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Un giro de 180 grados al estatuto tributario propone la comisión de expertos en beneficios tributarios, que presentó su informe luego de siete meses de trabajo. Sin embargo, el temor es que todo termine en un nuevo déjà vu con relación a otras reformas tributarias, sobre todo teniendo en cuenta que el país político está a un año de iniciar un nuevo proceso electoral, y eso propone sus propios retos para un debate serio en materia de impuestos.
La reforma fiscal y social que llevará el Gobierno al Congreso en los próximos días “es en principio una necesidad que tenemos frente al gasto que hemos tenido que hacer como nación, en consecuencia de la pandemia”, anticipó el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez.
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La administración del presidente Iván Duque tiene una cuesta muy empinada para sacar adelante un proyecto que ya fue endulzado con el anuncio de no imponer “ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana”. Esta postura contradice la iniciativa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de extender el IVA a más productos de la canasta familiar, aunque ampliado el número de personas beneficiadas con la devolución del IVA.
Esta sería la tercera reforma tributaria del gobierno del presidente Duque, lo que elevaría a una docena las aprobadas en los pasados 20 años. A la par, en este tiempo se han creado muchos regímenes especiales y beneficios tributarios con un alto costo fiscal. Desde hace años, las propuestas han gravitado sobre la eliminación del cuatro por mil, el ICA, ampliar la base gravable de las personas naturales, aliviar la carga impositiva corporativa y gravar las pensiones altas.
El director de la DIAN, Lisandro Junco, comenzó por aclarar que el estudio de la comisión determinó que el costo fiscal de las exenciones tributarias ya no es de $92 billones, sino de $69,1 billones.
Según el estudio, los costos fiscales del IVA ascienden a $51,6 billones y los de renta a $17,1 billones. Otro aspecto que llamó la atención de los integrantes de la comisión fue la alta evasión en IVA y renta. Según cálculos de la DIAN y del DANE, se estima que la evasión en ventas es de $20,7 billones y en renta de $21,6 billones. Con las acciones de la DIAN de los últimos años esa cifra se ha venido debilitando un poco, generando un mayor recaudo para el Estado.
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La informalidad empresarial y laboral también fue objeto del análisis. En 2018, la DIAN registró 2’640.000 contribuyentes de personas naturales y 465.000 de jurídicas. Al finalizar el año pasado, ese comportamiento indicó que el número de declarantes creció a 3’810.000 personas naturales y en empresas se elevó a 549.000.
Llama la atención que la comisión no propone un impuesto a la riqueza, como está ocurriendo en las principales economías del mundo, ni sugiere nuevos tributos.
Brian Arnold, uno de los expertos detrás del informe, considera que el estatuto tributario colombiano tiene impuestos distorsionantes que no son comunes en el mundo para balancear el presupuesto como el cuatro por mil y el ICA (impuesto de industria y comercio).
La propuesta tributaria no puede hacerse demasiado rápida porque afectaría la recuperación económica, pero no puede ser tampoco muy lenta debido al alto déficit fiscal, estimado en 8,6 % para este año y de 7,8 % en 2020. Eso puede asustar a los inversionistas y alertar a las calificadoras de riesgo. En otras palabras, es invocar al fantasma de la pérdida del grado de inversión.
Arnold indicó que a la comisión le llamó la atención el número de deducciones tributarias. Esto permite que la población de mayores ingresos deduzca más en la medida en que aumenta la renta.
Sobre la parte tributaria de las pensiones, esta fue calificada de injusta, pues hay deducciones altas para los ahorros pensionales. Arnold señaló que es inexplicable que una pensión de unos US$10.000 mensuales esté exenta de impuestos; eso es poco común y no es justo, a los ojos de la comisión.
En cuanto al IVA, dijo que las recomendaciones se hacen sobre el conjunto de bienes, servicios y productos. Destaca la compensación que se está haciendo en este momento, porque da la oportunidad de gravar a más productos, pero no a la mayor tasa, porque la carga tributaria sería mayor para la población de menores ingresos.
Por su parte, Jeffrey Owens, otro de los integrantes de la comisión, sostuvo que el 60 % del consumo está por fuera de la base del IVA, por eso hay que ampliar la base y reducir la tasa del 19 %.
Una de las propuestas de la comisión que ha llamado la atención es la creación de un cuerpo independiente de expertos financieros que asesore al Ministerio de Hacienda y a los miembros del Congreso a la hora de discutir iniciativas fiscales. Uno de los problemas en Colombia es que la reforma que finalmente se aprueba en el proceso legislativo es muy diferente a la que lleva el Gobierno. Esto puede probar ser aún más cierto en un año preelectoral.
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Para María Mercedes Vélez, jefe del Área de Derecho Tributario de la Andi, el costo de los beneficios tributarios está subestimado en renta y sobreestimado en IVA. Están por fuera de renta beneficios tributarios como tarifas especiales, ingresos no constitutivos, deducciones especiales, venta de acciones en bolsa, tratamiento a las entidades de régimen tributario especial y zonas francas. En IVA se incluyen algunos servicios que no deben estar gravados, como la administración pública, educación y salud, y por todo esto es necesario el ajuste en las exenciones tributarias.
En el documento también se propone un IVA generalizado con pocas excepciones en la canasta familiar, teniendo en cuenta las compensaciones. Asimismo, que los productos que tengan mayor impacto en el medioambiente y la salud tengan la tarifa más alta y se desecha la iniciativa de cambiar el IVA por el impuesto al consumo.
A juicio del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, en el informe de la comisión no existe una recomendación sobre cuánto debe subir la tributación en Colombia, ni estimativos del impacto en el tiempo para viabilizar fiscalmente la reforma, como el caso de eliminar el cuatro por mil y el reemplazo de este tributo, que genera ingresos del 0,8 % del PIB.
“Los colombianos tenemos que elevar la relación entre tributación y actividad económica”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al conocer el informe de la comisión de expertos. Estuvo de acuerdo en que hay que mejorar la estructura tributaria del país: “Quienes más tienen, más deben aportar al sistema y ese es uno de los principios que hemos visto y en el que, no necesariamente, estamos en el mejor de los mundos”.