¿Es viable reducir la jornada laboral en Colombia?

El viernes pasado, la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley del Centro Democrático que busca reducir en ocho horas la jornada laboral semanal (al pasar de 48 horas a 40 horas), de forma progresiva y sin afectar el salario de los trabajadores.

La propuesta, del exsenador Álvaro Uribe, es que se modifique el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, así: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta (40) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”.

De acuerdo con la ley vigente, la duración máxima de la jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, distribuidas en ocho horas diarias, seis días a la semana. El articulado advierte que se ha demostrado que “trabajar largas jornadas es agotador, puede aumentar el riesgo de que los trabajadores cometan errores y causa fatiga física y mental, que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de salud”. También argumenta que una persona motivada es más productiva.

De hecho, según la Encuesta de uso del tiempo del DANE, los colombianos trabajan en promedio 8 horas y 25 minutos al día. Eso significa 45,1 horas a la semana, de las cuales 42,3 horas son de las mujeres y 47, 8 horas de los hombres. También varía por actividad, es más larga la jornada en actividades inmobiliarias (49,5) y más baja en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, así como en administración pública y defensa, educación, actividades de atención en salud y servicios sociales (42,5).

El senado Honorio Henríquez, ponente del proyecto, aseguró que Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas de Sudamérica. En Canadá y Estados Unidos ya tienen un límite de 40 horas semanales, mientras que el promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de apenas 36,8 horas semanales, “Colombia ha estado casi 12 horas por encima de este margen. Las tendencias sobre talento humano apuntas a que las personas somos más productivas en la medida en que estamos más motivadas”, sostuvo.

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, reconoció que efectivamente Colombia está muy por encima del promedio de la OCDE en materia de número de horas de trabajo, incluso contó que en España, donde la jornada laboral es de 40 horas, se está discutiendo actualmente la reducción a 32 horas.

“El tema es que siempre que se habla de automatización y robotización, etc. se incluye el tema de habilidades y actualización de formación para el trabajo, pero no siempre se plantea la necesidad de derivar la reducción de tiempos de disponibilidad del trabajador sin afectar la remuneración y mejorar la distribución de las decisiones de la soberanía de la asignación de tiempos de trabajo/ vida personal”, dijo.

“Eso quiere decir más tiempo en familia, para la educación, para el descanso, para relajarse, menos estrés laboral, pero también mayor productividad. Todo eso sin que al trabajador se le pueda reducir el salario”, comentó el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, quien destacó además que esta medida se complementa con la reducción de impuestos de la ley de crecimiento económico, específicamente de renta (del 40 % al 30 %), del IVA, del desmonte de la renta presuntiva y del simple (desde 1,8 %).

Otras personas que se manifestaron a favor de la medida, argumentando que habría un impacto en el tejido social, la economía familiar y el bienestar de los trabajadores, fueron la gobernadora del Valle, Clara Roldán y las senadoras Ruby Chaguii y María del Rosario Guerra.

Sin embargo, algunos expertos cuestionaron el efecto que tendría esta decisión en otros factores como la productividad. De acuerdo con el experto en finanzas Sergio Cabrales, con una reducción de 16,7 % en las horas laboradas es necesario aumentar la productividad al menos 20 % para no sentir las repercusiones.

Según datos del DNP, la productividad laboral, medida como el PIB por trabajador, creció a una tasa anual de 1,8 % entre 2002 y 2017. Además, para 2018 tuvo uno de los aumentos más altos de los últimos años: 1,67 %. Y por ramas de actividad, la productividad ha sido tradicionalmente más alta en explotación de minas y canteras (8,63) y suministro de electricidad, gas y agua (7,33), con corte a 2017; muy diferente a la que tuvieron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4) y comercio, reparación, restaurantes y hoteles (0,5). Las cifras son bajas respecto a las principales economías del mundo, incluso frente a otros países emergentes.

