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Este lunes se radicó la ponencia de la ley de financiamiento, que en la práctica es la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, una iniciativa con la cual el ejecutivo pretende conseguir recursos adicionales para el Presupuesto General de la Nación de 2025, a través de nuevos tributos para ciertas empresas y personas naturales.
Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara, informó que se buscará un recaudo máximo de $11,5 billones. “Radicamos la ponencia para la ley de financiamiento. Creemos que es importante dar el debate, dar la discusión. Mañana se citó a comisiones conjuntas de Senado y Cámara para hacer el anuncio de la ponencia y el miércoles se espera votar para saber si se aprueba o no en primer debate”, dijo.
De acuerdo con Velásquez, esperan un recaudo de entre $9 y $10 billones. “Esperamos el próximo año alcanzar $11,5 billones, porque el proyecto incluye unos beneficios tributarios que oscilan entre $2,5 y $3 billones. Además, se quitó el artículo que eliminaba el beneficio del IVA para los carros híbridos”.
Con miras a darle un mayor margen de acción a las finanzas públicas de cara al próximo año, el ejecutivo también plantea en este proyecto traer la regla fiscal de 2026 para 2025. Este proyecto de ley se compone de más de 40 artículos, varios de los cuales fueron discutidos el pasado jueves 21 de noviembre en el Congreso de la República, durante una audiencia pública que contó con la participación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, centros de pensamiento, directivos de empresas y líderes gremiales.
El debate y votación en las comisiones económicas arrancaría el miércoles, 11 de diciembre.
Una crítica recurrente que se le ha hecho al proyecto impulsado por el Gobierno es que llega en un momento inoportuno. Por ejemplo, Luis Fernando Mejía, director del centro de investigación económica y social Fedesarrollo, indicó que todavía el país está sintiendo los efectos de las dos reformas tributarias anteriores (una impulsada a principios del Gobierno Petro), las cuales “fueron muy duras con el aparato productivo y los hogares”.
El exministro Bonilla reconoció que el Gobierno busca recursos adicionales en los “resquicios” que deja el Estatuto Tributario, corriendo errores históricos en materia de tributación y “nivelando la mesa” en diferentes aspectos. Uno de ellos es la reducción en el impuesto de renta corporativa.
El exjefe de la cartera económica del Gobierno justificó que, si bien la flexibilización de la tasa nominal del impuesto de renta (que bajará a un 27,3 % si se aprueba la ley de financiamiento desde el 35 % en que se ubica hoy) tendrá costos fiscales, esta medida permitirá que las empresas hagan planeación tributaria y organicen su inversión.
Además, reiteró que la reducción en la tarifa será gradual, en un periodo de cinco años, y que el proyecto tiene en cuenta el tamaño de la empresa (pequeña, mediana o pequeña). “Es un error decir que Colombia tiene las tarifas corporativas más altas y no busquemos bajarlas”, indicó.
De acuerdo a lo dicho por el exministro, el costo fiscal de bajar el impuesto a la renta será neutro en 2025. “(La medida) Comienza a tener resultados en 2026, con un ahorro de $3 billones a las empresas y llegará a $8 billones en 2030.
Otro punto polémico dentro del articulado de la ley de financiamiento es la eliminación del régimen SIMPLE de tributación. El ministro Bonilla aseguró que este sistema, aunque tiene defensores, ha mostrado que no es eficiente e, incluso, permite la evasión.
“(El régimen SIMPLE) ha permitido que un número importante de personas naturales se haya trasladado a este régimen. Y entonces, una persona natural que no es asalariada, pero tiene ingresos mayores que los asalariados, termina pagando menos impuestos que un asalariado. Logrando una absoluta desigualdad tributaria”, señaló Bonilla.
Impuestos a las apuestas virtuales
El plato fuerte de la discusión de este jueves corrió por cuenta de la mayor carga tributaria que el proyecto de ley de financiamiento contempla para las plataformas virtuales de apuestas.
La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) criticó que el proyecto busca recaudar $2,1 billones de los recursos que se ponen en apuestas. Para el gremio, esta cifra es inconsistente, pues parte de los ingresos de las plataformas, es decir, dineros a los que se les descuentan costos de operación, impuestos, transferencias al sistema de salud y retornos en premios.
“La tecnología ha conducido a que los ciudadanos se trasladen a las apuestas en plataforma. Hoy las apuestas de plataformas no están gravadas y las físicas sí. Nos dicen (las empresas de apuestas virtuales) que se van a quebrar, y sus transacciones subieron de $16 a $32 billones en tres años. Mientras que las apuestas físicas declinan, las apuestas en plataformas aumentan y estos tienen costos de operación menores”, afirmó Ricardo Bonilla.
Según varios analistas, el Presupuesto General de la Nación (de $523 billones) está desfinanciado y lo estará aun más si no se aprueba la Ley de Financiamiento, una especie de reforma tributaria acotada a financiar el Presupuesto.
Este proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso en las próximas semanas y su importancia yace en que le aportaría $12 billones mediante una combinación de nuevos impuestos y otros ajustes a tributos ya existentes (lo que le conseguiría unos $6 billones al Gobierno), así como maniobras con el cupo de deuda (para adelantar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal, que aportaría los otros $6 billones, aproximadamente).
Sin embargo, la ley de financiamiento está en “cuidados intensivos”, como la han descrito algunos congresistas. Además de que las modificaciones de impuestos son impopulares, las tensiones políticas no han permitido mayores avances.
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