Espectro para internet 4G: la subasta que murió y renació en una tarde

La “autopista invisible” por la que viajan las telecomunicaciones se llama espectro radioeléctrico y es un bien que le pertenece a la nación. Para sacarle provecho, parte de este se asigna a operadores privados para que desplieguen servicios como el internet móvil. Ahora, el espectro no solo es imperceptible para los ojos, sino que el Gobierno busca que sus beneficios dejen de serlo para los usuarios: el proceso para entregar frecuencias en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz fue declarado desierto, pero a las pocas horas el Mintic inició uno nuevo.

Que el primero fuera desierto puede sonar paradójico, pues la banda de 700 MHz ha sido la más esperada por las compañías móviles a causa de sus particulares características de propagación: sus ondas son capaces de viajar rápido y alcanzar buena cobertura, dos atributos raros de encontrar juntos en el espectro. Es esencial para terminar de desplegar la tecnología de cuarta generación (4G), sobre todo en zonas rurales. Uno de los objetivos del Gobierno con la subasta ha sido poder llevar conectividad a más de 5.700 lugares.

Según el cronograma de la subasta fallida, el plazo para que los operadores manifestaran su interés de participar vencía el pasado 5 de noviembre, a las 4:30 de la tarde; sin embargo, cumplido ese plazo, solo se presentó una empresa: Claro. Para salvar el proceso (que requería dos o más oferentes), el Mintic expidió una resolución para ampliar siete días el término. El problema fue que la dio a conocer después de cumplida la hora límite, por lo que no tuvo ningún efecto: el tiempo ya había vencido.

La razón detrás del desinterés de Tigo y Movistar tuvo que ver, principalmente, con que el Mintic no revelara el precio de arranque de la subasta. Mauricio Ramos, CEO de Millicom, la multinacional que controla Tigo Une, incluso envió una carta al presidente de la República. “Esta particularidad del proceso se aleja diametralmente de las mejores prácticas internacionales para la asignación de espectro y genera enorme e innecesaria incertidumbre para la toma de una decisión de inversión extranjera de esta magnitud en el país”, escribió Ramos.

Movistar tenía la misma inconformidad. Cuando se conocieron las reglas de juego del proceso, Fabián Hernández, presidente de la empresa en el país, dijo: “No revelar el precio base impide que identifiquemos las expectativas del Gobierno y sí nos expone a que el operador dominante (Claro) utilice sus ventajas para subir los precios y así impedir que accedamos al recurso”. El presidente de Claro, Carlos Zenteno, señaló, al anunciar su participación: “Para desplegar la red que permita llevar conectividad millones de colombianos, es necesario utilizar todo el espectro disponible”.

A la pregunta por la inquietud de Tigo y Movistar, la ministra TIC, Sylvia Constaín, en su momento contestó a este diario sugiriendo que el precio no se revelaría pues el principal objetivo de este proceso no es el recaudo, sino el bienestar social, y que, al ser un precio reservado para todos los interesados, nadie podría sacar ventaja. “La estructuración de la subasta y su objetivo definen sus elementos. Estamos convencidos de que esta es una estructura que nos lleva a lograr conectar a la mayor cantidad de colombianos posible”, indicó la ministra.

El desinterés en la subasta desierta fue un tropiezo para la asignación de espectro en el país. Este proceso se ha anunciado en varias ocasiones durante los últimos años, el gobierno anterior también intentó sacarlo adelante, pero ninguna de esas veces había llegado tan lejos: la subasta se iba a llevar a cabo el próximo 12 de diciembre. Una situación macroeconómica adversa y dudas para la seguridad jurídica, según los operadores, como la billonaria pelea perdida contra la nación por parte de Movistar y Claro en 2017, jugaron en contra.

También lo hizo la demora en la expedición de una nueva Ley de TIC que ampliara los tiempos de permiso de uso de espectro: sin más tiempo disponible para recuperar la inversión, el proceso no era tan llamativo para los privados. Aun así, en los planes de este Gobierno estaba sacar adelante la subasta, con o sin nueva Ley TIC. No obstante, logró que se aprobara: los permisos de uso de espectro se ampliaron de diez a veinte años con la ley 1978 de julio de este año. Así, para los operadores, fue por lo menos sorpresivo no poder conocer el precio mínimo de subasta.

