Estas son las razones de la convocatoria para las marchas este 28 de septiembre
Renta básica y matrícula cero, de forma distinta a lo planteado en la Ley de Inversión Social, están entre los motivos.
Este martes se llevará a cabo una nueva jornada de movilizaciones, convocada de forma pacífica por el Comité Nacional de Paro. La principal petición es el trámite de 10 proyectos de ley que prestaron las bancadas alternativas y de oposición y que “recogen las más importantes peticiones expresadas en el pliego de emergencia y por las que se congregaron millones de colombianos en las poderosas movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 y se ratificaron a partir del paro del 28 de abril de 2021″, dice el comunicado del Comité.
Se refiere a los proyectos de ley de renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; a la gratuidad universal en la educación superior pública; al fortalecimiento de la red pública de salud y la formalización laboral en este sector; a los apoyos para la reactivación económica de las mipymes, con generación de empleo; a los apoyos para la reactivación del sector agropecuario; a la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre el piso de protección social; a las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; a garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica; a la reforma al estatuto de la juventud (Ley 1622 de 2013), “para hacerlo más efectivo e incentivar la participación política de la juventud”, y a la reforma a la policía. De igual manera, reclaman que continúe el trámite del proyecto de Ley 073 sobre salud.
El comité señaló que el “Gobierno aprobó a pupitrazo limpio la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación que aumenta en 10 % el pago de la deuda externa e interna mientras se reduce el presupuesto del sector agropecuario, entre otros, al igual que pretende congelar los gastos del Estado en funcionamiento, necesario para el cumplimiento de sus obligaciones, por 10 años”.
Vale la pena recordar que el Gobierno promovió la reforma tributaria (Ley de Inversión Social) con el objetivo de ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal, para la generación de empleo, y la cobertura del programa Ingreso Solidario, de 3 millones a 4,1 millones de hogares, con recursos por $2,9 billones en lo que resta de 2021 y $7,2 billones en 2022. Asimismo, la gratuidad en la matrícula de los estudiantes de educación superior vulnerables de estratos 1, 2 y 3, para el segundo semestre de 2021 y con continuidad en el 2022.
Sobre otros temas como el piso de protección social el Gobierno ha dicho que no es de su competencia derogarlo (pues fue un mandato legislativo). En todo caso, la Corte Constitucional decidió sobre el asunto, dando plazo para regularlo. Le puede interesar: El ajuste que la Corte Constitucional le hizo al Piso de Protección Social
“El gobierno pretende hacerle creer a la opinión pública que la renta básica y la matrícula cero están resueltas con la reforma tributaria. Nada más mentiroso. Se habla de matrícula cero universal pero no se destinan los recursos que puedan cubrirla y la renta básica de la que habla el gobierno no pasa de ser un aumento insuficiente en el llamado Ingreso Solidario”, dijo el Comité.
Asimismo, aseguran que exigen el “cese totalmente la política que de manera sistemática viene ejecutándose contra dirigentes, líderes y lideresas sociales que participaron en las jornadas de protesta adelantadas. Se reseñan, diariamente, la persecución y eliminación de ciudadanos en clara violación del derecho a la vida, los derechos humanos y demás derechos democráticos”.
Y concluyó: “Aunque, por voluntad de las comunidades, cesaron las protestas y los cierres totales de vías, el gobierno nacional no tramitó el pliego de emergencia, tampoco las garantías mínimas para el ejercicio de la protesta social pacífica y nada resolvió en las mesas regionales y sectoriales que se constituyeron”.
Este martes se llevará a cabo una nueva jornada de movilizaciones, convocada de forma pacífica por el Comité Nacional de Paro. La principal petición es el trámite de 10 proyectos de ley que prestaron las bancadas alternativas y de oposición y que “recogen las más importantes peticiones expresadas en el pliego de emergencia y por las que se congregaron millones de colombianos en las poderosas movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 y se ratificaron a partir del paro del 28 de abril de 2021″, dice el comunicado del Comité.
Se refiere a los proyectos de ley de renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; a la gratuidad universal en la educación superior pública; al fortalecimiento de la red pública de salud y la formalización laboral en este sector; a los apoyos para la reactivación económica de las mipymes, con generación de empleo; a los apoyos para la reactivación del sector agropecuario; a la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre el piso de protección social; a las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; a garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica; a la reforma al estatuto de la juventud (Ley 1622 de 2013), “para hacerlo más efectivo e incentivar la participación política de la juventud”, y a la reforma a la policía. De igual manera, reclaman que continúe el trámite del proyecto de Ley 073 sobre salud.
El comité señaló que el “Gobierno aprobó a pupitrazo limpio la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación que aumenta en 10 % el pago de la deuda externa e interna mientras se reduce el presupuesto del sector agropecuario, entre otros, al igual que pretende congelar los gastos del Estado en funcionamiento, necesario para el cumplimiento de sus obligaciones, por 10 años”.
Vale la pena recordar que el Gobierno promovió la reforma tributaria (Ley de Inversión Social) con el objetivo de ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal, para la generación de empleo, y la cobertura del programa Ingreso Solidario, de 3 millones a 4,1 millones de hogares, con recursos por $2,9 billones en lo que resta de 2021 y $7,2 billones en 2022. Asimismo, la gratuidad en la matrícula de los estudiantes de educación superior vulnerables de estratos 1, 2 y 3, para el segundo semestre de 2021 y con continuidad en el 2022.
Sobre otros temas como el piso de protección social el Gobierno ha dicho que no es de su competencia derogarlo (pues fue un mandato legislativo). En todo caso, la Corte Constitucional decidió sobre el asunto, dando plazo para regularlo. Le puede interesar: El ajuste que la Corte Constitucional le hizo al Piso de Protección Social
“El gobierno pretende hacerle creer a la opinión pública que la renta básica y la matrícula cero están resueltas con la reforma tributaria. Nada más mentiroso. Se habla de matrícula cero universal pero no se destinan los recursos que puedan cubrirla y la renta básica de la que habla el gobierno no pasa de ser un aumento insuficiente en el llamado Ingreso Solidario”, dijo el Comité.
Asimismo, aseguran que exigen el “cese totalmente la política que de manera sistemática viene ejecutándose contra dirigentes, líderes y lideresas sociales que participaron en las jornadas de protesta adelantadas. Se reseñan, diariamente, la persecución y eliminación de ciudadanos en clara violación del derecho a la vida, los derechos humanos y demás derechos democráticos”.
Y concluyó: “Aunque, por voluntad de las comunidades, cesaron las protestas y los cierres totales de vías, el gobierno nacional no tramitó el pliego de emergencia, tampoco las garantías mínimas para el ejercicio de la protesta social pacífica y nada resolvió en las mesas regionales y sectoriales que se constituyeron”.