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Después de que la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad fiscal por la emergencia de Hidroituango, EPM (responsable máximo del proyecto) informó que conoció la decisión por medios de comunicación, pues a la fecha “no ha recibido comunicación oficial por parte de la Contraloría General de la República sobre dicha actuación”.
Según el órgano de control, la responsabilidad fiscal por la contingencia ocurrida en 2018 asciende a $4,3 billones. La tesis central es que una serie de desacuerdos, omisiones y malas decisiones condujeron todo el proyecto hacia el taponamiento del 28 de abril de ese año. La emergencia provocó, entre otras cosas, la evacuación de 25.000 personas, llegó a reducir en 80 % el caudal del Río Cauca y produjo grandes pérdidas económicas.
Para la Contraloría, además del lucro cesante, la responsabilidad fiscal se establece por las mayores inversiones en el proyecto, incluso desde antes de la contingencia de 2018. De hecho, las cifras de la entidad revelan que a junio de 2019 éstas excedían en 114.94 % el valor inicial, que en 2011 fue estimado en US$3.409 millones.
Para conocer más sobre el fallo de la Contraloría lea: Responsabilidad fiscal por Hidroituango asciende a $4,3 billlones: Contraloría
Al respecto, EPM informó que ha desarrollado estrategias “para enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del sentido del fallo y su contenido” y así mitigar los riesgos y blindar la continuidad de Hidroituango.
Frente al fallo de responsabilidad fiscal, Empresas Públicas de Medellín también dijo que su equipo técnico, jurídico y financiero estudiará las consecuencias que pueda tener sobre el desarrollo del proyecto, bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control.
Asimismo, recordó que las personas objeto de responsabilidad fiscal, después de ser notificadas formalmente, tendrán cinco días hábiles para interponer recursos de reposición y apelación, argumentando que “los efectos del fallo pueden suspenderse hasta cuando se resuelvan los recursos por la Contraloría General de la República”.
En caso de que se sostenga el fallo de primera instancia -señaló la empresa- “deberán tener una estructura adecuada y planeada que permita la continuidad, sin dilaciones, de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”. Por ahora, el comunicado emitido por EPM señala que monitorearán la decisión que tome la Contraloría una vez se resuelvan los recursos interpuestos.
El fallo es un hito en el caso y puede tener implicaciones políticas en un año preelectoral, teniendo en cuenta que entre los hallados como fiscalmente responsables se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia (2008-2011).
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En la lista de los hallados como fiscalmente responsables figuran 13 personas más y nueve empresas. En el caso de los tres políticos antioqueños, la Contraloría calificó su culpa como grave.
Fajardo reconoció que este es un “baldado de agua fría”, pero aseguró que tiene la tranquilidad de que su equipo actuó con transparencia.
“Tenemos que seguir agotando las instancias. Tenemos cinco días para presentar una reposición, es decir, procesar las más de 2.000 páginas en solo cinco días para argumentar por qué no estamos de acuerdo con la decisión. Luego el proceso irá directamente al contralor y sabremos una decisión definitiva, al menos en esta instancia”, publicó en redes sociales el exgobernador.
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