La nueva puja

A las pocas horas de tener que declarar desierta la subasta, el viernes pasado el Mintic publicó para comentarios un nuevo proyecto de resolución para que la puja, con nuevas condiciones, se lleve a cabo el próximo 20 de diciembre, solo ocho días después de la fecha original. Es claro que el objetivo es que 2019 no termine sin haber cumplido esa promesa, una de las más importantes de este Gobierno en materia de comunicaciones. Se espera que, en la resolución definitiva, se conozca el precio mínimo del proceso.

“La industria ha sido clara en el mensaje sobre la necesidad de conocer el valor de reserva. Por ello, y teniendo en cuenta que el bienestar del país está por encima de todo, hemos decidido brindar esta información, pero fijar unas condiciones que definen la cantidad de espectro a subastar como mecanismo que garantizará la puja en la subasta para beneficiar principalmente a los más vulnerables y en las zonas rurales del país”, dijo Constaín, según un comunicado del Mintic.

Al cierre de esta publicación, los operadores no se habían pronunciado sobre este nuevo proceso y estaban analizando las nuevas condiciones.

Por ahora, como dice José Otero, vicepresidente de la organización 5G Américas, sigue siendo “urgente” que Colombia asigne más espectro, pues hace seis años no lo hace, pese a que hizo a tiempo la tarea de “limpiar” las bandas necesarias. Para él, también fue sorpresivo que no se conociera el precio de referencia, algo que, dice, es fundamental para evaluar y planear una inversión de tal magnitud. “Es como no saber el precio de las cosas hasta que te toca pagar en la caja del supermercado”, explica.

Mientras países como Estados Unidos han asignado ya este bien para el despliegue de 5G, Colombia sigue en mora de terminar de “allanar” —en términos de Otero— el camino para la siguiente generación de comunicaciones.

La “autopista invisible” por la que viajan las telecomunicaciones se llama espectro radioeléctrico y es un bien que le pertenece a la nación. Para sacarle provecho, parte de este se asigna a operadores privados para que desplieguen servicios como el internet móvil. Ahora, el espectro no solo es imperceptible para los ojos, sino que el Gobierno busca que sus beneficios dejen de serlo para los usuarios: el proceso para entregar frecuencias en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz fue declarado desierto, pero a las pocas horas el Mintic inició uno nuevo.

Que el primero fuera desierto puede sonar paradójico, pues la banda de 700 MHz ha sido la más esperada por las compañías móviles a causa de sus particulares características de propagación: sus ondas son capaces de viajar rápido y alcanzar buena cobertura, dos atributos raros de encontrar juntos en el espectro. Es esencial para terminar de desplegar la tecnología de cuarta generación (4G), sobre todo en zonas rurales. Uno de los objetivos del Gobierno con la subasta ha sido poder llevar conectividad a más de 5.700 lugares.

Según el cronograma de la subasta fallida, el plazo para que los operadores manifestaran su interés de participar vencía el pasado 5 de noviembre, a las 4:30 de la tarde; sin embargo, cumplido ese plazo, solo se presentó una empresa: Claro. Para salvar el proceso (que requería dos o más oferentes), el Mintic expidió una resolución para ampliar siete días el término. El problema fue que la dio a conocer después de cumplida la hora límite, por lo que no tuvo ningún efecto: el tiempo ya había vencido.

La razón detrás del desinterés de Tigo y Movistar tuvo que ver, principalmente, con que el Mintic no revelara el precio de arranque de la subasta. Mauricio Ramos, CEO de Millicom, la multinacional que controla Tigo Une, incluso envió una carta al presidente de la República. “Esta particularidad del proceso se aleja diametralmente de las mejores prácticas internacionales para la asignación de espectro y genera enorme e innecesaria incertidumbre para la toma de una decisión de inversión extranjera de esta magnitud en el país”, escribió Ramos.

