Estas son las brechas entre territorios al hablar de desarrollo sostenible en América Latina

En 2015, el mundo se trazó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que están eliminar el hambre, la pobreza y la desigualdad de género. La idea es lograrlos en un lapso de 15 años, es decir, a más tardar en 2030. Sin embargo, debido a que son los países los encargados de cumplir con esto, los indicadores de los avances suelen referirse al nivel nacional, “descuidando u obviando la dimensión de desigualdad territorial en el interior de los países”, advierte el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) en su reciente “Informe latinoamericano de pobreza y desigualdad 2019”.

El reporte, que llega a su quinta edición y será lanzado públicamente hoy miércoles, 15 de abril, arroja un Índice de Equidad Territorial (IET) para cinco países de la región, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y El Salvador: mientras más cerca de cero esté la cifra, mayor equidad denota entre los territorios que componen un país. El índice se obtiene evaluando 19 indicadores asociados a siete de los 17 ODS. “Los resultados del IET 2019 oscilan entre 0,06 y 0,12 lo que indica que, a pesar de que existen diferencias no menores entre los países, los cinco países analizados muestran valores de inequidad territorial de medios a altos”, explica el documento.

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El resultado general para Colombia fue de 0,099, es decir está en el rango de alta inequidad. Del país llama la atención que los niveles del IET son similares a los de la edición anterior (2017): casi todos los indicadores –entre los que están pobreza, malnutrición infantil y brecha de analfabetismo– muestran de mediana a alta inequidad entre los territorios del país. El único que está en el rango entre inequidad baja y media es el del coeficiente de Gini (que mide la desigualdad).

“Tres de los siete ODS no han registrado cambios significativos ni en el desempeño general ni en la desigualdad territorial asociada a ellos, especialmente los ODS relacionados con Poner fin a la pobreza, Poner fin al hambre, y Garantizar una vida sana y promover el bienestar (1,2 y 3, respectivamente)”, resaltó Rimisp. Y agregó que ejemplo de esto es Bogotá, en donde el acceso a alcantarillado y agua entubada se acerca a la totalidad de la población (98,9%) y también es alto en los departamentos de Quindío (88,7%) y Atlántico (88,1%), mientras que “en el otro extremo, sólo el 23,1% y el 13,5% de los habitantes de La Guajira y Chocó, respectivamente, tienen acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento”.

En general, en la región, “los territorios más rezagados comparten ciertas características: son más rurales, poblacionalmente pequeños y, en algunos casos, también muestran mayor proporción de población indígena. No se trata de un fenómeno aleatorio”, según Miguel Albacete, investigador de Rimisp.

La oportunidad de los jóvenes

El informe hace un llamado de atención sobre la situación de los jóvenes rurales: “Aprovechar el potencial de contribución de la juventud al desarrollo de los territorios es un desafío crítico, toda vez que nos encontramos ante una generación más educada, con más capacidad de innovación y recursos simbólicos que sus pares adultos, pero que, sin embargo, no encuentra oportunidades de inclusión económica en las zonas rurales”.

El documento señala que las condiciones del territorio que habitan los jóvenes pueden impulsarlos o, por el contrario, limitarlos. De ahí el llamado que hacen los expertos a que las políticas de fomento para esta población sean diferenciadas, pensadas para cada territorio, con el fin de aprovechar las ventajas que cada lugar ofrece para promover las condiciones de su juventud. A esto, para que la acción sea integral, deben sumarse estrategias de provisión de bienes públicos para todos los habitantes de los territorios, así como promover la diversidad de las alternativas productivas y fortalecer el capital social, entre otros puntos.

“Proponemos que territorios rurales en proceso de transformación productiva, vinculados con centros urbanos intermedios o grandes, donde existen políticas públicas territorialmente pertinentes de apoyo a la educación y empleabilidad, y donde las personas despliegan su capacidad de agencia, tienen un alto potencial para generar oportunidades para las personas jóvenes”, señala el documento.

Para Rimisp, “mención aparte merece la cuestión de género, pues todos los análisis indican que las mujeres jóvenes encuentran más obstáculos que sus pares hombres para asegurar su autonomía económica”. Ellas son las más afectadas por situaciones como el trabajo informal y, por lo menos en Colombia, son la mayoría de los llamados “ninis”, que no trabajan o no estudian. A nivel regional, señala Rimisp, todos los países estudiados con excepción de Chile han aumentado su promedio de la proporción de jóvenes en esta situación.

