Espectro radioeléctrico: ¿qué es y cómo sacarle el mejor provecho?

Las palabras espectro radioeléctrico pueden sonar un poco ajenas, complicadas. Sin embargo, denotan algo que usamos todos los días, al hablar por Whatsapp o ver un video en Youtube. Es la autopista invisible por donde viajan las comunicaciones, y el Estado es el dueño. Para que se aproveche, se asigna a operadores.

En 2013, luego de una subasta, Claro, Movistar, Tigo, ETB, Avantel y Directv recibieron espectro para desplegar la tecnología 4G. El Gobierno recibió $700.000 millones en ingresos por ese proceso y los operadores se comprometieron, entre otras, a entregar 500.000 tabletas para estudiantes y profesores de escuelas públicas y cubrir el 100 % de las cabeceras municipales con 4G en cinco a 10 años.

Pasado ese tiempo, y en vísperas de que Colombia inicie un nuevo proceso de subasta, la GSMA, la organización de operadores móviles, que por estos días llevó a cabo el Mobile World Congress, publicó un informe en el que da cuenta de que en América Latina hay retos de política pública para asignar espectro, los costos de éste son más del doble que en Europa y los procesos, en general, han sido lentos y han rezagado a la región.

La subasta que se avecina en Colombia es la de la banda de 700 MHz, la más apetecida, porque permite velocidad y cobertura al mismo tiempo, dos atributos difíciles de encontrar juntos en el espectro. El pasado 20 de febrero, el Gobierno amplió, hasta el 28 de mayo, el plazo para hacer comentarios al borrador de las condiciones del proceso.

Primero, hubo inconformidad por parte de Tigo Une por el aumento en los topes de espectro (la cantidad máxima que un operador puede tener), cambio que permite que Claro y Movistar puedan entrar en la puja. Bajo las condiciones anteriores, a Tigo Une, con motivo de su fusión, le tocó devolver espectro, pues superaba los topes.

El gremio Asomóvil (Claro, Movistar y Tigo Une) ha manifestado que no están dadas las condiciones para invertir en una nueva subasta, pues el sector viene de capa caída y está pendiente la discusión sobre un proyecto de ley que ampliaría los tiempos de las licencias. A eso se sumó el pago de la reversión de activos de la nación que tuvieron que cumplir Claro y Movistar, por un total de $4,7 billones el año pasado.

Un tribunal de arbitramento determinó que ese era el monto equivalente en dinero a los bienes de la nación que esos operadores utilizaron desde los años noventa para desplegar el servicio celular en el país y que debían devolver. Por estar en desacuerdo con esa interpretación, Claro y Telefónica (dueña mayoritaria de Movistar) demandaron a Colombia ante la entidad competente del Banco Mundial.

En medio de este agitado panorama, Lucas Gallitto, director de políticas públicas de la GSMA para América Latina, habló de los resultados del estudio y de la situación colombiana con respecto al que es, quizá, el proceso más trascendental del momento para el desarrollo tecnológico y de la economía digital en el país.

¿Por qué como ciudadanos debería importarnos el espectro radioeléctrico?

La gente no ve el espectro diariamente, pero todo el tiempo lo estamos usando. Es la autopista invisible que vincula nuestros dispositivos con las antenas. Más espectro para servicios móviles significa mejor servicio, como si le agregáramos carriles a las autopistas. Cada vez hay más usuarios y demandan aplicaciones que consumen más datos. Hasta hace unos años era impensable ver una película en Netflix a través de nuestra red móvil. Hoy se hace. Mañana lo querremos en 4K y luego en 8K. Los carros, el refrigerador, entre otros, estarán conectados, y todo eso requiere mayores carriles en la autopista invisible. Por eso es tan importante la asignación de espectro para los países y así impacta en la vida diaria a las personas.

¿Qué motivó el informe?

En los últimos años, en las licitaciones de espectro, hemos estado viendo como asociación un aumento en los precios pagados por el espectro móvil, tanto a nivel global como regional. El año pasado lanzamos un reporte a nivel global y ahora lanzamos la versión de América Latina.

El informe da cuenta de un aumento en el precio del espectro. ¿A qué se debe?

En los últimos años, por la coyuntura macroeconómica, ha habido presión en los presupuestos de los países, brechas que es necesario cerrar. Capturar dinero de las licitaciones suena tentador. Hemos visto que se busca maximizar el recaudo por esta vía. En Colombia, la maximización del recaudo está inscrita en la ley cuando se refiere a licitaciones de espectro, y esa maximización puede ir en detrimento de mejores servicios para los usuarios. Se termina destinando mayor cantidad de dinero a pagar el canon que a construir redes y cerrar la brecha digital. Y cuando hay una licitación, los operadores no tienen más remedio que convalidar los precios, porque no participar podría hipotecar la supervivencia como empresas en el futuro. La escasez artificial (de espectro) infla de forma no natural los precios. Por eso tenemos algunas recomendaciones de política pública.

