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Difícil estar de acuerdo con que este es uno de los mejores momentos de los órganos de control en Colombia, pero así lo manifiesta el contralor general, Edgardo Maya Villazón. Increíble porque la corrupción sigue minando las finanzas públicas. El funcionario admite que la corrupción en las altas cortes “es tal vez el caso que más invita a la desesperanza”, y señala, además, que en el sector de Minas y Energía, en 80 hallazgos con incidencia fiscal, se comprometen recursos por $8,83 billones.
¿Qué tan descuadernado está el país con tantos recursos públicos comprometidos en actos de corrupción?
Hoy vivimos un momento muy crítico, porque no es lo mismo que se corrompa un ciudadano a que se corrompa un juez de la República. En un estado de derecho, la justicia es la columna vertebral y si esta se fractura, se derrumba la confianza de los ciudadanos en el Estado. Pero esta tragedia no ocurrió ahora. La violencia en todas sus formas –la de los narcos, la de los paramilitares y la de la guerrilla– hizo mucho daño a las instituciones. La violencia fue el instrumento de muchos corruptos para conseguir sus fines. La costumbre del dinero fácil corrompió el alma de muchos colombianos.
¿Realmente los órganos de control cumplen un papel importante como guardianes de los dineros públicos?
No me cabe duda. Me atrevería a decir que este es uno de los mejores momentos de los órganos de control en Colombia. Muchos de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos meses, y los que se van a destapar, han sido gracias a ellos. Hemos dejado al descubierto irregularidades como la de Reficar, los Juegos Nacionales de Ibagué, los abusos con los recursos de los enfermos más pobres (los llamados por los medios “cartel de la hemofilia” y “cartel de los enfermos mentales”) o la mala utilización del Plan de Alimentación Escolar, con el que llevamos dos años dando la batalla para proteger el alimento de ocho millones de niños, por mencionar sólo algunos. El escándalo en la justicia que se destapó gracias a las grabaciones entre el exgobernador Alejandro Lyons y el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno tiene un origen. ¿Por qué termina Lyons en Estados Unidos? Huyendo, entre otras, del proceso por el cartel de la hemofilia que le inició la Contraloría General y que luego fue asumido en lo penal por la Fiscalía. A nosotros no nos tembló la mano para meternos con las fechorías del gobernador Lyons. Incluso en casos como los de Odebrecht, que fue descubierto por las autoridades de Brasil, o de los Papeles de Panamá, destapado por un consorcio de periodistas del mundo, la Fiscalía ha actuado. A diferencia de las peleas de antaño, el fiscal, el procurador y el contralor hemos hecho causa común para combatir la corrupción. Y está siendo muy efectiva.
¿Es la corrupción la mayor tragedia del país?
Existe la tentación de decir que sí. Sin embargo, hemos tenido tragedias mayores o igualmente graves, como la violencia que padecimos, y otras que nos han acompañado por muchas décadas, como ciertas expresiones de debilidad del Estado.
¿Hay alguna forma de atacarla para debilitarla o la batalla se está perdiendo?
¡Esa batalla hay que ganarla! Estamos combatiendo fuertemente la corrupción. A diferencia de otros tiempos, hoy los corruptos están pagando. Y, sobre todo, penas significativas. Recuerdo que cuando iban a condenar al alcalde Samuel Moreno, una prestigiosa publicación decía que, como siempre había ocurrido en el país, en tres años estaría en libertad. ¡Pues no! No solo tuvo una primera condena de 18 años de cárcel, sino que luego se la aumentaron a 24 años. Lo mismo ocurrió con el exgobernador de La Guajira que, a pesar de su poder de intimidación, fue condenado a 55 años de prisión. ¿O cuándo se había visto en Colombia que una reconocida empresaria pueda terminar pagando 30 años de cárcel por evasión de impuestos por el escándalo de los Papeles de Panamá? ¿O cuándo alguien pensaría que pondríamos en tela de juicio a prestantes ciudadanos, miembros de juntas directivas, por no hacer la tarea como corresponde? Puede que sea difícil ser optimista cuando todas las semanas aparecen nuevos escándalos, pero pienso que podemos estar viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolera la corrupción.
¿Como contralor general se siente frustrado cuando a diario sale a flote un caso tras otro, donde hay recursos públicos a punto de embolatarse?
Al contrario, lo recibimos como un reto, un desafío y procedemos. El equipo de la Contraloría General trabaja arduamente. Lo que no saben muchos colombianos es que como la Constitución sólo nos permite el control después de que se ejecutan los proyectos y los presupuestos, pues nos toca trabajar duro para tratar de recuperar el dinero ya perdido. La Contraloría ha sido reconocida por Transparencia Internacional como una de las cinco entidades más transparentes del país.