Movistar tenía la misma inconformidad. Cuando se conocieron las reglas de juego del proceso, Fabián Hernández, presidente de la empresa en el país, dijo: “No revelar el precio base impide que identifiquemos las expectativas del Gobierno y sí nos expone a que el operador dominante (Claro) utilice sus ventajas para subir los precios y así impedir que accedamos al recurso”. El presidente de Claro, Carlos Zenteno, señaló, al anunciar su participación: “Para desplegar la red que permita llevar conectividad millones de colombianos, es necesario utilizar todo el espectro disponible”.

A la pregunta por la inquietud de Tigo y Movistar, la ministra TIC, Sylvia Constaín, en su momento contestó a este diario sugiriendo que el precio no se revelaría pues el principal objetivo de este proceso no es el recaudo, sino el bienestar social, y que, al ser un precio reservado para todos los interesados, nadie podría sacar ventaja. “La estructuración de la subasta y su objetivo definen sus elementos. Estamos convencidos de que esta es una estructura que nos lleva a lograr conectar a la mayor cantidad de colombianos posible”, indicó la ministra.

El desinterés en la subasta desierta fue un tropiezo para la asignación de espectro en el país. Este proceso se ha anunciado en varias ocasiones durante los últimos años, el gobierno anterior también intentó sacarlo adelante, pero ninguna de esas veces había llegado tan lejos: la subasta se iba a llevar a cabo el próximo 12 de diciembre. Una situación macroeconómica adversa y dudas para la seguridad jurídica, según los operadores, como la billonaria pelea perdida contra la nación por parte de Movistar y Claro en 2017, jugaron en contra.

También lo hizo la demora en la expedición de una nueva Ley de TIC que ampliara los tiempos de permiso de uso de espectro: sin más tiempo disponible para recuperar la inversión, el proceso no era tan llamativo para los privados. Aun así, en los planes de este Gobierno estaba sacar adelante la subasta, con o sin nueva Ley TIC. No obstante, logró que se aprobara: los permisos de uso de espectro se ampliaron de diez a veinte años con la ley 1978 de julio de este año. Así, para los operadores, fue por lo menos sorpresivo no poder conocer el precio mínimo de subasta.

La nueva puja

A las pocas horas de tener que declarar desierta la subasta, el viernes pasado el Mintic publicó para comentarios un nuevo proyecto de resolución para que la puja, con nuevas condiciones, se lleve a cabo el próximo 20 de diciembre, solo ocho días después de la fecha original. Es claro que el objetivo es que 2019 no termine sin haber cumplido esa promesa, una de las más importantes de este Gobierno en materia de comunicaciones. Se espera que, en la resolución definitiva, se conozca el precio mínimo del proceso.

“La industria ha sido clara en el mensaje sobre la necesidad de conocer el valor de reserva. Por ello, y teniendo en cuenta que el bienestar del país está por encima de todo, hemos decidido brindar esta información, pero fijar unas condiciones que definen la cantidad de espectro a subastar como mecanismo que garantizará la puja en la subasta para beneficiar principalmente a los más vulnerables y en las zonas rurales del país”, dijo Constaín, según un comunicado del Mintic.

Al cierre de esta publicación, los operadores no se habían pronunciado sobre este nuevo proceso y estaban analizando las nuevas condiciones.

Por ahora, como dice José Otero, vicepresidente de la organización 5G Américas, sigue siendo “urgente” que Colombia asigne más espectro, pues hace seis años no lo hace, pese a que hizo a tiempo la tarea de “limpiar” las bandas necesarias. Para él, también fue sorpresivo que no se conociera el precio de referencia, algo que, dice, es fundamental para evaluar y planear una inversión de tal magnitud. “Es como no saber el precio de las cosas hasta que te toca pagar en la caja del supermercado”, explica.

Mientras países como Estados Unidos han asignado ya este bien para el despliegue de 5G, Colombia sigue en mora de terminar de “allanar” —en términos de Otero— el camino para la siguiente generación de comunicaciones.