Estas son las medidas económicas para manejar la emergencia en La Guajira
Se trata de una batería de decretos emitidos este martes por el Gobierno y que cubren temas como exenciones de impuestos para el turismo y contribuciones de otros sectores para bajar el costo de la electricidad en este departamento, entre otros asuntos.
A finales de junio de este año, en medio de una visita con todo el gabinete de ministros, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia social y económica para La Guajira.
Durante la visita del alto Gobierno, se habló de medidas en temas como acceso a la tierra y productividad del agro, así como de asuntos como la promoción del turismo en la región.
Este martes, el Gobierno publicó los decretos que reglamentan las acciones concretas que se tomarán en el marco de la emergencia decretada en este departamento, que presenta números y estadísticas complejas en temas como inseguridad alimentaria o desempleo, por mencionar dos puntos.
Este es un breve resumen de las principales medidas, de orden económico, que tomó el gobierno Petro para La Guajira:
Subirán los precios de la energía
El decreto 1276 expedido por el Ministerio de Minas y Energía traza la ruta para un alza de $1.000 en la tarifa eléctrica para los estratos más alto y de $5.000 para los industriales y comerciales.
En concreto, se trata de un incremento de $1.000 en el valor de las facturas eléctricas para los estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para el valor de la electricidad de los empresarios e industriales. Este incremento entrará en vigor a partir del 31 de agosto de 2023 y regirá por un término inicial de seis meses.
Lea también: Cómo el pulso por controlar los procesadores puede redefinir la economía global
Igualmente, el documento propone una adición por cerca de $42.693 millones en el Presupuesto General de la actual vigencia fiscal. Los pagos serán recaudados por el emisor de la factura, que deberá poner a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) los montos recaudados por este concepto. La administración de los fondos recaudados corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.
Sostiene el gobierno del presidente Petro que con la medida, en materia de incremento tarifarios, se podría recaudar cerca de $51.231 millones. Esa cantidad la pagarán alrededor de 3.216.987 usuarios residenciales de estratos 4, 5 Y 6 y sectores no residenciales comercial e industrial.
Estima el decreto que estos recursos contribuirán a financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. La administración Petro no descarta que este incremento en el precio de la electricidad de los estratos altos, industriales y comerciantes se extienda más allá de los seis meses iniciales, “si así lo decidiere el Congreso dentro del año siguiente”.
El gobierno sostiene que actualmente se ejecutan varios trabajos con recursos del FAZNI, obras por impuestos y sistema general de regalías para beneficiar a 4.988 nuevos usuarios con inversiones de $48.218 millones con las estructuraciones realizadas con dichos recursos durante 2022 y en 2023 se está avanzando para llevar energía para 11.363 nuevos usuarios, con inversiones cercanas a $224.565 millones.
Otra de las decisiones adoptadas por el Gobierno contempla autorizar a Ecopetrol para ejecutar proyectos de generación de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Al permitirse la integración vertical de Ecopetrol e ISA ésta presentaría beneficios para el avance tecnológico nacional en materia de hidrógeno.
Focalización de recursos del SGR
El decreto 1275 establece medidas para que se focalice un porcentaje de los recursos de asignación directa y para la inversión local del Sistema General de Regalías en proyectos de agua, acueductos, salud, alimentación y programas intersectoriales, teniendo en cuenta la falta de acceso a servicios básicos en La Guajira.
El documento establece que el departamento y los municipios podrán presentar proyectos de inversión que pueden no estar incluidos en los planes de desarrollo territorial, pero que sí deberán tener concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Se debe priorizar al menos el 30 % de los saldos no aprobados de estas asignaciones para proyectos de inversión para los sectores de agua, acueducto, salud, alimentación y programas intersectoriales.
La medida aplica para proyectos de inversión presentados después del 2 de julio de 2023 y que busquen enfrentar los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia. El documento señala que La Guajira y sus municipios disponen de recursos sin comprometer por un valor aproximado $287.000 millones ($211.000 millones de asignaciones directas y 75.000 de asignaciones para inversión local).
