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Los colombianos en todo el país habrán sentido que la temperatura está mucho más alta de lo habitual y que está lloviendo menos. Las altas temperaturas que venimos experimentado en las últimas semanas son el resultado del fenómeno El Niño, oficialmente declarado por el IDEAM a comienzos de noviembre del año pasado y que podría prolongarse hasta el segundo semestre de 2024.
El Niño ejerce una presión significativa sobre el servicio de energía, pues el 66 por ciento de la que se consume es producida por hidroeléctricas. Las hidroeléctricas dependen de la lluvia; por lo tanto, en períodos de sequía su capacidad de generación es baja, mientras que la demanda de los usuarios aumenta, especialmente en climas cálidos.
El fenómeno de El Niño supone un alza en las facturas de la luz, pero el bolsillo de los colombianos no aguanta más. En los últimos 18 meses, sin este fenómeno, las tarifas han aumentado más de 30 %. En algunas regiones como el Caribe, la situación ha llevado a un alto nivel de conflictividad que se han registrado algunos brotes de violencia.
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El Estado, a través de su función regulatoria, tiene la obligación de interceder para proteger a los usuarios de un aumento aún mayor. No podemos quedarnos de manos cruzadas porque en nuestro ejercicio de vigilancia hemos detectado una mala práctica recurrente por parte de algunas generadoras hídricas, práctica que se explica por la concentración del negocio de la energía en unas cuantas empresas.
Estas tienen un amplio poder, amparado por la regulación, en la definición del precio de la energía que venden en bolsa. La cosa funciona así: la mayoría de la energía que consumimos es generada a partir del agua. Este insumo no depende de factores externos como el gas o el carbón, sino de la lluvia. La Superservicios sabe con exactitud los costos de las generadoras térmicas, mientras que con las hidroeléctricas no es tan transparente el precio que le ponen al agua.
Cuando quieren ahorrar, por ejemplo, si estiman que se avecina una temporada seca, ofertan su energía a un precio alto con la intención de no despacharla. Pero el precio final, conocido como el marginador, con frecuencia lo acaba determinando la hidroeléctrica que pone en el mercado los kilovatios restantes para completar la demanda.
El marginador siempre es el precio más alto. Para ponerlo en términos simples, si la generadora que puso la energía restante para completar la demanda ofrece el kilovatio a 1.000 pesos, todas las demás despachan a ese precio, incluso las que había tasado su energía a 550 pesos. Es decir, la mayoría de las generadoras, hídricas o térmicas, terminan vendiendo a un precio superior a su oferta inicial. El método de bolsa premia la ineficiencia.
Hay un juego indeseado que resulta de la libertad que tienen las hidroeléctricas para definir los riesgos. Justifican sus precios altos con argumentos como una posible sequía o los efectos de algún conflicto internacional sobre el mercado de energía, pero saben que se los pagarán porque son necesarias para atender la demanda. El efecto de este juego sobre las tarifas puede ser más perverso durante el fenómeno de El Niño, pues las hidroeléctricas tienen más incentivos para vender la energía cara. En últimas, los precios de bolsa que pagan las comercializadoras de energía no resultan de la oferta y la demanda, sino de una decisión muchas veces arbitraria. No tenemos un mercado de energía competitivo.
En este momento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabaja en medidas regulatorias para ponerle techo al precio de bolsa. El techo apunta a prevenir posibles abusos de la posición dominante de las hidroeléctricas. Además, reduce la incertidumbre a la que están sometidos las comercializadoras de energía por las fluctuaciones de la bolsa, y alivia su caja.
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La regulación que se está considerando garantiza, por supuesto, que las generadoras térmicas recuperen sus costos de operación y aseguren una rentabilidad. Cuando los costos sean superiores al techo fijado, su remuneración reconocerá la diferencia y una ganancia adicional. En otras palabras, la medida evita que se sigan desbordando los precios sin poner en riesgo la recuperación de los costos de generación y las ganancias de las empresas.
La medida contribuirá a disminuir las tarifas. El techo será lo suficientemente alto para cubrir la mayor parte de los costos de generación de las térmicas, luego el sobrecosto que se pueda generar por restricciones no tendrá mayor impacto sobre la tarifa que pagan los usuarios. Además, el peso de las restricciones en la fórmula tarifaria de energía tiende a disminuir cuando el precio de bolsa es alto.
La medida tendrá un impacto positivo en cientos de miles de usuarios y usuarias en Colombia, pues hay un número importante de comercializadoras que no logran firmar contratos de largo plazo y se ven obligadas a comprar la mayoría de su energía en bolsa. Por ejemplo, en 2023 las principales comercializadoras del Huila, Caquetá, Putumayo, Casanare, Chocó y Quindío, que atienden a casi un millón de usuarios, tuvieron que comprar más de la mitad de la energía en bolsa.
La generación de energía es un negocio muy rentable. El año pasado estas empresas tuvieron utilidades por 7,43 billones de pesos. Tres generadores, Emgesa, Enel y EPM, se quedan con el 85 % de las utilidades. Algunas hidroeléctricas como Chivor, que llevan más de 46 años en operación, tienen ganancias superiores al medio billón pesos.
Entretanto, millones de ciudadanos en todo el país sufren mes a mes para pagar el recibo de la energía. Esto no es sostenible. Si el usuario no tiene capacidad de pago, el sistema se cae. Las empresas deben ceder un poco en sus ganancias para aliviar la situación de los usuarios, pues entregan un derecho, el servicio de energía, no una simple mercancía.
*Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
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