Este año la defensa del salario mínimo se sale de la mesa de negociación

Hablar en septiembre del incremento que tendrá el salario mínimo en 2023 puede parecer prematuro. Sin embargo, el panorama inflacionario de Colombia enciende las alarmas y lleva a que la discusión comience a analizarse desde ahora, pues hay previsiones que estiman que la carestía de los principales productos y servicios podría rondar el 11 % para finales del año, lo que devolvería al país a una situación que se vivió por última vez en abril de 1999, cuando la inflación fue del 11,17 %.

Hablar en septiembre del incremento que tendrá el salario mínimo en 2023 puede parecer prematuro. Sin embargo, el panorama inflacionario de Colombia enciende las alarmas y lleva a que la discusión comience a analizarse desde ahora, pues hay previsiones que estiman que la carestía de los principales productos y servicios podría rondar el 11 % para finales del año, lo que devolvería al país a una situación que se vivió por última vez en abril de 1999, cuando la inflación fue del 11,17 %.

Junto con la productividad, la inflación es parte de los principales indicadores que se analizan al momento de concertar el incremento del salario mínimo. La idea es devolver a los trabajadores la capacidad adquisitiva que han perdido por cuenta del incremento de los precios, es decir, y como lo explica el profesor de economía Isidro Álvarez, si a una persona le pagaban $100 el 1° de enero, y con eso se compraba un pan, al final del año, por el incremento del pan, esa persona habría perdido $11. Lo que se busca con el ajuste salarial es devolver esos $11 para que pueda comprar dicho producto.

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En los últimos años se ha buscado lo que se conoce como el “aumento real”, es decir, que los trabajadores que reciben el mínimo tengan un aumento por encima de la inflación. Por ejemplo, si la carestía cierra en un 11 % y se acuerda un incremento del 13 %, el aumento real habrá sido del 2 %. Aunque esto suena razonable en el papel, para el empresariado colombiano podría traducirse en un gran esfuerzo económico, lo que en algunos casos podría convertirse en una menor capacidad para la contratación de personal.

Entendiendo este contexto, en El Espectador hablamos con parte de los principales actores que tienen asiento en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales para conocer sus opiniones sobre qué tanto podría dificultar las negociaciones una inflación tan disparada.

Un problema que va más allá de la mesa

Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, el problema que plantea la inflación en la capacidad de gasto de los hogares colombianos no se soluciona con un incremento salarial, pues si el fenómeno continúa, al cabo de unos meses los trabajadores volverían a perder ese poder adquisitivo. De hecho, eso es lo que ha pasado este año, pues el incremento salarial del 10,07 % que obtuvieron ya fue opacado por el 10,84 % de inflación anual que se registró en agosto.

Atacar el problema de raíz implica abordar las divisiones del gasto que más están jalonando el incremento de la inflación. Según el DANE, en agosto el rubro que más presionó en esta materia fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4,33 puntos porcentuales.

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Según el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, defender la capacidad adquisitiva del salario mínimo implica reevaluar los convenios internacionales que ha hecho el país en las últimas décadas con su apertura económica y tratados de libre comercio. Pues con el alza del dólar se evidencia la carestía en todos esos alimentos e insumos que son importados. En su lugar, Colombia debería aumentar su producción agrícola y solucionar los problemas que presionan su dependencia importadora. “Si no se le pone rápidamente un remedio, las cosas van a ser muy complicadas”, detalla.

Para Maltés también es relevante atender el segundo rubro que más está jalonando la inflación, que es alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. “Sobre ese tema creemos que el Gobierno se debe comprometer a que los precios de los servicios públicos no se incrementen por encima de la inflación promedio, ese es un criterio que discutimos con el anterior gobierno y nunca quiso atenderlo”, asegura.

En suma, proteger la capacidad adquisitiva del salario mínimo es un asunto que este año podría salirse del resorte de la mesa de concertación de políticas salariales y laborales e implicar apuestas más gubernamentales que mitiguen la disparada carestía.

Serán unas complejas negociaciones

Por su parte, los representantes del empresariado colombiano con asiento en esta mesa consideran que la inflación dificultará las negociaciones. Según la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, un aumento desmesurado pondría en riesgo a esta parte del tejido empresarial, el cual genera cerca del 80 % del empleo en el país.

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Una inflación de dos dígitos ya podría implicar un “aumento desmesurado”, y más cuando desde las centrales obreras se pide desagregar el dato de la carestía que registran los sectores pobres y vulnerables (que son los que más dependen del salario mínimo), en donde el IPC en agosto superó el 12 %. Para el fiscal de la CUT, Fabio Arias, es interesante que desde sectores como Fedesarrollo ya se proponga un aumento de entre el 20 y 25 %, con el que se buscaría mitigar que la recuperación del valor adquisitivo sea absorbida por el comportamiento inflacionario que pueda tener 2023.

De cara a esto, Quintero propone que las negociaciones se fundamenten en las necesidades que apremien a los actores de la economía, es decir, una discusión objetiva en donde los trabajadores, pero también las empresas, salgan ganando.

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Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, considera que los empresarios en el país sí están en la capacidad de llegar a la mesa con una propuesta de aumento real (por encima de la inflación), siempre y cuando se reconozca el valor de la productividad y no se desborde “por el entusiasmo sindical”.

Ante este panorama, el trabajo objetivo y en equipo pareciera ser la fórmula acertada para atender los estragos que está haciendo la inflación en el bolsillo de los colombianos más pobres y vulnerables. Iniciativas que se salen de la mesa de concertación y que presionan al Gobierno para que, con políticas, aporte en la preservación de la capacidad adquisitiva.