¿Cuáles son?

Primero, establecer precios moderados, es decir, dejar que las fuerzas del mercado sean las que descubran el precio correcto para ese activo. Segundo, ofrecer espectro de forma oportuna, antes de que surja la necesidad, ir preparando las bandas que se van a utilizar. En Colombia se discute la subasta de 700 MHz, que era típicamente donde estaban los canales de televisión. Ha habido un trabajo con los años de ir moviendo (a esos canales) y limpiando el espectro para que esté disponible para los operadores. Y así, hacia adelante, hay que prever el espectro del futuro. En una industria con capital intensivo, como la móvil, para estas decisiones de inversión, que son de largos períodos de recuperación, es clave saber con qué se cuenta hacia adelante. También garantizar que las licencias (para operar el espectro) sean lo suficientemente largas. En Colombia son a 10 años, cuando la media en la región es 17 años, y llega a 30 años en Chile. Por último, mejores prácticas en diseño de adjudicaciones, que sean procesos transparentes que prioricen la eficiencia y no los ingresos. Es positivo que ahora la subasta es ascendente, con múltiples rondas, pero por otro lado aumentaron las condiciones de licencia.

En Colombia, los operadores creen que no están dadas las condiciones de inversión, no les ha ido bien en el PIB, y dicen que falta seguridad jurídica. ¿Qué recomendaciones o reflexiones le inspira el caso colombiano?

Siempre vamos a abogar por más espectro lo más rápido posible, bajo las condiciones correctas. Algunos operadores han pasado por el golpe de la reversión de activos, que impactó su flujo de caja de forma negativa. Creo que hay que afinar las condiciones de la subasta y el tema de los plazos de las licencias, teniendo en cuenta que la maximización de ingresos para las arcas no va en línea con los objetivos de política pública de conectar a más colombianos y cerrar la brecha digital.

Chile se muestra como uno de los casos con mayor éxito. ¿Es un ejemplo para seguir?

No hay ningún país que tenga todas las mejores prácticas alineadas. Chile se destaca porque apunta a no tener como objetivo el recaudo, sino que busca el desarrollo de la banda ancha móvil en el país. No es ejemplo para todas las políticas públicas del sector, pero sí es interesante su visión en asignaciones de espectro, no tener ánimo recaudo. Al final el “billete de US$100” por utilizar es uno solo. Si gastamos en cánones de espectro, no lo podemos gastar en despliegue de infraestructura.

Las palabras espectro radioeléctrico pueden sonar un poco ajenas, complicadas. Sin embargo, denotan algo que usamos todos los días, al hablar por Whatsapp o ver un video en Youtube. Es la autopista invisible por donde viajan las comunicaciones, y el Estado es el dueño. Para que se aproveche, se asigna a operadores.

En 2013, luego de una subasta, Claro, Movistar, Tigo, ETB, Avantel y Directv recibieron espectro para desplegar la tecnología 4G. El Gobierno recibió $700.000 millones en ingresos por ese proceso y los operadores se comprometieron, entre otras, a entregar 500.000 tabletas para estudiantes y profesores de escuelas públicas y cubrir el 100 % de las cabeceras municipales con 4G en cinco a 10 años.

Pasado ese tiempo, y en vísperas de que Colombia inicie un nuevo proceso de subasta, la GSMA, la organización de operadores móviles, que por estos días llevó a cabo el Mobile World Congress, publicó un informe en el que da cuenta de que en América Latina hay retos de política pública para asignar espectro, los costos de éste son más del doble que en Europa y los procesos, en general, han sido lentos y han rezagado a la región.

La subasta que se avecina en Colombia es la de la banda de 700 MHz, la más apetecida, porque permite velocidad y cobertura al mismo tiempo, dos atributos difíciles de encontrar juntos en el espectro. El pasado 20 de febrero, el Gobierno amplió, hasta el 28 de mayo, el plazo para hacer comentarios al borrador de las condiciones del proceso.

Primero, hubo inconformidad por parte de Tigo Une por el aumento en los topes de espectro (la cantidad máxima que un operador puede tener), cambio que permite que Claro y Movistar puedan entrar en la puja. Bajo las condiciones anteriores, a Tigo Une, con motivo de su fusión, le tocó devolver espectro, pues superaba los topes.

El gremio Asomóvil (Claro, Movistar y Tigo Une) ha manifestado que no están dadas las condiciones para invertir en una nueva subasta, pues el sector viene de capa caída y está pendiente la discusión sobre un proyecto de ley que ampliaría los tiempos de las licencias. A eso se sumó el pago de la reversión de activos de la nación que tuvieron que cumplir Claro y Movistar, por un total de $4,7 billones el año pasado.