En Colombia, según distintos estudios, se calcula que el 70 % de los llamados “ninis” son mujeres, una prevalencia que puede estar relacionada con factores como el embarazo temprano, que constituye un reto para terminar la educación y poder emplearse. Sobre el tema, Rimisp señala: “Un embarazo en edades tempranas conlleva en la mayoría de los casos una discontinuidad, sino un abandono, de la educación formal”.

Y agrega: “una gran proporción de mujeres abandona el mercado laboral de manera definitiva al tener su primer hijo. En este sentido, muchas madres adolescentes nunca llegan a incorporarse al mercado laboral o descontinúan su participación en él, asumiendo la totalidad de la crianza y cuidado del hijo, lo que las sitúa en una posición de vulnerabilidad y dependencia”.

Finalmente, a partir de una serie de entrevistas y grupos focales y de la revisión de programas, leyes y presupuestos nacionales, entre otros, el Informe Latinoamericano de Rimisp expone seis casos de éxito de territorios rurales y rural-urbanos en México, El Salvador y Perú, que sí consiguen ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a su población joven.

En dichos territorios, “había una alta capacidad de agencia y coaliciones sociales, diversidad de oportunidades económicas en la estructura productiva, vínculos con las ciudades pequeñas, medianas y mercados dinámicos, y, finalmente, políticas públicas que promueven la educación, emprendimiento y empleabilidad de los y las jóvenes”, explica la asistente investigación de Rimisp y coautora del Informe, Daniela Castillo.

La coyuntura del COVID-19

Vale la pena aclarar que el informe que será presentado este miércoles fue hecho con base en 2019, por lo que los efectos de la crisis por el COVID-19 no entraron en la ecuación. Sin embargo, no es difícil prever que, como han señalado distintos expertos y analistas, el frenazo de las economías y, en este caso, de las latinoamericanas tendrá un impacto particular en los más pobres y vulnerables, que estadísticamente se verá reflejado en las cifras sobre pobreza y desigualdad de los países.

Para Colombia, por ejemplo, se ha calculado una caída de la economía cercana al -2 % en 2020.

“(…) nos encontramos en un punto de inflexión, donde existe el potencial de fortalecer o socavar el liderazgo de las instituciones existentes a nivel local, así como tensionar la política interna de maneras inesperadas, por ejemplo, ¿Cuál será el rol de los gobiernos locales en las políticas fiscales y sociales durante y después de la crisis?”, cuestionaron investigadores de Rimisp en un documento publicado precisamente esta semana.

En 2015, el mundo se trazó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que están eliminar el hambre, la pobreza y la desigualdad de género. La idea es lograrlos en un lapso de 15 años, es decir, a más tardar en 2030. Sin embargo, debido a que son los países los encargados de cumplir con esto, los indicadores de los avances suelen referirse al nivel nacional, “descuidando u obviando la dimensión de desigualdad territorial en el interior de los países”, advierte el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) en su reciente “Informe latinoamericano de pobreza y desigualdad 2019”.

El reporte, que llega a su quinta edición y será lanzado públicamente hoy miércoles, 15 de abril, arroja un Índice de Equidad Territorial (IET) para cinco países de la región, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y El Salvador: mientras más cerca de cero esté la cifra, mayor equidad denota entre los territorios que componen un país. El índice se obtiene evaluando 19 indicadores asociados a siete de los 17 ODS. “Los resultados del IET 2019 oscilan entre 0,06 y 0,12 lo que indica que, a pesar de que existen diferencias no menores entre los países, los cinco países analizados muestran valores de inequidad territorial de medios a altos”, explica el documento.

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El resultado general para Colombia fue de 0,099, es decir está en el rango de alta inequidad. Del país llama la atención que los niveles del IET son similares a los de la edición anterior (2017): casi todos los indicadores –entre los que están pobreza, malnutrición infantil y brecha de analfabetismo– muestran de mediana a alta inequidad entre los territorios del país. El único que está en el rango entre inequidad baja y media es el del coeficiente de Gini (que mide la desigualdad).

“Tres de los siete ODS no han registrado cambios significativos ni en el desempeño general ni en la desigualdad territorial asociada a ellos, especialmente los ODS relacionados con Poner fin a la pobreza, Poner fin al hambre, y Garantizar una vida sana y promover el bienestar (1,2 y 3, respectivamente)”, resaltó Rimisp. Y agregó que ejemplo de esto es Bogotá, en donde el acceso a alcantarillado y agua entubada se acerca a la totalidad de la población (98,9%) y también es alto en los departamentos de Quindío (88,7%) y Atlántico (88,1%), mientras que “en el otro extremo, sólo el 23,1% y el 13,5% de los habitantes de La Guajira y Chocó, respectivamente, tienen acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento”.