El articulado plantea que reducir la jornada ayuda a aumentar la productividad porque motiva a los trabajadores a invertir bien su tiempo, “de manera que las mismas funciones que tienen asignadas sean realizadas en menor tiempo. Así la motivación es vista como un factor interno que tiene influencia directa en los niveles de productividad porque les permite disfrutar más tiempo con sus familias, acceder a capacitación/educación o recreación, tener más oportunidades de trabajo.

El presidente de Andi, Bruce Mac Master, advirtió que la decisión “encarecería” la contratación, especialmente el empleo formal, por lo que no contribuiría a la generación de empleo tan necesaria por cuenta del impacto de la pandemia. Esta ha sido la posición de algunos empresarios a lo largo de la discusión, incluso la llevaron al Congreso durante la discusión del proyecto de ley.

Le recomendamos: Desempleo se ubicó en 14,7 % en octubre de 2020

Un informe del gremio revela que de los 22 millones de ocupados que hay en Colombia, solo 7,7 millones son formales (cuya remuneración promedio por hora es de $9.666) y el 81 % de ellos trabajan más de 40 horas a la semana. Con base en esto y en la idea de que las empresas contratarían más gente para suplir esas horas, realizó una estimación del impacto en la economía del país que concluye que, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas cargarían con un costo semanal promedio de $85.309 por persona. “Esto, escalado a los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, significaría un costo anual de $26,9 billones para la economía, es decir, un impacto de cerca del 2,7 % del PIB de 2019”.

El Centro Democrático citó durante el debate la recomendación que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 1962 cuando señaló medidas prácticas para proceder a una reducción progresiva de la duración del trabajo, “habida cuenta de la variedad de condiciones económicas y sociales que prevalecen en los diferentes países, así como de la variedad de las prácticas nacionales para reglamentar la duración y las demás condiciones de trabajo”.

De hecho, en 1935, la organización estableció el Convenio sobre las cuarenta horas semanales “como una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario, y definiendo la duración normal máxima del trabajo, conforme a lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de trabajo (industria) en 1919”.

La iniciativa todavía debe ser debatida en la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria, para convertirse en ley de la República. Si entra en vigencia la ley, la primera reducción sería de tres horas semanales; un año más tarde se restarían otras tres y al siguiente año se eliminarían las otras dos.

El viernes pasado, la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley del Centro Democrático que busca reducir en ocho horas la jornada laboral semanal (al pasar de 48 horas a 40 horas), de forma progresiva y sin afectar el salario de los trabajadores.

La propuesta, del exsenador Álvaro Uribe, es que se modifique el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, así: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta (40) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”.

De acuerdo con la ley vigente, la duración máxima de la jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, distribuidas en ocho horas diarias, seis días a la semana. El articulado advierte que se ha demostrado que “trabajar largas jornadas es agotador, puede aumentar el riesgo de que los trabajadores cometan errores y causa fatiga física y mental, que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de salud”. También argumenta que una persona motivada es más productiva.

De hecho, según la Encuesta de uso del tiempo del DANE, los colombianos trabajan en promedio 8 horas y 25 minutos al día. Eso significa 45,1 horas a la semana, de las cuales 42,3 horas son de las mujeres y 47, 8 horas de los hombres. También varía por actividad, es más larga la jornada en actividades inmobiliarias (49,5) y más baja en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, así como en administración pública y defensa, educación, actividades de atención en salud y servicios sociales (42,5).

El senado Honorio Henríquez, ponente del proyecto, aseguró que Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas de Sudamérica. En Canadá y Estados Unidos ya tienen un límite de 40 horas semanales, mientras que el promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de apenas 36,8 horas semanales, “Colombia ha estado casi 12 horas por encima de este margen. Las tendencias sobre talento humano apuntas a que las personas somos más productivas en la medida en que estamos más motivadas”, sostuvo.

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, reconoció que efectivamente Colombia está muy por encima del promedio de la OCDE en materia de número de horas de trabajo, incluso contó que en España, donde la jornada laboral es de 40 horas, se está discutiendo actualmente la reducción a 32 horas.

