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Los ministros de Medioambiente de la Unión Europea (UE) empezaron hoy a debatir sobre la reducción a largo plazo de las emisiones contaminantes en la industria del automóvil, cuya contribución será esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en 2030 y para liberar la economía de CO2 en 2050.
"No hay descarbonización de la economía sin descarbonización del transporte", resumió la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su intervención en el consejo de ministros europeos celebrado en Luxemburgo sobre un sector responsable de en torno al 20 % del total de los gases de efecto invernadero.
Ribera señaló que España apoya la propuesta de la Comisión Europea (CE), que aboga por establecer límites más estrictos a las emisiones contaminantes de los vehículos en 2025 y 2030, porque serviría para enviar una "señal clara" a la industria.
La Comisión quiere que los fabricantes reduzcan las emisiones contaminantes un 15 % para 2025 respecto a los niveles de 2005 (hasta los 80 gramos de CO2 por kilómetro frente a los 95 actuales) y hasta 30 % en 2030 (hasta 66,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido).
La propuesta de partida de la CE también contempla multar a los fabricantes que no cumplan con los niveles acordados e incentivar el desarrollo de "vehículos limpios" eléctricos o híbridos, entendidos como aquellos que emiten entre 0 y 50 gramos de CO2 por kilómetro y que actualmente sólo representan el 1 % del parque móvil europeo.
Con el fraude de las emisiones de Volkswagen en 2015 como telón de fondo, la clave del debate reside en lograr modernizar el sector de vehículos lo suficientemente rápido como para respetar la senda de la transformación medioambiental sin perjudicar por ello a una industria que cuenta con unos 12 millones de trabajadores sólo en Europa.
Las posturas iniciales que dejaron entrever los países de la UE varían entre quienes exigen a la UE más ambición (como Italia, Finlandia y Dinamarca), los que se conforman con los planes de la CE (como España o Croacia) o los que creen que Bruselas es demasiado osada en sus planteamientos (como Hungría, República Checa, Rumanía o Eslovaquia).
"El sector de las empresas eléctricas creará empleo y la industria del automóvil podría perderlos. Hay que dar tiempo suficiente para conseguir la transformación del sector" y velar por las "inversiones y por formar a los trabajadores", defendió el eurocomisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.
El máximo responsable comunitario de la lucha contra el calentamiento global agregó que "la industria deberá estar en la vanguardia de la innovación y la tecnología", pero avisó de que "una transición demasiado rápida hacia vehículos eléctricos haría perder empleos".
Y subrayó la importancia de que, en paralelo al desarrollo de nuevos vehículos, se trabaje también para levantar una industria europea de baterías eléctricas porque si no "tendríamos una dependencia fuera de Europa".
Para que la nueva normativa comunitaria vea la luz, los Estados miembros y el Parlamento Europeo deberán fijar sus posiciones antes de que acabe el año y negociar el acuerdo final antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.
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También en materia de reducción de gases de efecto invernadero en el transporte, el consejo de ministros de la UE acordó un sistema inédito para medir e informar sobre las emisiones de CO2 de los camiones y vehículos pesados de manera armonizada.
Se espera que ese esquema contribuya a sentar las bases para reducir las emisiones de esos vehículos de gran tonelaje, a los que la Agencia Europea del Medioambiente atribuye el 18,8 % del total generado por el sector del transporte, que la UE quiere recortar en 2030 en total en un 20 % respecto a los niveles de 2008.