Un tribunal de arbitramento determinó que ese era el monto equivalente en dinero a los bienes de la nación que esos operadores utilizaron desde los años noventa para desplegar el servicio celular en el país y que debían devolver. Por estar en desacuerdo con esa interpretación, Claro y Telefónica (dueña mayoritaria de Movistar) demandaron a Colombia ante la entidad competente del Banco Mundial.

En medio de este agitado panorama, Lucas Gallitto, director de políticas públicas de la GSMA para América Latina, habló de los resultados del estudio y de la situación colombiana con respecto al que es, quizá, el proceso más trascendental del momento para el desarrollo tecnológico y de la economía digital en el país.

¿Por qué como ciudadanos debería importarnos el espectro radioeléctrico?

La gente no ve el espectro diariamente, pero todo el tiempo lo estamos usando. Es la autopista invisible que vincula nuestros dispositivos con las antenas. Más espectro para servicios móviles significa mejor servicio, como si le agregáramos carriles a las autopistas. Cada vez hay más usuarios y demandan aplicaciones que consumen más datos. Hasta hace unos años era impensable ver una película en Netflix a través de nuestra red móvil. Hoy se hace. Mañana lo querremos en 4K y luego en 8K. Los carros, el refrigerador, entre otros, estarán conectados, y todo eso requiere mayores carriles en la autopista invisible. Por eso es tan importante la asignación de espectro para los países y así impacta en la vida diaria a las personas.

¿Qué motivó el informe?

En los últimos años, en las licitaciones de espectro, hemos estado viendo como asociación un aumento en los precios pagados por el espectro móvil, tanto a nivel global como regional. El año pasado lanzamos un reporte a nivel global y ahora lanzamos la versión de América Latina.

El informe da cuenta de un aumento en el precio del espectro. ¿A qué se debe?

En los últimos años, por la coyuntura macroeconómica, ha habido presión en los presupuestos de los países, brechas que es necesario cerrar. Capturar dinero de las licitaciones suena tentador. Hemos visto que se busca maximizar el recaudo por esta vía. En Colombia, la maximización del recaudo está inscrita en la ley cuando se refiere a licitaciones de espectro, y esa maximización puede ir en detrimento de mejores servicios para los usuarios. Se termina destinando mayor cantidad de dinero a pagar el canon que a construir redes y cerrar la brecha digital. Y cuando hay una licitación, los operadores no tienen más remedio que convalidar los precios, porque no participar podría hipotecar la supervivencia como empresas en el futuro. La escasez artificial (de espectro) infla de forma no natural los precios. Por eso tenemos algunas recomendaciones de política pública.

¿Cuáles son?

Primero, establecer precios moderados, es decir, dejar que las fuerzas del mercado sean las que descubran el precio correcto para ese activo. Segundo, ofrecer espectro de forma oportuna, antes de que surja la necesidad, ir preparando las bandas que se van a utilizar. En Colombia se discute la subasta de 700 MHz, que era típicamente donde estaban los canales de televisión. Ha habido un trabajo con los años de ir moviendo (a esos canales) y limpiando el espectro para que esté disponible para los operadores. Y así, hacia adelante, hay que prever el espectro del futuro. En una industria con capital intensivo, como la móvil, para estas decisiones de inversión, que son de largos períodos de recuperación, es clave saber con qué se cuenta hacia adelante. También garantizar que las licencias (para operar el espectro) sean lo suficientemente largas. En Colombia son a 10 años, cuando la media en la región es 17 años, y llega a 30 años en Chile. Por último, mejores prácticas en diseño de adjudicaciones, que sean procesos transparentes que prioricen la eficiencia y no los ingresos. Es positivo que ahora la subasta es ascendente, con múltiples rondas, pero por otro lado aumentaron las condiciones de licencia.

En Colombia, los operadores creen que no están dadas las condiciones de inversión, no les ha ido bien en el PIB, y dicen que falta seguridad jurídica. ¿Qué recomendaciones o reflexiones le inspira el caso colombiano?

Siempre vamos a abogar por más espectro lo más rápido posible, bajo las condiciones correctas. Algunos operadores han pasado por el golpe de la reversión de activos, que impactó su flujo de caja de forma negativa. Creo que hay que afinar las condiciones de la subasta y el tema de los plazos de las licencias, teniendo en cuenta que la maximización de ingresos para las arcas no va en línea con los objetivos de política pública de conectar a más colombianos y cerrar la brecha digital.

Chile se muestra como uno de los casos con mayor éxito. ¿Es un ejemplo para seguir?

No hay ningún país que tenga todas las mejores prácticas alineadas. Chile se destaca porque apunta a no tener como objetivo el recaudo, sino que busca el desarrollo de la banda ancha móvil en el país. No es ejemplo para todas las políticas públicas del sector, pero sí es interesante su visión en asignaciones de espectro, no tener ánimo recaudo. Al final el “billete de US$100” por utilizar es uno solo. Si gastamos en cánones de espectro, no lo podemos gastar en despliegue de infraestructura.