Fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por obras en Aerocafé
El monto asciende a $82.329 millones por obras realizadas por firmas constructoras de varias obras del aeropuerto del Café.
Un fallo con responsabilidad fiscal por $82.329 millones a título de culpa grave y de forma solidaria, profirió la Contraloría General de la República contra los constructores de varias obras del aeropuerto del Café. La acción involucra también a los interventores y supervisores de estas obras.
Advierte el informe de la entidad de control de las finanzas públicas que la decisión se tomó en vista de que las obras pueden estar propensas al colapso “y por su comprobada inestabilidad no serán utilizados para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto”.
Para más información: La fiduciaria Colpatria manejará los recursos de Aerocafé
Los recursos invertidos en los terraplenes 8 y 10 (obra de interventoría) corresponden a estructuras que no revisten utilidad ni cumplen la finalidad para lo cual fueron previstas, como era hacer parte funcional del Aeropuerto del Café, dice el fallo de primera instancia proferido por la contralora delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Sostiene el informe que el daño patrimonial se deriva de la inversión de recursos públicos del orden nacional en el marco del convenio celebrado entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Asociación Aeropuerto del Café (Aerocafé).
El fallo proferido con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, asciende a $82.329 millones y afecta a la firma Diconsultoría S.A., en su condición de integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2.
También involucra a Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT SAS como integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329 millones, a Jaime Alberto Llano García de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329.343.589, lo mismo que a Iván García de Angulo también integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329.343.589.
También está Provinco, en liquidación, del consorcio Palestina II y del consorcio PQM en cuantía indexada de $77.803 millones, lo mismo que Carlos Eduardo Quiroga Zapata también del consorcio Palestina II en una suma cercana a los $61.102 millones. En la decisión se encuentra relacionado Mario Mejía Restrepo en cuantía indexada de $77.803.373.124 y construcciones Mario Serna Flórez empresa unipersonal en cuantía indexada de $61.102.979.957, dice el informe de la entidad de control.
Otros involucrados mencionados en el informe son Quiroga García, en liquidación e integrante del Consorcio PQM, en cuantía indexada de $16.700 millones, Juan Alejandro Dávila, supervisor designado por AEROCAFÉ para los contratos de obra e interventoría 119 y 111 de 2009, en cuantía indexada de $14.490.553.564.
Aparecen también Diego Fernando Zuluaga y Julia Naranjo Renaud supervisores delegados por AEROCAFÉ para los contratos de obra 119 y 122 de 2009 e interventoría 111 y 116 de 2009, en una cuantía indexada cercana a los $70.000 millones.
Sostiene el informe de prensa de la Contraloría General que declaró como terceros civilmente responsables a las compañías Previsora, Allianz, Seguros del Estado y Segurexpo Colombia.
Los Consorcios DICO-IDT y DICO IDT2 no cumplieron en debida forma las obligaciones y responsabilidades a su cargo, y tuvieron participación en los hechos generadores de daño, destaca el fallo de la Contraloría. Ellos permitieron la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes 8 y 10 aunque los estudios y diseños con los cuales se adelantó su licitación y contratación presentaban deficiencias y contradicciones. Durante la etapa constructiva, modificaron los diseños de los terraplenes 8 y 10, tarea que les correspondía de acuerdo con los pliegos de condiciones, pero los diseños modificados no garantizaron la estabilidad de las citadas estructuras.
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Aclara el informe de prensa que contra este fallo proceden los recursos de reposición ante la Contraloría delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.
Un fallo con responsabilidad fiscal por $82.329 millones a título de culpa grave y de forma solidaria, profirió la Contraloría General de la República contra los constructores de varias obras del aeropuerto del Café. La acción involucra también a los interventores y supervisores de estas obras.
Advierte el informe de la entidad de control de las finanzas públicas que la decisión se tomó en vista de que las obras pueden estar propensas al colapso “y por su comprobada inestabilidad no serán utilizados para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto”.
Para más información: La fiduciaria Colpatria manejará los recursos de Aerocafé
Los recursos invertidos en los terraplenes 8 y 10 (obra de interventoría) corresponden a estructuras que no revisten utilidad ni cumplen la finalidad para lo cual fueron previstas, como era hacer parte funcional del Aeropuerto del Café, dice el fallo de primera instancia proferido por la contralora delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Sostiene el informe que el daño patrimonial se deriva de la inversión de recursos públicos del orden nacional en el marco del convenio celebrado entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Asociación Aeropuerto del Café (Aerocafé).
El fallo proferido con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, asciende a $82.329 millones y afecta a la firma Diconsultoría S.A., en su condición de integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2.
También involucra a Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT SAS como integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329 millones, a Jaime Alberto Llano García de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329.343.589, lo mismo que a Iván García de Angulo también integrante de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía indexada de $82.329.343.589.
También está Provinco, en liquidación, del consorcio Palestina II y del consorcio PQM en cuantía indexada de $77.803 millones, lo mismo que Carlos Eduardo Quiroga Zapata también del consorcio Palestina II en una suma cercana a los $61.102 millones. En la decisión se encuentra relacionado Mario Mejía Restrepo en cuantía indexada de $77.803.373.124 y construcciones Mario Serna Flórez empresa unipersonal en cuantía indexada de $61.102.979.957, dice el informe de la entidad de control.
Otros involucrados mencionados en el informe son Quiroga García, en liquidación e integrante del Consorcio PQM, en cuantía indexada de $16.700 millones, Juan Alejandro Dávila, supervisor designado por AEROCAFÉ para los contratos de obra e interventoría 119 y 111 de 2009, en cuantía indexada de $14.490.553.564.
Aparecen también Diego Fernando Zuluaga y Julia Naranjo Renaud supervisores delegados por AEROCAFÉ para los contratos de obra 119 y 122 de 2009 e interventoría 111 y 116 de 2009, en una cuantía indexada cercana a los $70.000 millones.
Sostiene el informe de prensa de la Contraloría General que declaró como terceros civilmente responsables a las compañías Previsora, Allianz, Seguros del Estado y Segurexpo Colombia.
Los Consorcios DICO-IDT y DICO IDT2 no cumplieron en debida forma las obligaciones y responsabilidades a su cargo, y tuvieron participación en los hechos generadores de daño, destaca el fallo de la Contraloría. Ellos permitieron la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes 8 y 10 aunque los estudios y diseños con los cuales se adelantó su licitación y contratación presentaban deficiencias y contradicciones. Durante la etapa constructiva, modificaron los diseños de los terraplenes 8 y 10, tarea que les correspondía de acuerdo con los pliegos de condiciones, pero los diseños modificados no garantizaron la estabilidad de las citadas estructuras.
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Aclara el informe de prensa que contra este fallo proceden los recursos de reposición ante la Contraloría delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.