Un impulso al turismo en La Guajira
Unos 16 tipos de establecimientos y actividades turísticas estarán exentas de IVA hasta el 31 de diciembre de 2030. La medida cobija a hoteles, hostales y glampings, así como a los guías de turismo, por ejemplo. Pero también cubre a los restaurantes y bares que voluntariamente se inscriban en el Registro Nacional de Turismo y a los organizadores de bodas destino.
La decisión no aplica, sin embargo, para los municipios guajiros de Maicao, Manaure y Uribia.
Así mismo, el Mincomercio también decreta que, hasta el 31 de diciembre de 2023, estarán exentos de impuesto nacional al consumo los siguientes establecimientos: “servicios de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato que se encuentren dirigidos a hoteles, congresos, ferias y convenciones, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas prestados en el Departamento de La Guajira”.
Por otra parte, los aportantes de las contribuciones parafiscales para la promoción del turismo quedarán exentos de este pago para el tercer trimestre de 2023 sobre establecimientos que se encuentren en La Guajira.
Capitalización de las salinas en Manaure
El Gobierno le inyectará $61.000 millones a la “sociedad de economía mixta, denominada Salinas Marítimas de Manaure”. A cambio de esta capitalización, el Gobierno (en cabeza del Mincomercio) pasaría a tener 51 % de la sociedad.
El decreto 1268 del Ministerio de Comercio establece que los dividendos que genere la empresa Salinas Marítimas de Manaure para la Nación “serán destinados a proyectos en el departamento de La Guajira encaminados a hacerle frente a los factores que derivaron en la declaratoria del Estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del ocho (8) de mayo de 2017″. Esta sentencia está encaminada a proteger los derechos a la salud, alimentación y acceso al agua de los niños wayu en La Guajira.
Lupa al agro en La Guajira
El decreto legislativo 1273 de 2023 adopta “medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
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De los principales elementos que contempla el documento hacen parte las compras públicas de productos agropecuarios de pequeños y medianos productores, por cuenta de la Agencia de Desarrollo Rural. De este modo se busca fortalecer la logística, agro comercialización, agro industrialización y mercadeo.
Dichos elementos son clave para que haya una producción rentable de alimentos, uno de los grandes retos para proyectos productivos en el departamento, como detallamos en esta historia acerca del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Pondores.
Y más que asegurar la producción rentable, la ADR también deberá conservar existencias mínimas de seguridad de algunos alimentos e insumos básicos y combatir el desabastecimiento.
El decreto involucra el asunto alimentario con medidas especiales para adelantar la reforma agraria en La Guajira. Por ello se crea el “Programa especial de dotación de tierras para la producción de alimentos para la seguridad alimentaria”, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De otro lado, el artículo 5 del decreto propone la integración excepcional de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuario -FONSA- para la aprobación de medidas de apoyo económico a favor de pequeños y medianos productores en el departamento de La Guajira.
El documento también hace referencia al manejo del agua para la agricultura, pues dicta que debe asegurarse el recurso para dicha actividad, en pro de superar la inseguridad alimentaria severa y garantizar el derecho humano a la alimentación. El documento autoriza “a los usuarios a usar el recurso hídrico a partir de la presentación de la solicitud de uso y aprovechamiento de aguas ante la autoridad competente”.
Por último, el decreto ordena que la represa El Cercado y la infraestructura en el río Ranchería y los bienes asociados a esta y sus garantías pasen de la ADR al Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira; la transición está a cargo del Ministerio de Vivienda. El traspaso se realizará “sin necesidad de trámites adicionales, y continuarán ejecutándose en los términos en que hayan sido suscritos. El proyecto continuará su carácter multipropósito”, consta en el documento.
Acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el acceso a internet, según la Corte Constitucional, es una herramienta para asegurar el derecho a la educación y que La Guajira tiene uno de los índices de brecha digital más altos del país (según cifras del DANE, solo el 28,3 % de los hogares cuentan con acceso a internet), el decreto busca priorizar el despliegue de la infraestructura de comunicaciones en este departamento.
Con el decreto, que regirá por un año, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá asignar o modificar por medio de resoluciones las obligaciones de hacer (obligaciones jurídicas) establecidas en los actos administrativos derivados de los procesos de subasta o contenidas en los permisos y renovaciones que otorga el Ministerio para el uso del espectro radioeléctrico en bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales.