En general, en la región, “los territorios más rezagados comparten ciertas características: son más rurales, poblacionalmente pequeños y, en algunos casos, también muestran mayor proporción de población indígena. No se trata de un fenómeno aleatorio”, según Miguel Albacete, investigador de Rimisp.

La oportunidad de los jóvenes

El informe hace un llamado de atención sobre la situación de los jóvenes rurales: “Aprovechar el potencial de contribución de la juventud al desarrollo de los territorios es un desafío crítico, toda vez que nos encontramos ante una generación más educada, con más capacidad de innovación y recursos simbólicos que sus pares adultos, pero que, sin embargo, no encuentra oportunidades de inclusión económica en las zonas rurales”.

El documento señala que las condiciones del territorio que habitan los jóvenes pueden impulsarlos o, por el contrario, limitarlos. De ahí el llamado que hacen los expertos a que las políticas de fomento para esta población sean diferenciadas, pensadas para cada territorio, con el fin de aprovechar las ventajas que cada lugar ofrece para promover las condiciones de su juventud. A esto, para que la acción sea integral, deben sumarse estrategias de provisión de bienes públicos para todos los habitantes de los territorios, así como promover la diversidad de las alternativas productivas y fortalecer el capital social, entre otros puntos.

“Proponemos que territorios rurales en proceso de transformación productiva, vinculados con centros urbanos intermedios o grandes, donde existen políticas públicas territorialmente pertinentes de apoyo a la educación y empleabilidad, y donde las personas despliegan su capacidad de agencia, tienen un alto potencial para generar oportunidades para las personas jóvenes”, señala el documento.

Para Rimisp, “mención aparte merece la cuestión de género, pues todos los análisis indican que las mujeres jóvenes encuentran más obstáculos que sus pares hombres para asegurar su autonomía económica”. Ellas son las más afectadas por situaciones como el trabajo informal y, por lo menos en Colombia, son la mayoría de los llamados “ninis”, que no trabajan o no estudian. A nivel regional, señala Rimisp, todos los países estudiados con excepción de Chile han aumentado su promedio de la proporción de jóvenes en esta situación.

En Colombia, según distintos estudios, se calcula que el 70 % de los llamados “ninis” son mujeres, una prevalencia que puede estar relacionada con factores como el embarazo temprano, que constituye un reto para terminar la educación y poder emplearse. Sobre el tema, Rimisp señala: “Un embarazo en edades tempranas conlleva en la mayoría de los casos una discontinuidad, sino un abandono, de la educación formal”.

Y agrega: “una gran proporción de mujeres abandona el mercado laboral de manera definitiva al tener su primer hijo. En este sentido, muchas madres adolescentes nunca llegan a incorporarse al mercado laboral o descontinúan su participación en él, asumiendo la totalidad de la crianza y cuidado del hijo, lo que las sitúa en una posición de vulnerabilidad y dependencia”.

Finalmente, a partir de una serie de entrevistas y grupos focales y de la revisión de programas, leyes y presupuestos nacionales, entre otros, el Informe Latinoamericano de Rimisp expone seis casos de éxito de territorios rurales y rural-urbanos en México, El Salvador y Perú, que sí consiguen ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a su población joven.

En dichos territorios, “había una alta capacidad de agencia y coaliciones sociales, diversidad de oportunidades económicas en la estructura productiva, vínculos con las ciudades pequeñas, medianas y mercados dinámicos, y, finalmente, políticas públicas que promueven la educación, emprendimiento y empleabilidad de los y las jóvenes”, explica la asistente investigación de Rimisp y coautora del Informe, Daniela Castillo.

La coyuntura del COVID-19

Vale la pena aclarar que el informe que será presentado este miércoles fue hecho con base en 2019, por lo que los efectos de la crisis por el COVID-19 no entraron en la ecuación. Sin embargo, no es difícil prever que, como han señalado distintos expertos y analistas, el frenazo de las economías y, en este caso, de las latinoamericanas tendrá un impacto particular en los más pobres y vulnerables, que estadísticamente se verá reflejado en las cifras sobre pobreza y desigualdad de los países.

Para Colombia, por ejemplo, se ha calculado una caída de la economía cercana al -2 % en 2020.

“(…) nos encontramos en un punto de inflexión, donde existe el potencial de fortalecer o socavar el liderazgo de las instituciones existentes a nivel local, así como tensionar la política interna de maneras inesperadas, por ejemplo, ¿Cuál será el rol de los gobiernos locales en las políticas fiscales y sociales durante y después de la crisis?”, cuestionaron investigadores de Rimisp en un documento publicado precisamente esta semana.