“El tema es que siempre que se habla de automatización y robotización, etc. se incluye el tema de habilidades y actualización de formación para el trabajo, pero no siempre se plantea la necesidad de derivar la reducción de tiempos de disponibilidad del trabajador sin afectar la remuneración y mejorar la distribución de las decisiones de la soberanía de la asignación de tiempos de trabajo/ vida personal”, dijo.

“Eso quiere decir más tiempo en familia, para la educación, para el descanso, para relajarse, menos estrés laboral, pero también mayor productividad. Todo eso sin que al trabajador se le pueda reducir el salario”, comentó el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, quien destacó además que esta medida se complementa con la reducción de impuestos de la ley de crecimiento económico, específicamente de renta (del 40 % al 30 %), del IVA, del desmonte de la renta presuntiva y del simple (desde 1,8 %).

Otras personas que se manifestaron a favor de la medida, argumentando que habría un impacto en el tejido social, la economía familiar y el bienestar de los trabajadores, fueron la gobernadora del Valle, Clara Roldán y las senadoras Ruby Chaguii y María del Rosario Guerra.

Sin embargo, algunos expertos cuestionaron el efecto que tendría esta decisión en otros factores como la productividad. De acuerdo con el experto en finanzas Sergio Cabrales, con una reducción de 16,7 % en las horas laboradas es necesario aumentar la productividad al menos 20 % para no sentir las repercusiones.

Según datos del DNP, la productividad laboral, medida como el PIB por trabajador, creció a una tasa anual de 1,8 % entre 2002 y 2017. Además, para 2018 tuvo uno de los aumentos más altos de los últimos años: 1,67 %. Y por ramas de actividad, la productividad ha sido tradicionalmente más alta en explotación de minas y canteras (8,63) y suministro de electricidad, gas y agua (7,33), con corte a 2017; muy diferente a la que tuvieron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4) y comercio, reparación, restaurantes y hoteles (0,5). Las cifras son bajas respecto a las principales economías del mundo, incluso frente a otros países emergentes.

El articulado plantea que reducir la jornada ayuda a aumentar la productividad porque motiva a los trabajadores a invertir bien su tiempo, “de manera que las mismas funciones que tienen asignadas sean realizadas en menor tiempo. Así la motivación es vista como un factor interno que tiene influencia directa en los niveles de productividad porque les permite disfrutar más tiempo con sus familias, acceder a capacitación/educación o recreación, tener más oportunidades de trabajo.

El presidente de Andi, Bruce Mac Master, advirtió que la decisión “encarecería” la contratación, especialmente el empleo formal, por lo que no contribuiría a la generación de empleo tan necesaria por cuenta del impacto de la pandemia. Esta ha sido la posición de algunos empresarios a lo largo de la discusión, incluso la llevaron al Congreso durante la discusión del proyecto de ley.

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Un informe del gremio revela que de los 22 millones de ocupados que hay en Colombia, solo 7,7 millones son formales (cuya remuneración promedio por hora es de $9.666) y el 81 % de ellos trabajan más de 40 horas a la semana. Con base en esto y en la idea de que las empresas contratarían más gente para suplir esas horas, realizó una estimación del impacto en la economía del país que concluye que, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas cargarían con un costo semanal promedio de $85.309 por persona. “Esto, escalado a los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, significaría un costo anual de $26,9 billones para la economía, es decir, un impacto de cerca del 2,7 % del PIB de 2019”.

El Centro Democrático citó durante el debate la recomendación que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 1962 cuando señaló medidas prácticas para proceder a una reducción progresiva de la duración del trabajo, “habida cuenta de la variedad de condiciones económicas y sociales que prevalecen en los diferentes países, así como de la variedad de las prácticas nacionales para reglamentar la duración y las demás condiciones de trabajo”.

De hecho, en 1935, la organización estableció el Convenio sobre las cuarenta horas semanales “como una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario, y definiendo la duración normal máxima del trabajo, conforme a lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de trabajo (industria) en 1919”.

La iniciativa todavía debe ser debatida en la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria, para convertirse en ley de la República. Si entra en vigencia la ley, la primera reducción sería de tres horas semanales; un año más tarde se restarían otras tres y al siguiente año se eliminarían las otras dos.