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A finales de junio de este año, en medio de una visita con todo el gabinete de ministros, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia social y económica para La Guajira.
Durante la visita del alto Gobierno, se habló de medidas en temas como acceso a la tierra y productividad del agro, así como de asuntos como la promoción del turismo en la región.
Este martes, el Gobierno publicó los decretos que reglamentan las acciones concretas que se tomarán en el marco de la emergencia decretada en este departamento, que presenta números y estadísticas complejas en temas como inseguridad alimentaria o desempleo, por mencionar dos puntos.
Este es un breve resumen de las principales medidas, de orden económico, que tomó el gobierno Petro para La Guajira:
Subirán los precios de la energía
El decreto 1276 expedido por el Ministerio de Minas y Energía traza la ruta para un alza de $1.000 en la tarifa eléctrica para los estratos más alto y de $5.000 para los industriales y comerciales.
En concreto, se trata de un incremento de $1.000 en el valor de las facturas eléctricas para los estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para el valor de la electricidad de los empresarios e industriales. Este incremento entrará en vigor a partir del 31 de agosto de 2023 y regirá por un término inicial de seis meses.
Lea también: Cómo el pulso por controlar los procesadores puede redefinir la economía global
Igualmente, el documento propone una adición por cerca de $42.693 millones en el Presupuesto General de la actual vigencia fiscal. Los pagos serán recaudados por el emisor de la factura, que deberá poner a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) los montos recaudados por este concepto. La administración de los fondos recaudados corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.
Sostiene el gobierno del presidente Petro que con la medida, en materia de incremento tarifarios, se podría recaudar cerca de $51.231 millones. Esa cantidad la pagarán alrededor de 3.216.987 usuarios residenciales de estratos 4, 5 Y 6 y sectores no residenciales comercial e industrial.
Estima el decreto que estos recursos contribuirán a financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. La administración Petro no descarta que este incremento en el precio de la electricidad de los estratos altos, industriales y comerciantes se extienda más allá de los seis meses iniciales, “si así lo decidiere el Congreso dentro del año siguiente”.
El gobierno sostiene que actualmente se ejecutan varios trabajos con recursos del FAZNI, obras por impuestos y sistema general de regalías para beneficiar a 4.988 nuevos usuarios con inversiones de $48.218 millones con las estructuraciones realizadas con dichos recursos durante 2022 y en 2023 se está avanzando para llevar energía para 11.363 nuevos usuarios, con inversiones cercanas a $224.565 millones.
Otra de las decisiones adoptadas por el Gobierno contempla autorizar a Ecopetrol para ejecutar proyectos de generación de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Al permitirse la integración vertical de Ecopetrol e ISA ésta presentaría beneficios para el avance tecnológico nacional en materia de hidrógeno.
Focalización de recursos del SGR
El decreto 1275 establece medidas para que se focalice un porcentaje de los recursos de asignación directa y para la inversión local del Sistema General de Regalías en proyectos de agua, acueductos, salud, alimentación y programas intersectoriales, teniendo en cuenta la falta de acceso a servicios básicos en La Guajira.
El documento establece que el departamento y los municipios podrán presentar proyectos de inversión que pueden no estar incluidos en los planes de desarrollo territorial, pero que sí deberán tener concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Se debe priorizar al menos el 30 % de los saldos no aprobados de estas asignaciones para proyectos de inversión para los sectores de agua, acueducto, salud, alimentación y programas intersectoriales.
La medida aplica para proyectos de inversión presentados después del 2 de julio de 2023 y que busquen enfrentar los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia. El documento señala que La Guajira y sus municipios disponen de recursos sin comprometer por un valor aproximado $287.000 millones ($211.000 millones de asignaciones directas y 75.000 de asignaciones para inversión local).
Un impulso al turismo en La Guajira
Unos 16 tipos de establecimientos y actividades turísticas estarán exentas de IVA hasta el 31 de diciembre de 2030. La medida cobija a hoteles, hostales y glampings, así como a los guías de turismo, por ejemplo. Pero también cubre a los restaurantes y bares que voluntariamente se inscriban en el Registro Nacional de Turismo y a los organizadores de bodas destino.
