Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es la razón de ser de este cambio en la marcación y en qué consiste?
En Colombia tenemos muchas maneras de marcar, con 7, 10 o 12 dígitos. Era necesario estandarizarlo y así estaba previsto en normas anteriores. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 2019 ya había establecido este cambio, cuyo objetivo principal es tener un sistema estándar de marcación y acercar la manera de marcar a la convergencia que tenemos en los servicios de comunicaciones. Es importante que los colombianos tengan una misma manera de marcar, porque ya los servicios no son como hace 20 años, cuando las tarifas se diferenciaban por distancia, por ejemplo. En nuestro sector eso está superado. La implementación era en 2020, pero con la pandemia decidimos ampliar el plazo. Esto cierra definitivamente todo el plan de numeración que estructuró el gobierno hace 15-18 años. (Ver infografía al final).
¿Y cuál es la utilidad de tener esa estandarización?
Nuestro sector debe estar acorde con las tendencias internacionales y con la estandarización internacional. Así nos lo exigen los TLC, acuerdos que no solo se refieren a las condiciones de intercambio de bienes, sino de servicios. Los países europeos y Estados Unidos tienen su sistema de marcación uniforme. Colombia no puede quedarse rezagada en la manera de marcar. Lo segundo es que promueve una mayor facilidad para el usuario para que los servicios fijos, tan importantes en nuestro país, se sigan utilizando de manera masiva. En Colombia las líneas fijas son cerca de 7,2 millones. Nuestros adultos mayores las utilizan masivamente y todavía existe la posibilidad de dinamizar el mercado para los comercios, mipymes, tiendas… Es importante para promover la utilización efectiva en los próximos años.
¿Cuánto le cuesta esto al país?
A las personas no se les va a aumentar el precio por minuto, ni el plan, ni en la factura verán un costo asociado. Siempre hay costos en los cambios regulatorios que se hacen, pero los costos ya han sido marginales o menores porque la misma industria fija ha evolucionado en la reconversión tecnológica. Lo que se está haciendo es una reprogramación en el software de la terminación de las llamadas. Dimos el año adicional, además del período que había establecido la regulación, para que los operadores prepararan sus sistemas.
La implementación será gradual, ¿no es así?
Está previsto un período de coexistencia (tres meses, hasta el 1° de diciembre). La Comisión estableció la norma y está haciendo todo el trabajo de pedagogía, por ejemplo, pero viene la tarea importante de la industria: todos los operadores, los que componen este gran sector, tienen la tarea de que en este período de coexistencia estén los dos sistemas funcionando al tiempo, y lo que queremos es dar tranquilidad a todas las personas para que el proceso no sea tan traumático. Los operadores ya empezaron a implementar los mensajes para informar, y desde el 1° de diciembre ya será todo diferente. Sacaremos una aplicación que les ayude a las personas a cambiar la libreta, para que tengan la información de los indicativos y del cambio de marcación.
Cambiando de tema, ¿qué balance hace hasta este momento la CRC sobre la entrada de un nuevo operador móvil al país? ¿Ha sido beneficioso?
La CRC ha sido el garante desde hace más de 25 años de la competencia en el país. Al entrante siempre le toca muy difícil: cuando se abrió la larga distancia, entraron nuevos operadores en larga distancia; luego entró la telefonía móvil, y costó muchísimo la interconexión… En este sector lo fundamental es la interconexión entre operadores para que los colombianos puedan llamar a cualquier red, pues no tiene sentido afiliarme a una empresa y solo poder llamar a los de esa misma empresa, y eso ha pasado en Colombia y muchas partes del mundo. El año pasado, en un trabajo récord, menos de tres meses, en la CRC resolvimos los conflictos porque algunos operadores no querían dejar conectar a Wom, lo que era muy grave porque cómo podría hacer el ciudadano para tener el servicio. En cinco meses se hicieron todas las ordenes técnicas para que Wom pudiera entrar y los beneficios se han materializado. Según la última cifra que tengo ya había cerca de 700.000 usuarios, y hemos visto que eso también se ha evidenciado en la portabilidad.
El país, pero sobre todo los operadores, está a la espera de la decisión definitiva sobre la dominancia de Claro en el mercado. ¿Por qué se han demorado estos meses y cuándo se puede esperar la decisión definitiva?
Es un tema complejo, y por mi responsabilidad como director de la CRC no puedo pronunciarme hasta que se tome la decisión en firme.
Hay preocupación sobre la caída de llamadas y, de hecho, en radio, cuando le preguntaron por esto, se cayó la llamada. ¿Qué está pasando?
Efectivamente, el sector tuvo gran presión derivada de la pandemia porque vimos una situación atípica. De un momento a otro en marzo del año pasado el tráfico de internet en el país creció casi 40 %. Eso en un servicio público de red es un reto enorme. En energía eso implicaría un apagón, porque nuestro sistema de potencia no está diseñado para enfrentar un choque de esa magnitud, pero este sector lo solventó. La CRC tiene un proyecto para revisar los indicadores de calidad. Hay zonas de Bogotá, por ejemplo, donde tenemos congestión: en Chapinero, Usaquén, en el centro, la Circunvalar… Pero acá entra un tema fundamental, y es que esto no se puede mirar desde un solo punto de vista. Cuando entramos a la Comisión no teníamos municipios certificados como libres de barreras. Me refiero a que los municipios hacen su ordenamiento urbano y en los POT lo que está pasando es que impiden que los operadores instalen antenas y, mientras tanto, los colombianos demandan más servicios, usan más el celular y quieren mejor conectividad. Hemos certificado cerca de 450 municipios como libres de barreras, pero vemos con preocupación que no hemos podido contar con todos los municipios. Pongo el caso de Bogotá. En el nuevo POT vemos con preocupación que se siguen manteniendo barreras para la instalación de las antenas en la ciudad, y eso es fundamental. Los operadores y la industria pueden tener la disposición de instalar más antenas, pero si el municipio no lo permite estos problemas de llamadas caídas se van a acentuar, porque el consumo va a seguir creciendo.
La CRC dio recomendaciones para el POT en Bogotá. ¿En qué consisten?
Hicimos un documento con dos temas. Uno de coyuntura, donde pedimos al Distrito que no ponga restricción a la instalación de antenas y que para eso promueva el uso, como pasa en Londres, Tokio o Nueva York, del mobiliario urbano, las luminarias, la infraestructura que tenemos en el espacio público. Lo segundo es que en los bordes rurales de la ciudad, en Usme, Ciudad Bolívar, muchos ciudadanos necesitan conectividad, pero no se incentiva que los operadores la lleven. Vi una restricción en el POT, por ejemplo, y es que exigen que la antena que se instala en zona rural esté mimetizada, que es algo bueno, pero creo que en una zona donde no hay servicio a la comunidad le sirve más tener la antena. Mimetizarla es lo de menos.
E hicimos recomendaciones de largo plazo para la ciudad inteligente del futuro, porque el POT tiene perspectiva de 12-15 años. Entonces los sistemas de transporte masivo deben tener la mejor conectividad, así como los colegios públicos que se hagan; que existan mecanismos para alianza público-privadas y se puedan trasladar los beneficios de internet de las cosas, sensores de calidad del aire... Es necesario tener lista la normatividad urbana para concretar los beneficios de la tecnología.