.
Para el académico el argumento de Anif es lo que los matemáticos llaman una relación espuria, es decir, cuando se busca una conexión lógica entre dos acontecimientos que no la tienen, en este caso la producción y el abaratamiento de la contratación, “no hay relación de proporcionalidad entre el costo y el beneficio”. De hecho, Jaramillo rechaza que se utilice la expresión “sobre costos salariales” y dice que son “prestaciones sociales que tienen una naturaleza jurídica de protección y reconocimientos de derechos y garantías prometidas desde la Constitución; bajo ese entendido se concibió y así hay que entenderlo. No pueden ser derogados porque deteriorarían el sistema colombiano”.
Por su parte, Leopoldo Fergusson, profesor de economía de la Universidad de los Andes, reconoce que es importante reducir los costos de contratar trabajadores formales en Colombia para mejorar el empleo y que los aumentos recientes en el salario mínimo “despiertan preocupación por sus efectos, ya que han sido más generosos que tradicionalmente”. Sin embargo, cree el análisis de Anif “deja de lado lo más preocupante: la lamentable falta de productividad del aparato productivo colombiano”.
Su lectura es que la elevada informalidad refleja los costos de tener relaciones laborales formales en Colombia pero, también, la muy floja productividad. La propuesta de Fergusson es promover la competencia y acabar con tratamientos tributarios diferenciales que crean sectores protegidos a punta de exenciones y beneficios tributarios. “Debemos mirar el panorama completo: flexibilizar el mercado laboral sí, pero también avanzar en la productividad, no podemos tener una visión parcial ni justificar mal las propuestas”.
Sin embargo, el centro de pensamiento insistió en que el deterioro del mercado laboral fue la principal preocupación macroeconómica durante el año 2019, "habiéndose observado tasas de desempleo promedio nacional cercanas al 10,6 % (un punto porcentual por encima de lo observado en 2018)". Para Anif es un primordial que el encarecimiento del trabajo y la alta informalidad laboral provienen, entre otras cosas, de los sobrecostos salariales.
¿En qué se puede recortar?
Los economistas, en su mayoría, coinciden en que la reforma tributaria de 2012 ayudó a la generación unos 500.000 empleos formales, pero el impacto no fue tan alto como se tenía previsto; la actualización a la norma redujo 13,5 % las contribuciones que gravan la nómina al eliminar el pago el de 2 % de los salarios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de 3 % para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y reducir el aporte en salud que ponen los empleadores (8,5 %). Fergusson, por su parte, considera que las estimaciones suelen sugerir que el impacto en empleo no es tan grande “aunque sí en formalidad, lo que en todo caso es preocupante”.Anif señala, por ejemplo, que el gobierno podría replicar lo hecho en España en 2012, cuando se eliminaron los costos de enganche-despido. Pero esa reforma laboral no solo fue controvertida, sino que no logró el efecto deseado. Según analistas la indemnización en el país ibérico sigue siendo la más alta de la Unión Europea (28 semanas de salario cuando el promedio son 15 semanas). En Colombia se hizo un ajuste similar en 2002 con la ley 789, que redujo las penas se despido. Según Jaramillo, “cada vez es más barato prescindir de un trabajador; levantarlo más redunda en el deterioro de la calidad del trabajo, afecta la estabilidad, la calidad del trabajo y hasta el sentido de pertenencia; va en contra de los trabajadores”.
Frente a los intereses de las cesantías, Fergusson cree que no son un regalo del empleador, sino que buscan “reconocer el rendimiento de un dinero (como lo hace cualquier capital) que en realidad pertenece al empleado, pero que el empleador liquida anualmente”, hecho que no tiene relación con que las administradoras de fondos pensiones y cesantías también generen unos rendimientos, “que eso suceda no parece justificación válida para eliminarlos”.
Jaramillo, por su parte, defendió las cajas de compensación por tratarse de centros que ofrecen servicios complementarios para elevar los niveles de vida de la población trabajadora, “eliminarlas redundaría en el deterioro de la seguridad social y la calidad de vida de los trabajadores”, indicó. Esta premisa la han defendido por años las mismas cajas cada vez que se vuelve a poner esta propuesta sobre la mesa.
En Colombia operan 43 cajas de compensación familiar que prestan servicios a más de 9 millones de trabajadores (de los cuales el 75 % ganan menos de dos salarios mínimos) y a su núcleo familiar, lo que significa un alcance de 21 millones de personas. Según Adriana Guillén, presidenta Asocajas, “hay que mirar la relación costo-beneficio; esa inversión trae un retorno muy importante desde el punto de vista social y muchos empresarios se están dando cuenta. Es posible tener rendimientos económicos y, al tiempo, provocar desarrollo social”, aseguró.
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Anif concluyó que las posibles soluciones vía política pública a los problemas en el frente laboral son preocupantes porque se mueven “en la dirección errada de mayor encarecimiento del trabajo, no solo con el aumento desbordado del salario mínimo sino con el apoyo del gobierno a las primas adicionales” y advirtió que irónicamente en el mediano plazo esas decisiones perjudicarán a las clases medias que expresaron por estos días su descontento una vez más.