La decisión no aplica, sin embargo, para los municipios guajiros de Maicao, Manaure y Uribia.
Así mismo, el Mincomercio también decreta que, hasta el 31 de diciembre de 2023, estarán exentos de impuesto nacional al consumo los siguientes establecimientos: “servicios de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato que se encuentren dirigidos a hoteles, congresos, ferias y convenciones, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas prestados en el Departamento de La Guajira”.
Por otra parte, los aportantes de las contribuciones parafiscales para la promoción del turismo quedarán exentos de este pago para el tercer trimestre de 2023 sobre establecimientos que se encuentren en La Guajira.
Capitalización de las salinas en Manaure
El Gobierno le inyectará $61.000 millones a la “sociedad de economía mixta, denominada Salinas Marítimas de Manaure”. A cambio de esta capitalización, el Gobierno (en cabeza del Mincomercio) pasaría a tener 51 % de la sociedad.
El decreto 1268 del Ministerio de Comercio establece que los dividendos que genere la empresa Salinas Marítimas de Manaure para la Nación “serán destinados a proyectos en el departamento de La Guajira encaminados a hacerle frente a los factores que derivaron en la declaratoria del Estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del ocho (8) de mayo de 2017″. Esta sentencia está encaminada a proteger los derechos a la salud, alimentación y acceso al agua de los niños wayu en La Guajira.
Lupa al agro en La Guajira
El decreto legislativo 1273 de 2023 adopta “medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
Lea también: Gobierno introduce herramientas para acelerar la reforma agraria
De los principales elementos que contempla el documento hacen parte las compras públicas de productos agropecuarios de pequeños y medianos productores, por cuenta de la Agencia de Desarrollo Rural. De este modo se busca fortalecer la logística, agro comercialización, agro industrialización y mercadeo.
Dichos elementos son clave para que haya una producción rentable de alimentos, uno de los grandes retos para proyectos productivos en el departamento, como detallamos en esta historia acerca del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Pondores.
Y más que asegurar la producción rentable, la ADR también deberá conservar existencias mínimas de seguridad de algunos alimentos e insumos básicos y combatir el desabastecimiento.
El decreto involucra el asunto alimentario con medidas especiales para adelantar la reforma agraria en La Guajira. Por ello se crea el “Programa especial de dotación de tierras para la producción de alimentos para la seguridad alimentaria”, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
De otro lado, el artículo 5 del decreto propone la integración excepcional de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuario -FONSA- para la aprobación de medidas de apoyo económico a favor de pequeños y medianos productores en el departamento de La Guajira.
El documento también hace referencia al manejo del agua para la agricultura, pues dicta que debe asegurarse el recurso para dicha actividad, en pro de superar la inseguridad alimentaria severa y garantizar el derecho humano a la alimentación. El documento autoriza “a los usuarios a usar el recurso hídrico a partir de la presentación de la solicitud de uso y aprovechamiento de aguas ante la autoridad competente”.
Por último, el decreto ordena que la represa El Cercado y la infraestructura en el río Ranchería y los bienes asociados a esta y sus garantías pasen de la ADR al Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira; la transición está a cargo del Ministerio de Vivienda. El traspaso se realizará “sin necesidad de trámites adicionales, y continuarán ejecutándose en los términos en que hayan sido suscritos. El proyecto continuará su carácter multipropósito”, consta en el documento.
Acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el acceso a internet, según la Corte Constitucional, es una herramienta para asegurar el derecho a la educación y que La Guajira tiene uno de los índices de brecha digital más altos del país (según cifras del DANE, solo el 28,3 % de los hogares cuentan con acceso a internet), el decreto busca priorizar el despliegue de la infraestructura de comunicaciones en este departamento.
Con el decreto, que regirá por un año, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá asignar o modificar por medio de resoluciones las obligaciones de hacer (obligaciones jurídicas) establecidas en los actos administrativos derivados de los procesos de subasta o contenidas en los permisos y renovaciones que otorga el Ministerio para el uso del espectro radioeléctrico en bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales.
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