¿Cuál es el caso que más le ha sorprendido de los que ha investigado este año la Contraloría?
Hay varios. Uno de ellos es el de Electricaribe. La empresa usó indebidamente $78.500 millones que debían ir a subsidiar la energía de 600.000 hogares de estratos bajos. Esto fue en un período de dos años. Estamos revisando cuatro años más y con seguridad este abuso pasará de $200.000 millones. Ese caso, además, es significativo porque se descubrió gracias a un trabajo de big data.
¿En cuánto calcula el monto de los recursos comprometidos en las diferentes investigaciones que ha adelantado la Contraloría en lo corrido de este año?
Es importante entender que la Contraloría lo primero que hace son auditorías para revisar cómo se invirtieron los recursos públicos. Si en las auditorías encontramos irregularidades, se configuran hallazgos y, a partir de ahí, comienza el juicio de responsabilidad fiscal. En 2016, con las auditorías, cubrimos el 81,7 % de los recursos públicos que se administran, para un total de $488,8 billones auditados. En 2017 auditaremos 85 % de los recursos. Y algo muy significativo de esas cifras es que en muchos casos, luego de las auditorías, concluimos que en todo el país hay muchos funcionarios honestos que hacen su tarea.
Sobre las investigaciones que se iniciaron puedo decirle que, de las actuaciones de vigilancia y control fiscal realizadas durante el segundo semestre de 2016, se obtuvieron como resultado 6.086 hallazgos administrativos, de los cuales 2.436 presentan incidencia disciplinaria (40 %), 87 incidencia penal (1,4 %) y 916 hallazgos con incidencia fiscal (15 %), que alcanzaron $9,7 billones en su cuantificación.
¿Cuál es el sector de la economía dónde más se comprometen recursos públicos?
El sector que más impactó en ese período que le señalo es el de Minas y Energía, que en 80 hallazgos con incidencia fiscal registra cuantías por $8,83 billones (91,4 % del total), seguido por Infraestructura, que en 36 hallazgos fiscales acumula $284.405 millones. Se deben resaltar los 492 hallazgos del sector social por $235.949 millones y los 172 fiscales de regalías por $178.309 millones.
¿Por qué nunca se recuperan los dineros comprometidos en actos de corrupción?
En ese aspecto falta mucho sin duda. Pero le quiero contar que la Contraloría, entre agosto de 2016 y agosto de 2017, recuperó $131.229 millones ($121.237 millones en procesos de responsabilidad fiscal y $9.992 millones en indagaciones preliminares) y profirió 229 nuevos fallos de responsabilidad fiscal por $224.607 millones. Quisiéramos recuperar más y en esa tarea estamos.
¿Hay desconcierto entre los colombianos por qué no hay responsables pagando por los grandes casos de corrupción?
Al contrario, hoy más que nunca hay muchas personas en la cárcel pagando por sus actos de corrupción o esperando a que se den las condenas. Por ejemplo, en el caso del cartel de la contratación de Bogotá, en la lista de condenados figuran personajes que en otra época serían considerados intocables. Lo mismo está ocurriendo con el caso Odebrecht, por el que están en la cárcel altos funcionarios del Estado. El triste escándalo de la justicia tiene a los dos mayores electores del Congreso en la cárcel, así como a un expresidente de la Corte Suprema y al exfiscal anticorrupción, algo muy lamentable pero que demuestra que hoy se está aplicando la ley con todo el rigor contra la corrupción. En los casos que la Contraloría ha investigado también se ha demostrado que la corrupción no paga. En el caso del cartel de la hemofilia, en el de los Juegos Nacionales de Ibagué y en Reficar ya hay un nutrido listado de detenidos.
¿La corrupción en las altas cortes también contribuye a que los colombianos piensen que estamos llegando a un punto de no retorno?
Ese es tal vez el caso que más invita a la desesperanza. Pero, por otro lado, el hecho de que se haya destapado, que estén detenidos los implicados y que estén expuestos a un duro castigo, nos permite pensar que ojalá ese tipo de actos corruptos no se repitan. La reivindicación de la justicia está en manos de los magistrados, jueces y fiscales honestos, que son la inmensa mayoría.
¿Siguen siendo las regalías un foco de corrupción de los gobernantes regionales?
Lamentablemente sí. Entre 2015 y 2016, en las auditorías a los recursos de regalías, la Contraloría ha configurado hallazgos fiscales por medio billón de pesos. Tengo que mencionar que un porcentaje de estos casos son por incompetencia o falta de planeación, que también es una manera de corrupción. Es urgente un replanteamiento de algunas normas, pues con los elementos que tengo no vacilo en afirmar que este sistema ha fracasado. Un solo ejemplo: los recursos de ciencia y tecnología, $1,5 billones sin utilizar que van a terminar en vías terciarias.